Del 2011, capitulo séptimo

El único país que superaba antes de fin de 2011 el nivel de la Argentina era Venezuela, con un riesgo de 1.200 puntos básicos, el riesgo brasileño era la quinta parte, apenas se ubico en 210 puntos, y el uruguayo estaba en 190 puntos. Ambos países, al igual que otros de la región, acceden en forma regular a los mercados de deuda, pagando tasas por debajo del 5% anual en dólares. En la primera parte de 2011, el ingreso de estos dólares financieros complementó el superávit comercial y ayudó a mantener el nivel de reservas, a pesar de los pagos de deuda que se efectuaron. Pero esto se cortó en la segunda parte del año, ante la imposibilidad de los potenciales emisores a conseguir fondeo externo. El riesgo país argentino es el que más subió entre los emergentes en 2011, nada menos que un 85%, hasta superar los 900 puntos básicos. Esto quiere decir que un bono argentino rinde 9 puntos porcentuales más que un bono norteamericano de similar duración. Lo que no significa nada bueno, pero es así porque responde a la lógica de cualquier instrumento financiero de estas características, normalmente llamado capital de riesgo debido a que al existir un riesgo más alto es igual de factible tanto ganar más dinero como perderlo. Por eso, la tarea de bajar el riesgo país este año será un tema clave para el nuevo ministro de Economía, no tanto por las necesidades de caja del Gobierno, sino para conseguir un mayor ingreso de divisas que permita aumentar el nivel de reservas internacionales.

La principal tarea que tiene por delante el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, es avanzar hacia una rebaja del riesgo país, de lo contrario, no sólo el Gobierno quedaría imposibilitado de conseguir dinero fresco en los mercados internacionales, sino que tampoco podrían hacerlo empresas, bancos ni Gobiernos provinciales. Luego deberá plantear y planear como volver a los mercados internacionales. Pero hay un problema que será su primer y más difícil escollo, para la Casa Rosada el tema no es grave y menos algo apremiante. Para este año ya está previsto acudir nuevamente a las reservas para cancelar parte de los vencimientos de deuda que se presentan. En total, se dijo que se utilizarán unos US$5.200 millones. Y lo que falta para cubrir las necesidades financieras se obtendrá a través de la colocación de deuda otra vez intrasector público, es decir, ANSES, AFIP, PAMI y otros organismos. Sin embargo, ni el sector privado ni las provincias tienen esta facilidad, es decir, no sólo no pueden acceder a las reservas del BCRA, sino que tampoco pueden efectuar colocaciones de deuda entre organismos, por lo tanto, la única alternativa que les queda para conseguir financiamiento de mediano y largo plazo es la emisión de deuda en el exterior.

Pero en la actualidad los mercados están directamente cerrados para emisiones de la Argentina, ya sea del Gobierno nacional o de otro tipo de emisores. El 2011 tuvo, en ese sentido, un comportamiento muy distinto entre el primer y el segundo semestre. En la primera parte del año accedieron al mercado Tarjeta Naranja, Banco Galicia y la provincia de Buenos Aires, entre los casos más destacados. Pero luego de mediados de año varias emisiones tuvieron que ser aplazadas sin nueva fecha. El caso más notorio fue el de YPF, que en julio había salido a buscar US$300 millones. El agravamiento del contexto internacional y la suba del riesgo país local impidieron efectuar esa emisión, en la que la petrolera procuraba una tasa inferior al 7% anual. También quedaron esperando su turno otras empresas, como Aeropuertos Argentina 2000, Pan American Energy y, entre los emisores subnacionales, la Ciudad de Buenos Aires. Varios optaron por conseguir dinero fresco en el mercado local, aunque las condiciones fueron muy distintas. Se trato de financiamiento en pesos y de corto plazo. El Gobierno porteño, que tiene buena reputación en los mercados porque no defaulteó ni siquiera en plena crisis de 2002, no pudo colocar deuda por US$500 millones a cinco años afuera y se conformó con el equivalente a US$85 millones a un año en el mercado local. En la lista son muchos los que quisieron seguir sus pasos, ante la evidencia de que las chances de colocar cualquier bono en el exterior hoy más que escasas, son imposibles.

Del 2011, capitulo sexto

Para que finalmente quedara demostrado que la Argentina no está, estuvo, o estará blindada ante una crisis internacional, y tampoco se encuentra descolgada del mundo, en la última cumbre de presidentes del Mercosur esa realidad quedo bien evidenciada. Brasil reconoció sus problemas algún tiempo antes de la cumbre y comenzó a enfrentarlos, con medidas bien articuladas. La decisión de subir el arancel externo común para importaciones provenientes de países que no integran el bloque intento llanamente, proteger producción y trabajo nacionales y preservar saldos comerciales. La medida fue acordada por los cuatro presidentes del mercado común, entre ellos, Cristina Kirchner. Varias naciones europeas al mismo tiempo ya manifestaban claros signos de recesión. Estados Unidos enfrentaba sus propios apremios fiscales y financieros. Con problemas entre otros, el de una peligrosa burbuja inmobiliaria y a los déficits provinciales, la locomotora china difícilmente repetiría, en 2012, las tasas de crecimiento del pasado más reciente.

En palabras más simples, ese escenario planteaba algo previsible, el proteccionismo y la disputa por los espacios comerciales, o sea, la búsqueda de mercados externos donde colocar bienes con demanda interna insuficiente. Complicada por la caída de sus exportaciones a EE.UU. y Europa, China procuro explotar todas las alternativas a mano. Y en más de un sentido, a eso apuntaba la decisión que firmaron los 4 países del Mercosur. Brasil conserva un superávit comercial robusto con el gigante asiático US$10.000 millones en 2011 y el intercambio bilateral supera al que mantiene con cualquier otro país, US$70.700 millones, contra 54.000 millones con Estados Unidos o 36.500 millones con la Argentina. El punto es que más del 90% de las compras brasileñas a China son bienes industrializados, que cada vez más desplazan producción nacional, electrónicos, procesadores de datos, motores, telefonía celular. La contracara muestra que el 80% de lo que le vende son productos primarios, mineral de hierro, soja y azúcar. Primarización de la economía, así se llama este desbalance. La relación con la Argentina es la misma, todos los bienes que llegan desde China son industrializados o de consumo y el 92% de lo que se le vende, productos primarios o con un básico valor agregado, soja y sus derivados, principalmente.

Cada uno de los 4 del Mercosur deberá seleccionar, un centenar de rubros a los que les subirán el arancel externo común. Y una vez que se conozcan los de la Argentina, será posible intuir si existe el riesgo de que aquello que se le frena a China sea reemplazado por producción brasileña. Brasil y China compiten claramente por el mercado local en neumáticos, lavarropas, calzado, textiles, muebles de madera e indumentaria. China por ejemplo barre con el mercado de los juguetes. Y por su parte Brasil, hace lo propio en cosechadoras, cocinas y celulares. En muchos casos, se trata de sectores en los que la producción argentina es insuficiente. Otro tanto pasa con insumos, equipos y bienes intermedios que tapan agujeros en las cadenas de producción, o sea, irreemplazables por más proteccionismo que se quiera aplicar. Y puede suceder, además, que aun cuando se le aumente el impuesto a las importaciones, en línea con la decisión del Mercosur, eso no alcance para neutralizar el made in China. Vista la magnitud y la composición del intercambio bilateral, no hace falta decir que lo mismo vale para Brasil.

Previsiblemente, el Gobierno buscará que las compras a Brasil no sustituyan a las chinas. Pero, se sabe, a menudo no basta con la voluntad, tiene que existir aquí con qué reemplazar aquello que llega de afuera. Nada casual es, entonces, que la Argentina haya acumulado ocho años consecutivos de déficit en el comercio con Brasil. Entre enero y noviembre pasado, el desequilibrio ascendió a US$5.377 millones, contra 4.088 millones de todo 2010. Este cuadro expresa diferencias estructurales, de escala y despliegue tecnológico, que se traducen en desniveles de competitividad. En una magnitud muchísimo mayor, otro tanto hay en la relación de los dos socios del Mercosur con China. Y eso no se resuelve con medidas transitorias. En lo doméstico, habrá más de lo mismo pero potenciado, a su manera y con veña oficial, Guillermo Moreno seguirá frenando el pago de importaciones y a las importaciones mismas, controlará operaciones cambiarias y andará detrás de todo bicho que camine. El objetivo es proteger actividad y trabajo, idéntico al que anima el acuerdo en el Mercosur. Pero si algo de eso existe, el verdadero motivo es uno que todo mundo conoce, preservar dólares escasos.

Del 2011, capítulo quinto

Aerolíneas Argentinas cumplió algunos días antes de que finalizara el mes de noviembre pasado 21 años ininterrumpidos en manos de capitales españoles. En noviembre de 1990, Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima fue adquirida por un consorcio liderado por su competidora española Iberia. Con el correr de los años los accionistas fueron cambiando e incluso Aerolíneas llegó a ser operada por American Airlines aunque por un breve período, en 1998. Pero el control accionario permaneció siempre en manos españolas. En octubre de 2001, por el valor simbólico de un dólar, Aerolíneas pasó a manos de la empresa de turismo española Marsans, que por aquel entonces era socia comercial de Iberia. Actualmente sus acciones siguen en manos de ese grupo, ya que el juicio de expropiación que en 2009 inició la Procuración del Tesoro sigue sin resolverse. Pero más allá de estas cuestiones, que tienen que ver exclusivamente con la justicia, desde julio de 2008 Aerolíneas es asunto de los argentinos; pero con todas las letras, nuestra aerolínea de bandera que todos hemos recuperado como patrimonio nacional según indicaban el ex Presidente Néstor Kirchner y su esposa la actual Presidenta. Lógicamente lo más importante es que también hemos recuperado el financiamiento de su creciente déficit, que al terminar el año mediante una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial se difundió la asignación de una nueva partida de $243 millones que, sumados a los $2.900 millones que ya había sido asignados a lo largo del año que paso, totalizaron la suma de unos $3.143 millones, destinados al funcionamiento tanto de Aerolíneas como de Austral entre el 1° de enero y el 23 de diciembre.

Medidos en dólares, esos subsidios equivalen a US$757 millones, lo que arroja una pérdida de dos millones de dólares por día para nuestra aerolínea de bandera. Esos US$757 millones no representan la totalidad del gasto de Aerolíneas Argentinas, sino la parte que no puede ser cubierta por sus ingresos. Como toda línea aérea, la caja de Aerolíneas se nutre básicamente de la venta de pasajes y de los ingresos por el transporte de carga. El último dato disponible respecto este tema fue aportado por su presidente, Mariano Recalde, en mayo pasado ante la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de las Privatizaciones. Allí Recalde aseguró que la facturación conjunta de Aerolíneas y Austral durante 2010 había ascendido a US$1.170 millones. Si los ingresos de 2011 hubieran terminado siendo similares a los de 2010, sumados a los subsidios por el equivalente a US$757 millones, Aerolíneas y Austral tendrían un gasto operativo, financiero e impositivo total, de más de US$1.900 millones por año. Aerolíneas realiza básicamente vuelos de cabotaje y regionales, con una flota supuestamente de poco más de 50 aeronaves entre las que el gobierno incluye los 20 aviones comprados a la Brasilera Embraer que aún no se han incorporado a la flota, no resta 3 MD 80 que están fuera de servicio y posee un total cercano a los 10.000 empleados. Por otra parte sin contar países de América Latina, los vuelos internacionales de Aerolíneas se limitan a las rutas a Miami, Madrid, Barcelona, Roma, Auckland y Sydney.

