De Bonos en cesación de pagos, “default”,
Fondos Buitres y embargos. Durante lo que se llamó el canje de la deuda
Argentina a fines de 2004 el gran Néstor había logrado renegociar con el fondo
monetario internacional unos US$178000 millones que era el monto al que
ascendía el total de la deuda externa Argentina. En ese arreglo solamente se
pagó una parte de la deuda que era aquella que correspondía sólo al FMI, aunque
se anunció de una manera bastante distinta. En enero de 2006 Argentina canceló
los últimos US$10000 millones finalizando así la deuda existente con el
organismo de crédito. Sin embargo aún quedaban de la deuda original unos
cuantos millones, (US$82000) que
correspondían a distintos organismos multilaterales de crédito como el Club de
París, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras
entidades menores. Luego llegó
la propuesta de Buenos Aires que suponía la reestructuración de la deuda en
manos de tenedores privados, se trataba de lograr cancelar los títulos de deuda
en cesación de pago con una quita de entre el 73, y hasta el 45% de su Valor
nominal.
Luego de todas las negociaciones el gobierno
argentino lanzó oficialmente el plan canje mediante la emisión de tres nuevos
bonos que fueron denominados, el PAR, el cuasi PAR, y el Discount con
vencimientos similares de entre 25 y 33 años entre otras de sus
características. Esto permitió una renegociación de aproximadamente el 76% del
total adeudado o US$62000 millones y el resto aún hoy no lo hemos pagado. ¿Es
lógico que el gobierno de turno honre las deudas que tiene, sin importar quién
las haya contraído? Personalmente creo que así debe ser sin embargo esa es solo
mi opinión. Después de la breve reseña debería explicar el porqué de ella,
bueno no es muy difícil todos sabemos que el buque insignia, histórico y en el
que todo cadete de la escuela naval desea realizar su viaje hoy ha sido
embargado, y lamentablemente el imputable canciller Héctor Timerman realizó
casi vanagloriándose una conferencia de prensa en la que explicaba lo
inexplicable; que un canciller se vanaglorie de haber sufrido como país 28
embargos y haberlos burlado, no ayuda mucho, es la máxima expresión de la
indecencia que puede dar un país, no pagar y burlarse de los acreedores, y no
solo eso insultarlos y descalificarlos y bautizarlos de "buitres". El
canciller debería saber bien que de la deuda de en cesación de pagos el 