El Estado se hizo cargo de Aerolíneas en julio de 2008, cuando Marsans notificó que no disponía de fondos para pagar los sueldos del mes anterior. El ministro de Infraestructura, Julio De Vido, y el entonces secretario de Transportes, Ricardo Jaime, se apersonaron en el noveno piso del edificio de Bouchard al 500 y se hicieron cargo de las riendas de la compañía, y nombraron como gerente general a Julio Alak. A comienzos de 2009 comenzó el juicio para expropiar las acciones de la empresa aunque por ahora, siguen en manos de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, los dueños de Marsans, y lo más probable es que así terminará el juicio. A mediados de 2009 Alak fue nombrado ministro de Justicia y la gerencia general pasó a manos de Mariano Recalde, hijo del diputado Héctor Recalde y fundador de la agrupación juvenil La Cámpora. Recalde fue más tarde nombrado presidente del directorio de Aerolíneas y de Austral. En la exposición de mayo, la última que Recalde hizo ante la Bicameral, aunque fue nuevamente citado en noviembre y diciembre, pero finalmente no asistió en ninguna de las dos ocasiones, había dicho que en 2010 Aerolíneas había perdido US$486 millones. Pero la Asociación de Seguimiento del Presupuesto (ASAP), aseguro que Aerolíneas recibió en realidad US$689 millones, un 40% por encima de la estimación oficial. Para este año, Recalde había dicho que el déficit sería de US$387millones, alcanzo los US$757 millones. Es probable que se le hayan escapado algún par de millones por ahí, a cualquiera le puede pasar; ¿o no?

Del 2011, capítulo cuarto

En la foja 1479 del expediente Bento se limitó a ordenarle a la Gendarmería la colaboración para que ayudara a poner en funciones al interventor, Enrique Anzoize, mediante el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario. Entonces cuando Gendarmería Nacional entro en cablevisión por la fuerza, no cumplió un requisito inexcusable, para este tipo de operativos; el juez no había consignado en el expediente una orden escrita y fundada para hacer ese procedimiento. El cuestionamiento contra el juez Bento surge de varias denuncias presentadas por cablevisión y según parece ese horror en el proceder no fue el peor de los males. Este expediente que fuera tramitado originalmente en la provincia de Mendoza, es decir, no solo el juez Bento omitió librar la orden de allanamiento, sino que aparte era incompetente para ordenar un procedimiento en la Capital Federal, a pesar de que los hechos que denunció el Grupo Uno, de Daniel Vila y José Luis Manzano fueran tramitados en su juzgado. Casualmente este grupo acababa de recibir por parte del Gobierno varias licencias nuevas en las provincias de Salta y Córdoba.

Además, demás está decir por los videos que fueron públicos y hoy están en manos de la justicia, que Gendarmería habría obrado con abuso de autoridad y así fue denunciado por la empresa afectada. Alegando esos motivos, Cablevisión pidió recusaran al juez Bento y pidió que se investigue la intervención que el juez le dio a Gendarmería. La empresa operadora de cable, en su denuncia había solicitado que el fiscal Jorge Di Lello pidiera al magistrado mendocino que le permita certificar una copia del expediente. Detengámonos, aquí para hacer un análisis simple de lo sucedido; no se puede escapar a la vista de nadie por menos conocimientos que posea en lo que al código penal se refiere, que cualquier juez penal sabe que un allanamiento salvo casos de extrema urgencia, como ocurre cuando la policía oye gritos de auxilio dentro de una casa e ingresa en forma inmediata tiene que estar siempre precedido por una orden judicial escrita y fundada. En innumerables ocasiones, la Cámara de Casación y la Corte Suprema anularon procedimientos realizados sin esa garantía esencial ¿Por qué Bento obró como lo hizo y dictó una resolución que redundó en benefició del Grupo Uno-Supercanal?

Inclusive en su propio detrimento, ya que la justicia podría haberlo recusado y hasta haberle quitado sus fueros, pero nada de esto sucedió. No quedan dudas sin embargo, que el juez actuó en connivencia con Vila y Manzano, y por eso también se lo denunció por cohecho. Algunos datos merecerían ser profundizados. Bento y Manzano tienen un conocido en común, ni más ni menos que el asesor presidencial Juan Carlos Mazzón, que fue el segundo de Manzano cuando éste se desempeñaba como ministro del Interior durante el gobierno de Carlos Menem ¿Puede haber otro motivo? Tal vez, también pudo haber pesado el hecho de que el Consejo de la Magistratura, desestimó una denuncia contra Bento que había iniciado Nuevo Plaza Hotel Mendoza Ltda., con el patrocinio del abogado Nicolás Becerra. Este fue procurador general de la Nación y no sólo es un hombre de mucha confianza de Manzano, sino que también conoce al abogado que acompañó al interventor designado por Bento, Enrique Anzoize.

Bento se encontraba entre la espada y la pared, el Grupo Uno y el Gobierno tienen una estrecha relación. En efecto, el Gobierno no pretende aplicar sobre el Grupo Uno la ley de medios, a pesar de que excede los límites de la ley de medios que sí le quiere aplicar al grupo Clarín. Es más, una de las empresas de ese grupo mendocino, Supercanal, confiesa en su sitio oficial que explota servicios de cable en 170 ciudades, a pesar de que sólo tiene licencia para hacerlo en 59. En segundo lugar, Manzano visitó en su despacho, en noviembre último, a la presidenta Cristina Kirchner. Y, ese mes, la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (Afsca), cuando estaba todavía bajo el comando de Gabriel Mariotto, les dio al grupo y a sus allegados cuatro licencias nuevas. Veamos, la resolución 1670 de Afsca, del 9 de noviembre, le dio licencia a Fibra Hogar SA de la que son accionistas Alfredo Luis Vila Santander y Aníbal Gabriel Olarte para explotar televisión comunitaria en Rosario. Y Olarte también aparece en la resolución 1671 del organismo como titular de Valle Punilla Comunicaciones, que explotará ese servicio en La Falda.

Del 2011, tercera parte

Días después de haber sido liberado bajo fianza, el líder del gremio de los empleados bancarios Juan José Zanola realizó declaraciones en las aseguro que detrás de la causa judicial que lo investiga e involucra dentro de la llamada mafia de los medicamentos, y que lo llevó a la cárcel durante 25 meses, existía una mano negra. Aunque en un principio lo hizo sin dar nombres ni precisiones, minutos después de dar esa declaración, aseguró que parte del gobierno y de intereses financieros decidieron que fuera preso y apunto al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández como el responsable de que la justicia no lo dejara antes en libertad. En primer término, el titular de La Bancaria apuntó contra la actuación del juez federal Norberto Oyarbide y volvió a reiterar su inocencia en los cargos que se le imputan, tras la denuncia por el fallecimiento de un numero aun no conocido de afiliados a la obra social de los bancarios por consumo de medicamentos adulterados. No hay ninguna prueba de nada, absolutamente, dijo, han armado una causa con un expediente que contiene cantidad de folios y más folios, en los que a veces se repiten las mismas cosas.

Parece que Zanola entiende que esta fue la regla con la que se manejó el juez Oyarbide, procesándolo injustamente. Es decir, el es una víctima de la incompetencia que es de público conocimiento en los manejos del juez federal. Dijo también tener una opinión formada respecto del magistrado, pero que no la daría aun. Esto sostuvo Zanola en su primera exposición pública tras pagar los $700 mil para poder así dejar el penal de Ezeiza. Luego durante otra conferencia organizada en el Hotel Intercontinental, el dirigente gremial volvió a reiterar que hasta el momento no habían probado absolutamente nada en su contra y delató según su humilde criterio, muchas fallas en la pesquisa de los miles de troqueles falsos encontrados. Este acecino y ladrón de guante blanco, fue capaz de decir que si había muertos por medicamentos adulterados debería haber habido mínimamente exhumación de cadáveres, pero que como no las hubo él no podía tener certeza de esas muertes. Todo fue un montón de mentiras durante una campaña mediática, explico y aseguro tener libertad de conciencia al tiempo que expreso que no cargaría toda la culpa sobre el juez Oyarbide, porque según su opinión es solo un actor de reparto en esta historia.

Ahora parece estar preocupado por su buen nombre de honor, ya que sigue insistiendo en que no hay absolutamente ninguna prueba que lo incrimine como para haber tomado tamaña medida que no solo lo afectó sino que también afectó a su esposa, Paula Aballay y sobre todo afectó al Policlínico y a La Bancaria. Zanola también vinculó a un sindicalista exiliado dentro de La Bancaria, ahora en las filas de la oposición interna, Hugo Dessal, quien fue la primera persona en revelar las supuestas irregularidades con los medicamentos y según dice Dessal es el responsable de todo. El sindicalista aseguró que todavía retiene en su poder la conducción del gremio, cuestionó a los 19 gremialistas que firmaron una declaración desconociendo su cargo de secretario general y se mostró preocupado por la marcha de las paritarias para 2012. Al tiempo de hablar de sus opositores, expresó que los que quisieron hacerle daño no lo han logrado teniendo en cuenta que su lista gano las elecciones dentro del gremio.

Indicó su preocupación por el resultado de las paritarias y por lo que hará el gremio, aunque aclaró que no se entrometería en una negociación que él no encabezo, entendió que están obligados a terminarla ellos. Hay órdenes de valor que son prioritarias como defender a los afiliados antes que nada. Terminada la conferencia, Zanola dio una entrevista radial y volvió sobre sus denuncias contra el gobierno pero agregó que el haber sido consecuente pero no obsecuente le trajo estos problemas y se preguntó porque ahora ser dirigente gremial es sinónimo de delincuente. Personalmente me atrevo a responderle, su pregunta; ser sindicalista es sinónimo de delincuente desde hace muchísimos años en la Argentina, no es nada nuevo.

Del 2011, segunda parte

El Senado nacional aprobó en sólo diez días y en secciones maratónicas doce leyes prácticamente a libro cerrado, sin discusión o tratamiento alguno por parte de las comisiones creadas para tales efectos. Una vez conseguida la mayoría en las dos cámaras el gobierno nacional dispuso el tratamiento y la aprobación de un paquete entre el que se encuentran, por ejemplo el presupuesto 2012 y la controvertida ley antiterrorista. Otro de los proyectos convertidos en Ley fue el proyecto que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel para diarios y además se ratificó el marco que regula la norma. El proyecto enviado por el Ejecutivo obtuvo votos a favor aportados por el FpV y por sus aliados de Nuevo Encuentro y del Movimiento Popular Neuquino, entre otros. A través de la iniciativa, el Poder Ejecutivo proponía declarar de interés público la producción de pasta de celulosa y papel de diario, así como su distribución y comercialización, según el texto, el marco regulatorio tiene por objeto asegurar para la industria nacional la fabricación, comercialización y distribución regular y confiable de pasta celulosa para papel de diario, el cual será aplicable a personas físicas y jurídicas con domicilio en el país.

Exactamente lo mismo que decir, estatizar la producción de pasta de celulosa y papel de diario. En su envestida contra los llamados grupos concentrados de poder la administración nacional ha logrado su cometido, el proyecto oficial supuestamente tiene que ver con la democracia y contiene medidas vinculadas al derecho a la libertad de expresión y a la pluralidad de voces, y por otra parte la normativa busca garantizar a todos los medios de prensa, condiciones de igualdad en materia de precios y cantidad, el acceso al insumo básico que necesitan para hacer un diario como es el papel. Pero la realidad es otra, hoy existe en el país una sola empresa que fabrica la pasta de celulosa y papel para diarios, que es Papel Prensa S. A, empresa manejada mayoritariamente por Clarín y La Nación, que son los grupos concentrados de poder. No es casual que en uno de sus últimos artículos, el texto establece que la empresa Papel Prensa deberá operar a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel, algo que sucede hoy en día sólo que de esta manera el poder ejecutivo se asegura el absoluto control de la empresa. También la obligara a presentar cada tres años un plan de inversiones tendientes a satisfacer la demanda interna de papel de diarios.

Se establece la creación de una comisión bicameral de seguimiento de la fabricación, comercialización y distribución de la pasta de celulosa y papel, integrada por senadores y diputados de diferentes bloques. El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación de la norma, y tendrá a su cargo controlar el marco regulatorio. El gobierno así, según entiende, lleva adelante una política de democratización de los medios audiovisuales y de de accesibilidad e igualdad para todos los medios gráficos que tiene como finalidad una mayor equidad para que todos puedan publicar sus ideas. Desde la administración central dicen estar convencidos que se está a favor de la defensa de la libertad de expresión de todos los argentinos. Pero lo cierto es que si esa fuera la finalidad de esta sin razón, para proteger la libertad de expresión la mejor forma de hacerlo es no legislar sobre ella. Como el problema es solamente contra Papel Prensa expliquemos entonces un poco los números de empresa; el total producido por la empresa Papel Prensa S.A. se reparte de la siguiente manera, Clarín y La Nación los dos diarios con mayor tirada del país, utilizan el 71% para cubrir sus necesidades y el 29% restante se distribuye entre otros 168 medios.

Estos otros periódicos de todo el país no reciben un mayor porcentaje simplemente porque sus tiradas no lo necesitan, sin embargo el gobierno alega que no sólo deben pagar un precio 15% mayor sino que aparte deben importar para abastecerse. Si tenemos en cuenta el proteccionismo que a través del secretario de comercio exterior la Argentina ejerce respecto de las importaciones, es difícil creer el argumento que han utilizado. La prueba está en los dichos del ex jefe de gabinete Aníbal Fernández quien expreso que el proyecto oficial busca evitar la concentración económica, que tiene consecuencias serias en la sociedad y por eso es imperioso que sea controlado y ordenado por un Estado ordenador y participativo. Otra vez queda claro que este proyecto no estableció nunca un interés público sino uno gubernamental de silenciamiento y control, el proyecto del kirchnerismo vuelve a encerarse en la lógica de la pelea y en el avance sobre lo que hasta ahora era una actividad privada.

Del 2011

En varios artículos durante este mes, repasaremos los últimos hechos y los más relevantes del año que acaba de finalizar. En todos los casos, se tratara de actos de gobierno, el congreso, y situaciones de todo tipo en torno al cierre del año. En un acto realizado en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, segundo distrito electoral del conurbano bonaerense y utilizando como es habitual desde hace tiempo la cadena nacional, la presidente Cristina de Kirchner anunciaba que se elevaría el monto de los fondos administrados por la Administración Nacional de Seguridad Social, Anses, para dar créditos a los jubilados y pensionados. Aparte, anunciaba que para estos préstamos se limitarían las tasas de interés que cobran las entidades privadas que les prestan dinero. Quería de esa manera la Presidenta realizar un anuncio, precisamente en el lugar donde se estaba inaugurando una oficina de la propia Anses. Sabiéndola a la señora una enamorada de los anuncios sin sentido y que generalmente terminan siendo sólo anuncios que jamás se concretan, en esta oportunidad con todos sus recursos idiomáticos anunciaba su enorme deseo de ocuparse de un problema que afecta a algo más de 2 millones de personas.

En el ejercicio de su verborragia explicaba que se modificarían los códigos de descuentos de los jubilados, que usualmente tienen que pagar tasas de usura. Todo esto, lógicamente frente a las cámaras que transmitían por cadena nacional utilizando dinero público. Según reveló la jefa de Estado, cual si fuera el secreto mejor guardado, pero es información a la que quien lo desee puede acceder, existen 589 entidades habilitadas para otorgar préstamos, entre las que figuran cooperativas, asociaciones mutuales y sindicatos. Y en otro de los pasajes que más le atraen de sus épicos discursos comenzó a hablar de números, algo que la apasiona pero de lo que entiende nada. Nuevamente intentó explicar porcentajes, y montos prestados pero se le hizo difícil. En resumen lo que quiso explicar es simplemente que entre los meses de enero y junio de 2011, de un total de 85% de lo prestado lo otorgó solo 12% de esas entidades, y que el monto total de créditos otorgados alcanzo los $10.910 millones. Al tiempo que se propuso denunciar las tasas usureras con las que se aprovechan de los jubilados, Cristina aseguró que las entidades cobran hasta 122% de interés, mientras que las tasas promedio alcanzan el 70%.

Además anunció gloriosamente, que disponía a partir del día siguiente se destinasen por lo menos hasta un 20 por ciento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para los créditos. Desde todo punto de vista, algo ridículo entendiendo que dicha situación es una forma de desfinanciar la propia caja de aportes jubilatorios ya que eso es el Anses. Habló además, de la relación cuota – ingreso y fijó un monto máximo de afectación respecto del haber jubilatorio que no debería superar el 30 por ciento del mismo. La tasa que se reconozca para estos préstamos en la Anses solo puede ser hasta 5% más alto que lo que cobra el Banco Nación para el mismo crédito, y además el Costo Financiero Total (CFT) debe incluir el costo de la cuota social. Cristina explicó que hoy el CFT del Banco Nación para a 12 meses es de 22,93%, y en 24 meses es de 27,35% y de 30,80% para préstamos a 36 meses. Los privados solo podrán cobrar 5% por encima de estos.

En su humilde opinión la administración nacional cree en el crédito pero no acepta la usura institucionalizada. La medida entraría en vigencia con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia 246, que contiene los anuncios. La presidenta precisó que en homenaje al brillante economista y subsecretario de Comercio Exterior, Iván Heyn fallecido en Montevideo el decreto debería llevar su nombre. El titular ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, acompañó a la Presidenta durante el acto y el sostuvo que es una gran medida que pone fin a la situación de abuso que varias entidades crediticias efectuaban sobre uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, como son nuestros abuelos. A partir de ahora, no habrá posibilidad de que se aprovechen de los jubilados cuando solicitan un préstamo, porque el Gobierno establece reglas directas y claras, dijo Bossio, hace un mes y medio. Ahora, de los créditos todavía ni en la Anses ni en ninguna entidad pública o privada, se sabe nada.

La mafia de los medicamentos

En una resolución imposible de entender el sindicalista bancario Juan José Zanola quedó en libertad tras depositar la fianza de $700 mil en efectivo que le fijó el juez federal Norberto Oyarbide en la causa por la mafia de los medicamentos, luego de que la Cámara Federal dispusiera el cese de su prisión preventiva y la de su mujer ex directiva del Policlínico Bancario (POBA), Paula Aballay, y su segunda en el organismo, Susana Fionna, quienes pagaron una caución de $300 mil cada una, mientras el empresario Néstor Lorenzo dueño de la droguería San Javier seguirá detenido porque dice no contar con el dinero para la caución. El gremialista y las dos mujeres recuperaron la libertad desde el complejo carcelario federal de Ezeiza, donde estaban detenidos desde 2009 como procesados por la comercialización de remedios adulterados y defraudación al Estado, pero si hay algo más grave es que su libertad se da en el marco de una causa en la que han muerto seres humanos. Es imposible entender cómo hizo Zanola luego de haber sido embargados todos sus bienes para pagar más de $1 millón. Obviamente está claro que el dinero para su esposa y su colaboradora la Licenciada Fionna ha salido de su bolsillo. En un intento por explicarlo dijeron que la plata se recolectó entre familiares, amigos y gente del gremio.

La Cámara Federal les otorgó la libertad luego de anular la prórroga por un año de prisión que había ordenado Oyarbide, a quien criticaron por una deficiente técnica investigativa. El abogado de Zanola, Aballay y Fionna, Martín Bagalá, se presentó en el juzgado de Oyarbide, en los tribunales de Comodoro Py 2002 (Retiro), con la plata en efectivo, pero le pidieron que la deposite en el Banco ciudad y que luego presente los recibos para concretar las libertades. El letrado cumplió con el trámite, pero al volver se encontró con que el juez no estaba en su despacho sino que se encontraba en un almuerzo de fin de año con parte del personal del juzgado en un lugar cercano a los tribunales. Así, dos empleados le llevaron al juez los oficios para que los firme y determine desde donde iban a ser liberados los imputados. Los abogados de Zanola Bagalá y Rodríguez Menéndez, junto con la hija del sindicalista, Soledad, esperaban en la planta baja de Comodoro Py. Durante la espera, la hija de Zanola recibió una llamada de su padre desde la cárcel. Zanola estuvo preso desde el 30 de noviembre de 2009 y la Cámara Federal le otorgó la libertad junto con Aballay, Fionna, Lorenzo y Pérez Corradi que tiene pedido de extradición a Estados Unidos. Pérez Corradi recuperó la libertad esa misma noche, tras depositar una fianza de $100 mil, mientras que Lorenzo es el único que seguirá detenido ya que no cuenta con los $700 mil que Oyarbide le impuso de caución. Su abogada, Claudia Balbín, le pidió a la Cámara que le reduzca el monto de la fianza, lo que también analizaba hacer la defensa de Zanola, Aballay y Fionna, a pesar de que consiguieron el dinero.

Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah otorgaron las libertades luego de anular la decisión del juez de prorrogar las detenciones, en una resolución en la que lo criticaron por el rumbo de la investigación. La demora no surgió de la propia naturaleza de los hechos investigados sino de la deficiente técnica investigativa seguida en los actuados, donde una desmedida preocupación por abarcar un sinfín de eventos no necesariamente conexos ni contemporáneos llevó a una inevitable falta de profundización de aquellos otros aspectos que, en lo que aquí respecta, merecían prioritaria atención, dijeron los jueces. El tribunal había anulado a principio de noviembre las prisiones preventivas y le pidió a Oyarbide que las vuelva a justificar porque había dado una argumentación contradictoria que impedía evaluar debidamente su razonabilidad, ya que había dicho que existía riesgo de que entorpezcan la causa pero al mismo tiempo dio por cerrada su instrucción. Pero Oyarbide ratificó sus argumentos y la Cámara finalmente un mes más tarde anuló su decisión y ordenó las libertades. Estas personas están procesadas como integrantes de una asociación ilícita dedicada a la comercialización y suministro de medicamentos falsos y adulterados a pacientes de la obra social bancaria. También están imputados por 68 casos de defraudación al Estado con falsos troqueles que se presentaron y se cobraron por fármacos que nunca se entregaron. Más allá de la incompetencia en la investigación del juez Norberto Oyarbide, me pregunto, considerando los hechos por los cuales estos cuatro individuos hace dos años que se encuentran en prisión ¿es lógico que aparezcan otros tres magistrados más incompetentes aun, y les otorguen libertad bajo fianza luego de haber literalmente asesinado seres humanos?

La pelea con la CGT

La presidenta Cristina Kirchner había descartado cualquier negociación o acercamiento con el jefe de la central obrera, Hugo Moyano, luego de que éste renuncio a sus cargos en el PJ y lanzo fuertes reclamos gremiales en un tono belicoso, es por eso que aún cuando el camionero intente acercarse a la Presidente luego de conocerse su padecimiento, la relación entre el Gobierno con la conducción de la CGT continuará siendo de ruptura. Hace tiempo que Cristina Kirchner y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, hacen referencia a Moyano, aunque ambos evitan mencionarlo. Randazzo ha dicho que defender a los trabajadores es respaldar al gobierno que creó cinco millones de puestos de trabajo. La idea es ningunearlo, precisamente para bajarle el precio de las próximas paritarias 2012. Lo cierto es que el titular de la central obrera al menos por ahora no dará el brazo a torcer, así tal vez se explica porque la relación no tiene retorno y no hay negociación posible. Moyano está agotado para todo el Gobierno, dicen que está en la recta final de su gestión en la CGT. Sin embargo, el Gobierno no admitirá su injerencia y culpabilidad en el poder que con los años le han otorgado, habiendo sido el soldado más fiel hoy pretenden negarlo, y hacerlo a un lado.

Como siempre el gobierno actuará en el secretismo y dirá que la decisión es de la CGT. Pero Moyano volvió a demostrar su poder y en el estadio de Huracán si aún quedaban dudas cruzo una frontera de la que no hay vuelta atrás posible de la Presidenta. Moyano recordó el triunfo electoral y dijo que; no se confundan con el 54% de los votos, porque más del 50% fueron de los trabajadores y no de los niños bien. Los "niños bien", así se refiere Moyano a los militantes del ala juvenil La Cámpora que apadrinados por Cristina Kirchner, avanzaron posiciones en toda la administración nacional, el Congreso y las Legislaturas provinciales. De ellos hablaba cuando decía que el PJ es "una cáscara vacía" dominada por desconocidos y ya no por los trabajadores. La Presidenta lo tomó como una afrenta a su propio hijo, Máximo Kirchner, líder de la agrupación. Eso es lo que no pudo tolerar Cristina, ella le contestó en Mendoza a Moyano y dijo que rescataba la incorporación de jóvenes a la política, porque han sabido interpretar el proyecto y las demandas de la sociedad. Pero además de la dureza del discurso por el Día del Camionero, el reclamo de Moyano por la deuda de la Nación con las obras sociales sindicales de 12.000 o 15.000 millones de pesos, la Presidenta no le perdonará al jefe cegetista su alianza con viejos enemigos encarnizados del proyecto kirchnerista, como el gastronómico Luis Barrionuevo, titular de la CGT Azul y Blanca, y Gerónimo Venegas, jefe del sindicato de trabajadores rurales (Uatre).

Venegas despertó otra furia de la Presidenta con Moyano, los diputados moyanistas Omar Plaini y Facundo Moyano hijo del jefe de la CGT le restaron apoyo a la sanción del proyecto del estatuto del peón rural que aprobó todo el kirchnerismo. El proyecto perjudica al sindicato de Venegas ya que le quita un fondo de $150 millones. Y los dirigentes sindicales temen que Cristina y La Cámpora repliquen ese modelo con el resto de los sindicatos, especialmente con el de camioneros, algo que ahora no descartan en la Casa Rosada. De hecho, creen posible que el Gobierno estatice parte o todos los fondos de las obras sociales sindicales, unos $38.000 millones al año. Eso no podría ocurrir, porque para hacerlo habría que modificar la ley. En Mendoza, donde estuvo inaugurando bodegas, Cristina Kirchner lanzó otro dardo a Venegas, Plaíni, Recalde, Moyano y su hijo. Los jóvenes tienen que entender por qué proscribieron a Juan Domingo Perón, dijo y explico, cuando él era secretario de Trabajo, se sancionó el Estatuto del Peón Rural, es decir, culpó a la CGT de restarle apoyo a una vieja bandera de Peronista. Ella había recordado en su asunción que Perón no tenía derecho de huelga y que ella lo respetaba aunque no así el chantaje y la extorsión. Además, la Presidenta le avisó a Moyano que la sintonía fina va a ser para todos, refiriéndose al ajuste fiscal y de salarios que atemoriza la CGT, que ya prepara la resistencia.

Tras enfrentar al Gobierno Hugo Moyano recibió en su despacho de la CGT al líder de los trabajadores rurales, Gerónimo Venegas, los dirigentes conversaron sobre la unificación del sindicalismo, el encuentro que se intentó mantener en secreto, abre las negociaciones frente a la próxima elección de autoridades de la CGT, prevista para junio de 2012. Así, Venegas regresa a la central tras su alejamiento para apoyar a Eduardo Duhalde. El problema radica en que el poder que ostenta el camionero, se le entregó el mismo gobierno que hoy intenta quitárselo y lamentablemente, es tarde. Su poder le permitirá junto con sus aliados literalmente parar el país, y no hay duda de que lo hará si desde la administración central no recapacitan. Como siempre en el medio estamos todos los ciudadanos que pagamos religiosamente nuestros impuestos.

Un año atrás

Hace ya más de un año que la Presidenta de la Nación veto la ley que garantizaba el derecho constitucional de todos los jubilados a cobrar el 82% con movilidad, del salario mínimo. Respecto de este salario, se calcula la variación del eterno 82%. Aníbal Fernández, advertía que de ser necesario llegar al veto, se vetaría para proteger y cuidar los fondos de la Nación. Además, su amplia experiencia en materia legislativa y económica, lo llevo a considerar que era de imposible cumplimiento la iniciativa aprobada primero en la Cámara de Diputados. Inclusive no sólo Aníbal Fernández, fue quien realizó comentarios de este tenor sino que la Presidenta Cristina Kirchner también había advertido, claro que de forma más apocalíptica, que si la ley se aprobaba en tres meses la Argentina se encaminaba directo al default. Textualmente la jefa de estado expresaba que si se aprobaban los proyectos que presentan los bloques opositores en tres meses entrabamos en default. E inclusive en un acto en la Casa Rosada la Presidenta exigió a los opositores, haciendo referencia al proyecto que explicaran de una vez cuál era el modelo de país que querían, ya que eran necesarios proyectos sustentables, viables, y que no alteraran el superávit fiscal.

Lo cierto es que la presidenta Cristina Kirchner en parte, y sólo en parte tenía razón, los proyectos de la oposición respecto de la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y del aumento de las jubilaciones no iban de la mano, lo que no significaba, que el país caería en default en tres meses. Implementar el 82% móvil le significaba al estado alrededor de $30.000 millones por año, pero sumados a esto eliminar el total de las retenciones verdaderamente podía llegar a complicar las cuentas del estado. Entonces Cristina condenó el proyecto del 82% móvil de las jubilaciones mínimas y lo veto. De acuerdo al proyecto, el haber jubilatorio mínimo pasaría de $1.046 a $1.427, en línea con el salario mínimo de los trabajadores en actividad. También se modificaría el índice de actualización semestral y se incrementarían las jubilaciones que habían quedado congelados entre 1991 y 1995, y entre 2002 y 2006, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Suprema en el caso Badaro. Pero para completarla, menos de un mes después se establecía un límite anual al pago de deudas previsionales aún con sentencias no sólo en firme, sino que aparte favorables. Los argumentos esgrimidos en aquel entonces por el Poder Ejecutivo Nacional, intentaban demostrar la irresponsabilidad del arco opositor al haber sancionado una ley que según explicaban ponía en jaque la estructura financiera del estado. Luego de un tiempo prudencial estamos en condiciones de afirmar que la Presidenta y el entonces Ministro de Economía, mentían.

Los fondos de la ANSES hoy son una gran caja política que le permite al ejecutivo financiar obras como ATUCHA II o planes de viviendas en provincias y municipios sosteniendo así el modelo de voluntades políticas. Creo que está bien que se construyan viviendas para los más necesitados pero para ello el Ministerio de Planificación cuenta con un presupuesto propio, por lo que también creo que no deberían seguir pensando que los fondos de la ANSES son útiles para todo servicio, como por ejemplo, porque el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES oficia como sostenedor de bonos Discount por un total de más de US$2000 millones para tapar problemas fiscales. Más aun, de esa caja salen los fondos para pagar la publicidad oficial del Fútbol Para Todos. Esa si es una política prioritaria para un gobierno populista que fortalece los objetivos publicitarios necesarios para sostener el modelo. Lo hace mediante un relato desmedido y falso en cuanto a resultados pero en la pantalla televisiva, propaganda pura. Cuesta entender por qué, para el gobierno, mejorar los ingresos de nuestros mayores con una mejor remuneración utilizando fondos de la ANSES, pone en peligro de quiebra a esta institución y usar los mismos para obras e inversiones financieras que nada tienen que ver con el sector previsional, no.

Y si tenemos en cuenta la inflación real, hace más necesario que el estado atienda la grave realidad de los haberes jubilatorios. El haber jubilatorio medio se encuentra hoy apenas rondando 40% del haber mínimo del sector activo y la jubilación mínima no alcanza si quiera a cubrir el 50% de la canasta familiar. Así es, el bolsillo de un jubilado muestra una realidad que no se puede esconder con publicidad. Tal vez para impedir que en el futuro halla que lamentase de ver vaciadas las arcas previsionales, el Congreso nacional debería sancionar nuevamente la ley del 82% móvil, y de esa manera garantizarnos que ni éste ni futuros gobiernos puedan echar mano a los fondos que, en definitiva, se recaudan y existen para garantizarles a nuestros mayores una vida digna.

Índice Congreso

Durante la ante última presentación del año, que al igual que las presentaciones anteriores, se realizo en conferencia de prensa en el edificio del anexo de la Cámara de Diputados, los legisladores denunciaron que el Gobierno sigue ocultando la inflación real y advirtieron las consecuencias de no reconocer y enfrentar el problema. Según el denominado índice Congreso que elaboran consultoras privadas y es difundido por legisladores de distintos bloques de la oposición la inflación de noviembre se ubicó en 1,44%. De acuerdo con este indicador, la suba de precios acumulada en los primeros once meses del año trepa a 22,63%, indicaron los legisladores. Casi al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer los datos oficiales, que reflejan un índice de precios al consumidor (IPC) que registró en noviembre la menor suba de los últimos 30 meses. La variación del 0,59% equivale, en realidad, a menos de la mitad de lo que estiman las consultoras privadas. Pese a las enormes diferencias entre los datos oficiales y los alternativos, en ambos casos se ha registrado una desaceleración en los últimos dos meses. Se combinan allí cuestiones estacionales con ciertos signos de menor dinamismo en el consumo de ciertos sectores. Los datos del indec muestran que en términos interanuales la inflación se ubica en el 9,5%, un nivel que no se alcanzaba desde febrero de 2010. Para el gobierno el rubro que más empujó al alza al IPC en noviembre fue el de indumentaria, con 1,3%, mientras que en la otra punta se ubicaron los bienes y servicios de esparcimiento y de educación, con aumentos de sólo el 0,2%.

En tanto, alimentos y bebidas el rubro con más peso en la ponderación del IPC subió 0,7%, empujado especialmente por los incrementos en verduras (2,6%) y frutas (2%), productos fuertemente influenciados por factores estacionales. Pese a la desaceleración que Estado y privados registraron en octubre y noviembre sobre todo en comparación al tercer trimestre, con subas más marcadas, muchos esperan que en diciembre la inflación vuelva a pegar un salto, como es habitual en el último mes de cada año. Aquí influirán las subas del taxi en el rubro transportes, de la carne en alimentos y bebidas y de los servicios turísticos en esparcimiento. La presentación en diputados en esta oportunidad estuvo a cargo de Patricia Bullrich (Unión por Todos), Paula Bertol (PRO), Ricardo Buryaile (UCR) y Eduardo Amadeo y Enrique Thomas (Peronismo Federal). Principalmente, lo que sucede es que la economía no está creando empleo, y la consecuencia de la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del salario. Los números del Indec continúan muy lejos de la realidad, y los diputados aseguraron que insistirán dando a conocer el índice de las consultoras privadas, similar al de los institutos de estadísticas provinciales, para que quede claro que la inflación afecta a los más pobres. La inflación continúa comiéndose el dólar competitivo de la primera etapa del kirchnerismo y eso se ve reflejado por ejemplo en la fuga de capitales, esto significa menos inversiones y menos trabajo para los argentinos. El Indec informó además que la canasta básica alimentaria para una familia tipo asciende a $627,32, o un 0,8% más que durante el mes de octubre. Eso significa que con sólo $21 por día ese hogar de cuatro personas debería poder alimentarse y no caer en la indigencia. Para no ser pobres, según el Indec, alcanzará con que esa misma familia logre ingresos por $1385,90.

Fútbol para todos modelo 2012

En un principio, la Casa Rosada se negó a poner un billete más esgrimiendo como argumento que había que esperar a la reasunción de Cristina Fernández y a que el Congreso promulgara la ley de emergencia económica. Es decir, hasta 2012 no habría una sola moneda de incremento. Sin embargo, los tiempos se adelantaron y en una de sus últimas decisiones al frente de la Jefatura de Gabinete, Aníbal Fernández autorizó destinar $225 millones más por las transmisiones del Fútbol para Todos. Así Don Julio Grondona garantizó ante algunos presidentes del fútbol argentino que la AFA recibiría más dinero del Gobierno por los derechos televisivos. El viejo y nefasto dirigente ya había ido a la Casa Rosada a reclamar lo que, consideraba suyo, unos $331 millones de incremento sobre el canon que el Gobierno paga para transmitir los partidos, y que estaban estipulados en el contrato asociativo firmado en agosto de 2009 con la Jefatura de Gabinete. Fernández sólo estampó su firma a lo que negoció Carlos Zannini, el secretario legal y técnico de la Presidencia. En medio de las charlas, desde el Gobierno se intento ponerle un número al reclamo de la AFA de $200 millones. Pero desde su cede en Viamonte al 1300 Don Julio les recordó que la transmisión del torneo local le sale gratis al Estado.

Entonces no hubo más lugar para negociaciones cerrando la historia en la módica suma de $225 millones. Pero, a cambio la AFA debió ceder y dejar por escrito un supuesto compromiso. Esto es, ahora en teoría la AFA cobrará el ajuste en nueve cuotas de $25 millones mes a mes y no al contado cómo se había pactado originalmente, los directivos de la AFA también se comprometieron a vigilar las cuentas de los clubes, y firmaron que las entidades deberán cumplir el presupuesto anual, bajo apercibimiento de pérdida de categoría. Resulta extraño entender que cualquiera de estas condiciones que puedan ser cumplidas, sólo tomando como ejemplo que, Grondona es un férreo defensor del concepto de que los puntos se ganan en la cancha. Partiendo de esa base, parece difícil que el viejo dirigente puede haber accedido a castigar con un descenso a los incumplidores. La misma AFA que ahora resalta su convencimiento de que los clubes deben ser controlados recibe desde hace varios años informes trimestrales sobre el estado de sus economías, además los tesoreros de todas las instituciones recibieron una llamada desde el edificio de la calle Viamonte y del otro lado del teléfono les requirieron más información. Ahora deben llenar aparte una planilla de cálculos con el detalle de los recursos que ingresaron y el dinero que gastaron.

Los $1121 millones que suman los pasivos de los clubes, de acuerdo con los balances de la temporada 2009/10, llaman por lo menos a la reflexión, es decir, desde la AFA no controlaron los datos que recibieron y los clubes mintieron a la hora de informar sus números. La buena letra con la que deberá cumplir la AFA se tradujo en otra cláusula, la entidad abrió la puerta para que con sus libros contables y los de los clubes se realicen las auditorías que resulten necesarias. El proyecto que tomó forma en enero de este año y quedó cajoneado, para que las consultoras contables Ernst & Young, KPMG, Price Waterhouse y Deloitte sean las encargadas de certificar que los clubes hacen bien las cuentas y no mienten en sus balances parece haber reflotado ya que ahora son $825 millones los que la jefatura de gabinete pagará para televisar los partidos de primera y de la b nacional. Recordemos que todo comenzó con un contrato de $600 millones, cuyo número final alcanzó más de $900 millones sólo en el primer año. El ajuste del convenio del Fútbol para Todos se regía por el aumento en el VBR valor básico de referencia del abono de cable.

En los próximos meses, Gobierno y AFA acordarán otro índice, quieren atar el contrato a la inflación del Indec, pero en la AFA no están convencidos. La publicidad privada permanece vedada al Fútbol para Todos desde febrero de 2011, por orden de Néstor Kirchner. Sin embargo, y en virtud de que hasta ahora el programa que estatizó las transmisiones sólo sumó pérdidas económicas, la decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial establece cambios y en los próximos 45 días, AFA y Gobierno evaluarán la manera de mejorar el formato de los campeonatos se deja abierto el pasaje de los torneos cortos a los largos, y al aumento en el número de equipos, la producción, la televisación y la distribución de los partidos, siendo su objetivo mejorar la exposición y conseguir nuevos recursos que permitan cumplir con el carácter asociativo del contrato y volcar fondos adicionales al fútbol y recursos al gobierno nacional. Así, el nuevo marco legal blanquea, de alguna manera, el déficit del Fútbol para Todos y propone alternativas de financiación.

El nuevo Gabinete

Una imprevista conferencia en Casa Rosada, termino con todas las especulaciones y todas las dudas, el vocero presidencial Alfredo Scocimarro leyó la integración del equipo ministerial. Cristina Fernández priorizó iniciar un nuevo mandato con continuidad ya que finalmente dispuso sólo tres cambios de funcionarios y ratificó al resto del actual gabinete. Estas actitudes que la muestran más como una adolescente caprichosa que como una primera mandataria, son las que en parte definen la personalidad de la reelecta Presidenta de la nación. El nuevo, viejo, gabinete de Cristina Kirchner quedó así oficializado luego de esta inesperada conferencia de prensa donde se anunció la nómina que juraría con la Presidente al día siguiente. Sólo se cubrieron los tres cargos que quedaron libres por la obligada salida de funcionarios con nuevos destinos. El ex secretario de Comunicación Pública, Juan Manuel Abal Medina, ocupa el cargo que dejó el actual senador Aníbal Fernández en la Jefatura de Gabinete. El ex secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, reemplazo a Amado Boudou en el Ministerio de Economía, y el subsecretario de Pesca, Norberto Yahuar, asumió el lugar de Julián Domínguez en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que asumió la presidencia de la Cámara de Diputados.

Sin cambios, la nómina ministerial se completa de la siguiente manera, Florencio Randazzo (Interior); Arturo Puricelli (Defensa), Julio De Vido (Planificación Federal); Julio Alak (Justicia), Alberto Sileoni (Educación); Lino Barañao (Ciencia y Tecnología), Carlos Tomada (Trabajo), Juan Manzur (Salud) y Alicia Kirchner (Desarollo Social), iniciando de esta manera su noveno año al frente de esta cartera. También seguirán en sus cargos Débora Giorgi (Industria), Enrique Meyer (Turismo), Nilda Garré (Seguridad) y Héctor Timerman (Relaciones Exteriores) y los secretarios Carlos Zannini (Legal y Técnico), Héctor Icazuriaga (Secretaria de Inteligencia), Jorge Coscia (Cultura) y Oscar Parrilli (Presidencia). Además, se confirmó que Mercedes Marcó del Pont continuará al frente del Banco Central y Juan Carlos Fábrega como titular del Banco Nación, mientras que en la ANSeS también seguirá Diego Bossio. Se confirmó también que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sumará más funciones y más poder a su gestión, y el titular de la AFIP, continuará siendo Ricardo Echegaray. A priori, sólo había tres casilleros con cambios obligados, Amado Boudou el Vicepresidente, Aníbal Fernández y Julián Domínguez que ya habían tomado posesión de sus bancas en el Congreso, pero se esperaban algunos cambios más de funcionarios, que finalmente no se concretaron. En ese contexto, Cristina Kirchner no sólo decidió el mínimo posible de enroques, sino que además mantuvo los actuales ministerios sin disponer la fusión ni el desdoblamiento de ninguno de ellos, como se había especulado. El elegido de la cartera económica, Hernán Lorenzino, abrió el miércoles siguiente a su jura un seminario internacional sobre deuda.

El sucesor de Amado Boudou señaló que Argentina atravesó una restructuración de deuda soberana sin precedentes con una importante participación del sector privado y atendiendo intereses en juego, demostrando que se llega a resultados satisfactorios para la gente y los distintos involucrados en este tipo de procesos. El ex secretario de Finanzas elegido por la Presidente Lorenzino, le ganó la pulseada a Mercedes Marcó del Pont y Juan Carlos Fábrega, que entre seguirán al frente de las entidades que encabezan. La ratificación de Mercedes Marcó del Pont al frente del BCRA es otro de los datos que despejó todas las incertidumbres respecto a la conformación del Gabinete presidencial. La confirmación de la funcionaria y la continuidad también de los principales funcionarios del equipo económico actual hacen prever que se mantendrá el esquema de flotación administrada del tipo de cambio. Es de esperar que el Central centre su accionar en que no se produzcan fluctuaciones bruscas en el tipo de cambio. Por otro lado, el desafío será sin duda la posibilidad de lograr una mayor participación del sector privado en el financiamiento al sector productivo y reducir el costo del mismo, objetivo en el cual el nivel de inflación jugará un papel determinante.

El parate del consumo

Hay un motor que mueve la rueda de la economía argentina y que en los últimos años funcionó como el más afinado, y propulsó un buen ritmo de crecimiento. El consumo, si, que en 2003 explicaba 66% del crecimiento del producto bruto interno y actualmente es responsable de 72,4% de ese indicador. Pero ha comenzado a fallar y se hace evidente que ya no podrá sostener el vertiginoso crecimiento. En lo que va de 2011 subió 8,2%, y se estima que el año próximo deberá hacerlo a menos de la mitad de esa velocidad, justo en este momento cuando la presidenta Cristina Kirchner, insiste en mantener el pilar del modelo kirchnerista. Inclusive pidió a los empresarios que ajusten sus costos para no complicar el consumo, pero en estos tiempos en que las condiciones ya no son las mismas que en el pasado reciente, ¿se puede exigir aún más de este motor? La respuesta es simple, la posibilidad de impulsar el consumo al ritmo de los últimos años, con una tasa de interés de la mitad de la inflación, sencillamente no está más. Aunque el consumo pueda seguir creciendo, lo hará a ritmo bastante más lento, tal vez a una tasa de 3,5% para 2012. Existe una diferencia entre bienes durables, más sensibles al ciclo económico, y los no durables. Los primeros exhibirán una desaceleración, pero los otros no ya que hasta ahora hubo dos anclas para sostener una política de consumo febril y una economía con tasas de crecimiento de 8% anual.

El tipo de cambio fijo, y los subsidios que plancharon las tarifas de los servicios públicos. Las dos ya dieron señales de agotamiento, la fuga récord de divisas que llevó a imponer controles cambiarios, y el recorte de los subsidios que muestra la incapacidad para seguir financiarlos. A mediados de este año utilizando la base de datos oficiales del Indec, mostraba un país en el que el crédito en cuotas con tarjetas crecía 24% anual, el patentamiento de automóviles 26%, las ventas en supermercados, 3%, y la facturación en shoppings, 9%. La imagen que se prevé para 2012 es otra, lo más probable sería una desaceleración del PBI y del consumo, debido a un peor contexto externo, a un ajuste fiscal procíclico vía aumento de tarifas, y una tasa de interés menos negativa en términos reales. Si bien los recortes a los subsidios son por ahora más anuncios que otra cosa, cualquier rebaja afectará el consumo, porque impacta en los ingresos de los usuarios, que destinarán a gas, electricidad y transporte parte de lo que volcaban a sus compras. ¿Se puede evitar ese costo?, es imposible si la quita es de golpe, pero si se hubiera instrumentado gradualmente se la hubiese podido compensar con racionalidad fiscal, tipo de cambio que se mueva poco y un menor gasto público. Lo que está claro es que, fomentar el consumo en un escenario como el actual, tendrá como consecuencia más inflación, porque la demanda no hallará, al menos a corto plazo, una oferta que pueda satisfacerla y porque a diferencia del 2003, ya no queda capacidad ociosa en las fábricas.

En este contexto, fomentar mucho crecimiento del gasto interno, del que fuere, redundara en suba de precios. La encrucijada para la Presidenta, que pide que se consuma más, aunque toma medidas que recortan la capacidad de compra, es que si se corta el consumo, automáticamente se cae todo el sistema que sustentó el crecimiento. Por ejemplo, una de las cajas que se resentiría sería la de los fideicomisos, que se alimentan del boom del consumo. Las principales casas de electrodomésticos del país, los grandes jugadores del mercado de créditos de consumo han usado este instrumento para financiarse. Se trata de todo un andamiaje que puede sufrir, si se agudizan las variables que recortan el consumo, como, por ejemplo, el aumento de las tasas de interés, al que apelarán los bancos para evitar que los clientes dolaricen sus carteras. Con rendimientos más altos por tener su dinero en depósitos bancarios, la gente consumirá menos y ahorrará más. La tasa Badlar, referencia para depósitos superiores a $1 millón, ya escaló del 11 al 19% este año. La suba de la tasa en pesos hace pensar que difícilmente vuelvan las financiaciones a 24 y 36 meses, que hubo hasta hace poco. Las promociones conjuntas entre bancos e hipermercados o cadenas de electrodomésticos no ven expectativas, en las condiciones actuales, de que vuelvan los plazos más largos.

Por el lado de los salarios no se vislumbran buenas perspectivas, ya que se estima que el año próximo aumentarán en promedio 18%, seis puntos por debajo de 2011. Si ante este freno a los ingresos igual se insiste en el consumo sin pagar con inflación, lo que aumentarán serán las importaciones. No parece buen momento para una suba de las compras al exterior, justo en tiempos cuando la cuenta corriente ya está en cero y la gran fuente de financiamiento, que hasta aquí fue la exportación de commodities agroalimentarias, no da signos de mejorar en 2012. Ante esto, lo que queda es fomentar la inversión para aumentar la capacidad instalada y, a mediano plazo, incrementar la oferta. Claro que ese mediano plazo transcurriría con un consumo más calmo, para dar tiempo a que maduren esas inversiones sin presiones inflacionarias. No conviene profundizar el modelo sustentado en el consumo, sino ir hacia un esquema liderado por la inversión, pero los impulsores de la inversión desde 2003 fueron el crecimiento de la economía local, en medio de un mundo que no estaba tan bien, y algunas fortalezas macroeconómicas que exhibía el país, pero hoy esas fortalezas ya no están. El crédito externo sería una opción para seguir alimentando el motor del consumo, pero sin un acuerdo con el Club de París las posibilidades son escasas.

Dos meses de restricciones

Todo comenzó con los controles de la AFIP restringiendo la compra de dólares y luego presionando a empresas para que no importen, esta estrategia del Gobierno para atenuar la fuga de divisas récord en el año electoral lleva casi dos meses y sus consecuencias resultan cada vez más visibles. Fue así, el 31 de octubre prohibió las ventas de dólares a quienes no tenían autorización de la AFIP, presionó a empresas para no comprar ni pagar importaciones y en una palabra, congeló el mercado cambiario. Tal vez una de las más importantes para mencionar sea la contratación que sufrió el comercio exterior que redujo en noviembre la recaudación de impuestos por ese concepto en aproximadamente $6 mil millones. Otros de los efectos han sido el alza las tasas de interés, y el aumento del valor del dólar paralelo que llegó a niveles récord, promoviendo el retiro de depósitos de los bancos y haciendo caer las reservas. Al generarse semejante incertidumbre dio por terminado el año en materia de inversiones, pero según él se cumplió con el objetivo. La pregunta, sería ¿Cuál objetivo? Será que se refieren a los US$22.000 millones que el Banco Central se vio obligado a confirmar que se habían fugado del sistema financiero.

Pero al parecer, no se previó que parar las importaciones tendría un impacto negativo en las mismas arcas públicas, las barreras contra el dólar generaron una desaceleración lógica en la recaudación de noviembre. Hasta octubre la recaudación venía creciendo 32,6%, pero en noviembre se redujo a 29,9%, por la medida cambiaria. Los derechos de exportación y los aranceles de importación, entre otros tributos, explicaban hasta octubre el 6,9% de la expansión de la recaudación, pero en noviembre se noto la merma, y se recaudo un 2,7% menos, o lo que es igual a los $6 millones. Consultado al respecto, el titular de la AFIP Ricardo Echegaray, dijo que esta merma la recaudación no obedece a estos mecanismos de control. Sus datos, sin embargo, muestran como se congeló la venta de dólares, pero también el comercio exterior, por eso las devoluciones a las importaciones cayeron 95% y los reintegros a las exportaciones el 94%, en su comparación con noviembre de 2010. La estrategia oficial, cambió el panorama económico de fin de año, muchos adelantaron vacaciones y suspendieron inversiones y planes hasta que baje la fuga, y se relajen los controles. En la práctica, los controles hicieron reducir a la mitad las operaciones de compra y venta que pasaron de ser de US$530 a US$230 millones diarios.

Los ahorristas sacaron al menos US$2.600 millones de los bancos, el 16% de los depósitos y no se renovaron plazos fijos por US$603 millones, según el Banco Central. La tasa de interés pasó de 18% a 23% para plazos fijos en pesos, y para los créditos lo hicieron en sintonía. Los créditos para prefinanciación de exportaciones y para capital de trabajo se diezmaron, y el dólar paralelo llegó a tener una brecha de 18%, récord desde 2008. Tampoco se evito que las reservas dejaran de caer. Lo hicieron en el 12% en el año y 4% en el mes, aunque gracias al mercado más calmo, Mercedes Marcó del Pont volvió a comprar dólares, unos US$260 millones, luego de meses de tener que vender. El Gobierno lanzo nuevos bonos de largo plazo en dólares y volvió a pedir financiamiento intra Estado para paliar las alicaídas cuentas fiscales. Son títulos de deuda por unos US$1500 millones en conjunto, según sendas Resoluciones Conjuntas de las Secretarías de Hacienda y de Finanzas, que fueron publicadas en el Boletín Oficial. Con estas nuevas colocaciones, la deuda del Tesoro con diferentes organismos públicos supera en lo que va del año los $36.650 millones.

Se autorizó la emisión Letras del Tesoro en dólares, que serán suscriptas en forma directa por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA Cammesa, que curiosamente es la principal deudora del sistema financiero argentino. Su actuación es clave en el esquema de subsidios, ya que es la que afronta la diferencia entre el precio de la electricidad que abonan los consumidores y el verdadero costo de producción. Y por otra parte, el Gobierno autorizó la emisión de Bonos de la República Argentina (Bonar 2033) con descuento por un valor nominal de US$800 millones, que serán liquidados en el país. De esta manera, el Gobierno cumple con su idea de evitar pedir préstamos al extranjero y salir del trance fiscal en el que se encuentra, por el que entre otras cosas debió realizar una quita de subsidios.

La nueva salud

Siete meses más tarde de haberse aprobado la ley que regula la medicina prepaga, finalmente el gobierno la reglamentó mediante dos decretos que fueron publicados en el Boletín Oficial. A través de los decretos 1991 y 1993 establecieron que la regulación del sistema incluye a empresas de medicina prepaga y también a cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, fundaciones y obras sociales de la ley 23.660, que son las de los sindicatos. Y es aquí donde comienzan las notas de color, en esta nueva etapa una vez más el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno se posiciona como uno de los protagonistas de la nueva regulación, ya que será inexplicablemente el encargado de subir o bajar el pulgar de los más que posibles aumentos en las cuotas en particular de las empresas de medicina prepaga, las cuales no están para nada de acuerdo con la nueva reglamentación. Estas empresas de medicina prepaga que durante los últimos quince años han acumulado fortunas, comparando los gastos en los que han incurrido por las prestaciones brindadas en contraposición a las cuotas mensuales que pagan sus afiliados, hoy entienden que están problemas.

Otras regulaciones implementadas con la nueva ley son la posibilidad para el usuario de romper el contrato sin tener que pagar eventuales deudas, el período de "carencia" no podrá ser mayor a 12 meses, y se permitirá un traspaso por año. Uno de los cambios más llamativos es la fuerte presencia de Moreno para determinar, en este caso también, si podrán aumentarse las cuotas y cómo, en caso de que así lo soliciten las prepagas. Para ello, los aumentos de las cuotas sólo podrán hacerse con acuerdo de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), pero luego de un dictamen de la Secretaría de Comercio Interior, al igual que decíamos antes quien dará el visto bueno o no será el polémico secretario. Un dictamen que será, por supuesto, vinculante, es decir, determinante. Las distintas cuotas según plan y edad sólo podrán fijarse al momento de la inscripción. Luego, la cuota únicamente se podrá modificar por aumentos autorizados por el Gobierno, salvo que se trate de afiliados mayores a 65 años que no tengan 10 años de antigüedad en la misma operadora. En todos los casos, entre la cuota del plan más barato y el más caro no podrá haber una variación de más de tres veces el valor de la primera. Por su parte, la SSS determinará cuáles son las situaciones de preexistencia, enfermedades previas al contrato, que podrán ser temporarias, crónicas o de alto costo.

Hasta el día de hoy, la situación era insalvable para cualquier persona física que intentase contratar un servicio de salud prepago. Sin importar cuál fuere la enfermedad preexistente resultaba imposible contratar los servicios de cualquier prepaga. Solamente admitían nuevos afiliados sin problemas de salud. En el caso de las prestaciones temporarias, es decir, las que tienen tratamiento predecible con alta médica en tiempo determinado, la SSS autorizará valores diferenciales, y la duración del período de pago de la cuota diferencial, que no podrá ser mayor a tres años consecutivos, al cabo de los cuales la cuota será del valor normal del plan acordado. Con la reglamentación de la ley, además, se creó el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga y el Padrón Nacional de Usuarios para que cuidando la confidencialidad de los datos, sea utilizado por el sistema público de salud a fin de identificar personas con padecimientos y las prestaciones a las que acceden. Las prestadoras también deberán, desde ahora, cubrir como mínimo en sus planes de cobertura médico asistencial el Programa Médico Obligatorio (PMO) en vigencia.

Al tiempo que los usuarios pueden rescindir en cualquier momento el contrato sin límite y sin penalidad, pero para evitar el ejercicio abusivo de este derecho, podrá ser ejercido solamente una vez por año. Sin embargo, esa posibilidad no podrá supeditarse a la previa cancelación de sumas adeudadas a las prestadoras. Las operadoras podrán romper el contrato por falsedad en la declaración jurada de los usuarios, pero deberán acreditar que hubo mala fe del cliente al omitir información sobre enfermedades previas. Esto por supuesto le permitirá buscar cualquier atajo para complicar la vida de los afiliados que le signifiquen gastos. Además, las compañías podrán rescindir el vínculo por falta de pago de tres cuotas consecutivas, pero antes deberán notificar a los clientes sobre la mora en el pago e intimar al pago de la deuda en el plazo de diez días hábiles. Los períodos de acceso progresivo a la cobertura, denominados carencias en el sector, sólo podrán establecerse para el acceso a las prestaciones superadoras del PMO, y en ningún caso podrán superar los 12 meses. La iniciativa es buena, pero sin duda generará muchísimos trastornos para los nuevos afiliados, y para quienes deban controlar a las prepagas sobre todo.

Aerolíneas Argentinas Parte III

Involucrada de lleno en la pelea, y para terminar con la misma Cristina de Kirchner mientras inauguraba otro nuevo hangar de Aerolíneas Argentinas en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery, aprovechó la ocasión para emitir su opinión a través de un fuerte y contundentemente respaldo a las autoridades de la línea aérea de bandera. Acompañada por todos los funcionarios públicos, cumpliendo el rol anterior al de la jura de este sábado pasado. Se encontraban a su lado en el acto en Aeroparque, el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el gerente general de AA y Austral, Mariano Recalde, el ex ministro de Economía, Amado Boudou, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el canciller Héctor Timerman, el ex secretario de Comunicación Pública, Juan Manuel Abal Medina y el gobernador riojano, Luis Beder Herrera, también estuvieron presentes los ministros de Trabajo, Carlos Tomada; de Educación, Alberto Sileoni; de Turismo, Enrique Meyer; y los secretarios de Transporte, Juan Pabo Schiavi; General de la Presidencia, Oscar Parrilli; y de Legal y Técnica, Carlos Zannini. En la platea se destacó la presencia de los diputados Héctor Recalde, padre del presidente de Aerolíneas Argentinas; Carlos Kunkel; y Juan Carlos Dante Gullo; y el senador Eric Calcagno.

Con ironía, Cristina se quejó de que los sindicatos esgrimían "colitis" para no trabajar y en medio de la puja dentro del oficialismo por los espacios de poder antes del recambio de gabinete, la Presidenta dio un fuerte respaldo a la gestión de Recalde y de la agrupación La Cámpora al frente de Aerolíneas. Este señor que está ahí sentado se llama Mariano Recalde y no lo nombró el Espíritu Santo, lo nombró esta Presidenta, sostuvo, y así el resto de los directores de la empresa y también integrantes de la agrupación juvenil creada por Máximo Kirchner, Eduardo De Pedro y Axel Kicillof, disfrutaban con algarabía tras el respaldo presidencial. También hizo mención al plan de acción con el que continuara la aerolínea, y al respecto dejo más claras las cosas; el plan presentado la semana anterior fue elaborado y consultado conmigo en Olivos antes de ser enunciado. A no confundirse dijo, yo decido por mandato popular nadie lo hace por mí. Luego subrayó que hubo boicots encubiertos a partir de vuelos que se caían, o se cancelaban. Felicito a la conducción de Aerolíneas por una supuesta conectividad lograda entre nuestros compatriotas. La aerolínea sigue siendo deficitaria, como la mayoría del mundo, pero se redujo notablemente ese déficit en un 48% y también se incorporaron vuelos federales para conectar al turismo, explicó la Presidenta. Luego de mencionar las inversiones que se implementaron desde que la compañía fue recuperada por el Estado, lo cual no es cierto hasta que la justicia se expida definitivamente. Lo único que el estado ha recuperado es el gasto que significa a todos los argentinos mantenerla.

Como dicen “mal de muchos, consuelo de tontos” la explicación de la primera mandataria para excusar el déficit operativo de Aerolíneas, fue que es deficitaria al igual que la mayoría de las aerolíneas del mundo, lo cual no es cierto, ¿y si lo fuera cuál sería el negocio de una línea aérea? La mandataria explicó también que el último conflicto generó pérdidas por US$20 millones y apuntó a los sindicatos de pilotos APLA y de técnicos APTA. La Presidente sostuvo que ello causa pérdida de prestigio de la compañía aérea, una palabra para la que hace mucho tiempo AA no califica. Finalmente reclamó el máximo de colaboración a todos y puntualizó que no es posible permitir que la historia termine en algún momento como empezó, con alguien que otra vez acuse al Estado. Tras el encendido discurso, partió a Río Gallegos, donde pasó ese fin de semana antes de partir hacia Venezuela, donde participo de una nueva edición de la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y el Caribe y además mantuvo una reunión bilateral con su par de ese país, Hugo Chávez. La nota de color fue cuando tristemente la Presidenta leyó uno por uno cómo supuestamente habían quedado los salarios del sector desde que el Estado se había hecho cargo de la empresa, lo que no conformó a nadie. Incluso hubo muchos silbidos por las elevadas cifras que mencionaba, y viendo que la mayoría se sorprendió poco gratamente ante esos datos que arrojaba la Presidenta incomoda por el bullicio debió dar marcha atrás y aclaró que ella hablaba de sueldos promedio. Sostuvo que un maletero ganaba $11.500; los técnicos, $16.680; el personal jerárquico, $21.000, y los pilotos, $37.800.

¿Emergencia?

El Gobierno había reconocido frente al Congreso que la crisis financiera internacional obligaría al país a estar alerta para evitar, lo obvio, que el daño no desembarque aquí. Aunque desde el seno mismo del poder político no quisiera reconocerse esta realidad, solo por el hecho de haber mentido con anterioridad, y por tener hoy que reconocer una realidad que se caía de madura es que debieron hacer un mea culpa. Sin embargo eso sucedió, sólo dentro de la cabeza de la primera mandataria y la del ministro de economía, lo que se planteó en el congreso, no tuvo absolutamente nada que ver con reconocer los errores cometidos. Todo lo contrario, el razonamiento que se utilizó como justificación para pedirle al Congreso que prorrogue por dos años más la vigencia de la ley de Emergencia Pública o “Emergencia Económica”, como se la conoce habitualmente fue otro. La ley de emergencia económica, fue la que hizo votar Eduardo Duhalde en 2002 para sacar al país de la convertibilidad e incluyó la declaración de emergencia laboral, habitacional, sanitaria y hasta impositiva, sin dejar de lado que otorga facultades al Gobierno para manejar marcos regulatorios y tarifas de servicios públicos privatizados, algo que Cristina de Kirchner seguirá necesitando en pleno proceso de reducción de subsidios.

Fue útil, también, para intentar demostrarles a los acreedores de bonos impagos del canje que en el país continuaba el estado de excepción. Al menos sirvió para frenar algún embargo en Nueva York. Como decíamos, hay que tener en cuenta que está ley le renueva al Poder Ejecutivo amplios poderes para manejar la economía, lo que sería lo mismo que decir, nuevamente seguiré haciendo abuso del dinero público. La Emergencia vencía el 31 de diciembre y de ahí el apuro en prorrogarla una vez más. Esta vez la Presidente lo pidió por otros dos años, y lo mismo hizo en 2009 antes del recambio en las Cámaras, pero cuando el Gobierno ya sabía que había perdido la mayoría en las dos cámaras como para no correr el riesgo de tener que pelear para solo poder prorrogarla por un año. Hoy el escenario no es ése, pero queda claro que la Casa Rosada no quiere correr riesgos y de ahí que pidió una doble renovación de la Emergencia. Así, 10 años después de la caída de la convertibilidad el país seguirá en emergencia y por dos años más, tres períodos presidenciales y medio algo inaudito, pero aunque sea hay que entender o aceptar que lo han hecho dentro de un marco legal, y por lo tanto la situación no cambiará. Como en 2008, cuando la caída de Lehman Brothers que provocó la crisis financiera de ese entonces también sirvió como justificativo en esta oportunidad, la situación europea servirá para otra renovación de la emergencia.

Los argumentos que se dieron a conocer al menos parecen claros, mencionan que la incertidumbre con la que se desenvuelve la economía global y la persistencia de la crisis originada en 2008 en el mercado financiero internacional ameritan seguir contando con estos instrumentos a los fines de mantener el nivel de actividad económica, de consumo e inversión, así como el nivel de empleo que la República Argentina ha consolidado a lo largo de más de 8 años, dicen los considerandos. Y continúan, los problemas financieros y de deuda de buena parte de las mayores economías del mundo, nos hacen actuar con prudencia dotando al Poder Ejecutivo Nacional de las herramientas suficientes para poder reaccionar ante posibles y repentinos cambios en el contexto internacional. Así se justifica el Gobierno. Aunque luego viene una suerte de sinceramiento, que realmente no es tal y dice más o menos así, “Si bien nuestra economía ha solidificado su sistema financiero, ha sostenido una correcta administración de sus finanzas públicas y de su balanza de pagos con el exterior, lo variable de la crisis mundial y su continua transformación recomiendan solicitar a Vuestra Honorabilidad prorrogar por dos años la presente normativa”.

Aerolíneas Argentinas, Parte II

En esta etapa por venir donde la palabra austeridad será el caballito de batalla que caracterizará el discurso del Gobierno, la Presidenta dio instrucciones terminantes para que aquellos que administran bienes públicos utilicen los recursos de manera eficiente y con racionalidad. Otra de las consignas oficiales es volver a fortalecer los superávit gemelos, y por esta razón es que se cuidará cada dólar que salga del país. Pero hay un problemita no menor y es el déficit de Aerolíneas, su presidente Mariano Recalde reconoció que fue mayor al esperado debido a la crisis internacional y las cenizas y estimó que en 2011 será similar al correspondiente al 2010. Respecto al déficit del año que viene, proyectó que será también similar al de este año, mostrando que su intención es que no aumente. Cabe destacar que el déficit de Aerolíneas para este año se preveía que podía alcanzar los US$387 millones, como informó el propio Recalde a mediados de este año al Congreso. Pero se equivoco, y a fin de año superara los US$500 millones. Así, se comprende la revisión de las rutas de Aerolíneas y la homogenización de la flota. En el caso de las rutas, el objetivo es privilegiar a los turistas que vienen al país a gastar.

Los brasileños, por ejemplo, gastan en promedio US$221 diarios contra US$71 de otros destinos; la intención es reforzar las rutas ampliando incluso frecuencias hacia los destinos de donde más turistas vienen a la Argentina. No está previsto dar de baja por ahora ninguna ruta, lo que sí está previsto es fortalecer la conectividad con aquellas regiones y países donde se tiene más turismo receptivo, por ejemplo, Brasil y Colombia, entre otros. El titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde respondía así a la pregunta en referencia a cuáles rutas internacionales podrían eliminarse en función de las nuevas medidas anunciadas, las cuales implican la revisión de los vuelos internacionales y la posible eliminación de aquellos destinos que sean deficitarios. El anuncio fue hecho en conferencia de prensa por los ministros de Planificación, Julio de Vido, de Trabajo, Carlos Tomada, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi y el titular de Aerolíneas Argentinas. Respecto del sindicato que preside Roberto Cirielli titular del gremio de técnicos aeronáuticos (APTA), el titular de la cartera laboral ratificó que el alzamiento por parte de una autoridad sindical al régimen de paz imperativa constituye, de ser probado, un acto de anti juridicidad grave.

A juicio del Gobierno, la advertencia judicial de considerar reprochable esta conducta podría tornar procedente el ejercicio de potestades que alude la ley de asociaciones sindicales y que invoca el ministerio de Trabajo, y es una señal clara que en caso de persistir la rebeldía podría lograrse quitar la personería gremial al sindicato de técnicos aeronáuticos que conduce Cirielli. Tomada también hizo referencia a los conflictos intersindicales que, por sus disputas, terminan afectando a las empresas o usuarios. Al respecto, el titular de la cartera laboral enfatizó la necesidad de normativizar, es decir, generar normas para homogenizar las disputas y explicó que los sindicatos se deben poner de acuerdo entre ellos, en la cartera laboral o ante la Justicia, en un mensaje que los empresarios hace tiempo vienen reclamando. Dicen que hay pocas cosas que enojan a la Presidenta Cristina de Kirchner y una es ver que por una protesta sindical se vean afectados los usuarios o las personas, y parece que hace tiempo que ella viene pidiendo al sindicalismo que los reclamos no tengan de rehenes a los ciudadanos, pero se acordó tarde. Para la jefa de Estado la recuperación de Aerolíneas es uno de los emblemas de su Gobierno y no quiere que la reestatización termine siendo un boomerang tanto sea por los problemas que generan las disputas gremiales como por ineficiencia en el servicio o en el management, y en este aspecto también se acordó tarde.

Entonces con la premisa de una administración más eficiente y austera es que se van a reducir ciertos privilegios con los que contaba el personal aeronáutico, tampoco se sabe cuales, y esta política también se extenderá hacia a todas las reparticiones públicas o empresas bajo la órbita del Estado que tengan beneficios extraordinarios. Y en esa línea dijo Cristina, que el gobierno no niega ni la existencia ni la necesidad de conflictos pero este tipo de conflictos requieren no afectar el escenario productivo del país. Los empresarios también, según la visión oficial, tendrán que aportar lo suyo. El Gobierno mirará con lupa que no se intente aumentar los precios ante la eliminación de los subsidios, a la vez que ahora se pide a quienes importan que compensen exportando. La nueva etapa será de profundización del modelo, suele decir la Presidenta en sus discursos, lo que traducido equivale a defender a rajatabla el crecimiento.

Aerolíneas Argentinas

En tiempos en los que el controvertido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime manejaba toda la problemática de la aún no estatizada Aerolíneas Argentinas, solicitó se realizará un informe respecto de la viabilidad y rentabilidad de Aerolíneas Argentinas (AA). En un lenguaje, por llamarlo de alguna manera coloquial, la conclusión del trabajo que recibió resulto ser algo más cruda de lo que esperaba. El informe describió a la empresa como un restaurante, con treinta mesas, atendidas por 900 mozos. Los técnicos que desarrollaron el informe se referían a la cantidad, por ejemplo, de pilotos que tiene la aerolínea de bandera nacional. En la actualidad esa cantidad llega a los 1.100. Un número incongruente, e inexplicable por donde se lo analice considerando, que hablamos de una flota con apenas 34 aviones. De este número mencionado solamente se encuentran supuestamente operativas, 31 aeronaves. Pero supongamos que están todas operativas, si así fuera, eso da un promedio de 32 pilotos por aeronave, lo que constituye una locura sin precedentes. Según funcionarios del gobierno deberían existir como una exageración, 15 pilotos por aeronave.

Lo cual tampoco es razonable, no sólo entendiendo la cantidad de aviones, sino que cada vuelo lleva en su cabina sólo tres tripulantes; el piloto, el copiloto, y el ingeniero de vuelo. Desde que AA volvió a manos del Gobierno, la cantidad de pilotos aumentó al menos dos veces, aquellos que cuentan con la antigüedad y horas de vuelo suficientes perciben sueldos acorde al mercado internacional, que oscila entre los 10 mil y los 15 mil dólares, más viáticos, y días de descanso por huso horario que pasan en vuelo, por ejemplo, a Madrid, lograron que la ruta fuera de 12 husos horarios cuando en realidad son 11 los que se pasan. Se alojan en hoteles cinco estrellas, tienen autos alquilados, y por si esto fuera poco, hay una nota todavía más extravagante, han conseguido que un taxi los pase a buscar por la casa para ir a trabajar y su horario empieza a correr desde que se suben al vehículo. Si el viaje se demora, se excusan diciendo que por tres minutos el vuelo no puede salir por normas de seguridad. La gran diferencia con otras aerolíneas es que todos estos gastos ahora los financia el Estado. Se gastan casi 2 millones de dólares por día para solventar el déficit operativo de la aerolínea de bandera.

En total, desde que se hizo cargo el Gobierno, se invirtieron en la empresa alrededor de 2.100 millones de dólares aunque aun hoy no se sabe en qué. El propio Mariano Recalde, actual presidente de la compañía explica que la mayor parte del dinero se va en sueldos pero tampoco puede dar exactitud de esos números. En todo este conflicto es tan imposible creerle tanto a la dirigencia, como los sindicatos. Ambos lados mienten esgrimiendo posturas imposibles de explicar. Hoy, Aerolíneas tiene cuatro flotas, es decir, son cuatro los fabricantes a los que se le han comprado aeronaves. Posee tres 747, de la norteamericana Boeing, siete Airbus 340, 14 737-700, siete 737-500 también de la Boeing, tres MD 80 que no están operativos, y se sumaran supuestamente un número desconocido de la Brasilera Embraer. Esta situación hace que para cada uno de los fabricantes mencionados deban existir técnicos que puedan dar el servicio de mantenimiento que el fabricante y de las normas regulatorias que la aviación comercial exigen. En otras palabras la cantidad de personal técnico debe multiplicarse por cuarto. En lo que respecta a los vuelos, en AA se hacen casi tantas rutas internacionales como nacionales, lo que claramente es perjudicial para la empresa.

Aerolíneas se tiene que dedicar a los vuelos de cabotaje y a las rutas internacionales rentables, que no pasan de Roma, Madrid o Nueva York. Es descabellado que con el subsidio del Estado, es decir con dinero de todos los argentinos, estemos financiando vuelos como el de Miami, que cubren otras empresas con mucha más frecuencia y que a Aerolíneas le generan pérdidas, porque contra esas frecuencias no puede competir. El emblemático vuelo transpolar que va a Auckland, es una ruta a Nueva Zelanda, un vuelo, que es usado casi exclusivamente por los brasileños porque no hay otra aerolínea que haga ese recorrido, y es de uso turístico exclusivo ya que el 90 por ciento de los pasajeros son extranjeros. Otro dato de color en esta historia, es que cuando llegan a Auckland, los pilotos se toman entre 12 y 15 días de descanso. Para el Gobierno, el poder del gremio es uno de los grandes obstáculos del funcionamiento de la empresa, pero este poder no debe constituirse como una excusa teniendo por seguro que lo mismo sucede con todas las aerolíneas en el mundo, y si ellas lo han solucionado, aquí, al menos deberían seguir su ejemplo. No es una idea tan alocada, o será que estoy tan equivocado.

El informe

Si algo le faltaba a la Iglesia católica en Argentina para terminar de empeorar su relación con el gobierno, es el informe que realizo Cáritas, que representa su brazo social. En él se describe que el área metropolitana de Buenos Aires, formada por la Capital Federal y 30 municipios aledaños viven en una preocupante mezcla de pobreza, inseguridad, riesgo alimentario, empleo precario y déficit de viviendas unos 12,8 millones de personas. Realizado conjuntamente con el Observatorio de la Deuda Social Argentina, advierte que el 34,9% de la población, unos 4,4 millones de personas en esa área metropolitana, vive bajo la línea de pobreza. El índice duplica la medición oficial del Indec, para el cual son pobres solo el 15,2% de los habitantes, dato también mencionado en el informe. La diferencia se explica porque mientras que el cálculo oficial toma un ingreso de una familia tipo de $1250 por mes para acceder a la canasta básica, la investigación presentada en la Universidad Católica Argentina (UCA) estima que ese ingreso debe alcanzar los $2150 mensuales.

La investigación realizada en una muestra sobre 1722 hogares fue dada a conocer apenas hace diez días atrás o un mes después de las elecciones. Más allá de la pobreza, señala indicadores sociales en una región que reúne al 32% de la población del país y produce cerca del 40% del PBI nacional. No se trata de polemizar sobre si hay más o menos pobres, con los números basta, se trata de que esta investigación sirva al gobierno para que implemente políticas de Estado, que permitan disminuir francamente la pobreza, pero no a través de planes sociales. La difusión del relevamiento ratifica la decisión de la Iglesia de poner el ojo en la situación social, más allá del acercamiento que tuvo el monseñor José María Arancedo, al reunirse con la presidenta Cristina Kirchner. De acuerdo con los resultados del estudio realizado el 10,8% de la población de esa zona, o 1,2 millones de personas reside en villas o asentamientos precarios. Existe una amplia brecha entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, por ejemplo: el 59,3% de la gente no tiene acceso a cloacas en el Gran Buenos Aires y sólo el 2,7% en la Capital y el 28,8% habita en lugares próximos a basurales en la provincia y 13,1 en la ciudad autónoma. En todos los distritos es uniforme la preocupación por la inseguridad.

La mayor parte de esta gente considera que vive sin protección policial, uno de cada tres personas mayores de 18 años fue víctima de un delito en el último año y tienen miedo a ser víctima de un hecho delictivo en su barrio, con similares proporciones en la Capital y en los municipios bonaerenses. El estudio analiza en seis capítulos, distintos indicadores sociales como la vivienda y los recursos del hábitat urbano, la satisfacción de necesidades de subsistencia, la exclusión laboral, el déficit escolar y trabajo infantil, integración social y seguridad, la confianza en las instituciones y la integración a través del trabajo y la seguridad social. Según los resultados, el 16,13% de la gente vive en riesgo alimentario, una categoría que incluye a quienes padecieron situaciones de hambre en el último año. Uno de cada cuatro personas no tiene cobertura médica y el 22,6% dejó de pagar las cuentas, una proporción que está llamada a crecer en lo inmediato, con las recientes medidas oficiales que impactarán en el costo de los servicios públicos. Sólo el 15,1% de los encuestados declaró tener capacidad de ahorro y el 36,7% en capital y el 42,3% en el conurbano tienen insuficientes ingresos.

En una región marcada por las fuertes desigualdades, los promedios esconden realidades extremas muy preocupantes. El 34,9% de las personas afectadas por la pobreza trepa al 42,3% en la zona oeste del conurbano bonaerense y al 40,9% en los municipios del Sur. Por ejemplo, el 9,3% de los adolescentes de 13 a 17 años no asiste a la escuela y el 25,6% está atrasado en el trayecto escolar. Otro ejemplo todavía más grave, el 29% de los encuestados señaló conocer dónde se vende droga en el barrio. En todos casos, los números reflejan situaciones de extrema gravedad, que ponen en evidencia la ausencia del Estado, y que mal que nos pese la intensiva publicidad oficial, y la aplicación de planes sociales no muestra impactos reales en ninguno de los mencionados campos, lo que sería lo mismo que asegurar que no sirven más que como un paliativo insuficiente.

La caja para fin de año

El DNU 1764/2011, que lleva la firma de la presidente Cristina de Kirchner fue publicado en el boletín oficial hace una semana pero con fecha 31 de octubre pasado, e inyecta fondos a la Administración Pública Nacional por 29.332,1 millones de pesos, y la DA 1144/2011, que lleva la firma del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y fue publicada el mismo día, pero con fecha del primero de noviembre, suma otros 9.175,8 millones de pesos a los gastos de este 2011, previstos en la extensión del Presupuesto 2010. Es decir al igual que el año pasado dos meses antes de finalizar el año utilizando decretos y decisiones administrativas la administración nacional nuevamente se hace de fondos, para como decimos aquí; pasar la fiesta en paz. Así fue como a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y una Decisión Administrativa, el Gobierno nacional amplió los recursos del presupuesto en ejercicio en más de $38.508 millones. En los considerandos del decreto se menciona la "urgencia" de modificar los créditos para atender gastos no contemplados en el Presupuesto vigente, principalmente, aquellos resultantes de la política salarial para el personal dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Legislativo Nacional, del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Publico.

Además, en el DNU se consideró "imprescindible” incrementar los créditos para atender el normal funcionamiento de las distintas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional así como los programas de inversiones y transferencias, a fin de asegurar la provisión de aquellos bienes y servicios que resulten indispensables garantizar por su impacto social y su incidencia en la actividad económica. Muchas palabras absolutamente sin contenido, salvo en lo que refiere a las negociaciones salariales pendientes, lo demás, sólo palabras para esconder la falta de caja. La realidad más triste es que el gobierno deberá pagar los votos que compró para lograr su contundente victoria electoral. Asimismo, la norma 1764/2011 sancionada con fuerza de ley aclaró que el aumento de las erogaciones proyectadas será financiado con recursos del Tesoro Nacional, con recursos propios y recursos con afectación específica y fuentes financieras de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional. Antes de justificar lo que recibirá cada organismo estatal, en la Decisión Administrativa se aclaró que la reasignación es necesaria para atender obligaciones impostergables de la Administración Nacional correspondientes al corriente año. Entonces por este medio, el grueso de los fondos extras se destinarán a pagar los aumentos salariales acordados durante 2011, el aguinaldo complementario, gastos operativos, planes sociales y subsidios. En diciembre de 2010, la misma inyección alcanzó los 37.816 millones de pesos y también se realizó por decreto.

Si se tienen en cuenta las dos decisiones juntas, el DNU y la DA, la de distribución de los recursos, se ordenaría más o menos de la siguiente manera; el Poder Legislativo recibirá $434,8 millones; el Judicial $410,5 millones, Presidencia $266,6 millones; Jefatura de Gabinete $234,5 millones; Ministerio del Interior $91 millones; Cancillería $92,5 millones; Ministerio de Seguridad $1.896,8 millones; Ministerio de Defensa $1.867,9 millones; Ministerio de Planificación $4.431,9 millones; Ministerio de Educación $3.900,4 millones; Ministerio de Trabajo $17.036,1 millones; Ministerio de Desarrollo Social $3.495,4 millones, entre otras dependencias. Aquí es importante observar cómo sólo cuatro de las carteras mencionadas, son las que reúnen los montos más grandes para realizar la verdadera distribución de esta partida. La cartera laboral es el ejemplo, que ratifica nuestra previa explicación. La cartera de trabajo recibirá la mayor partida prespuestaria porque por ese Ministerio se canaliza el pago de las asignaciones universales por hijo y embarazadas. Parte de los subsidios están encubiertos e incorporados en el rubro Obligaciones a Cargo del Tesoro del DNU 1764 y totalizan $2.687,9 millones. Para el sector energético corresponden $1.627 millones (Enarsa, Yaciretá, YCRT, Nucleoeléctrica S.A.). El transporte se lleva $236,2 millones (Administradora ferroviaria y FFCC Belgrano S.A.). Las empresas públicas AR-SAT y AySA recibirán $541millones. Esta ampliación representa un 9,5% del presupuesto ejecutado al 31 de octubre, que ya alcanzó los 404.221,4 millones de pesos.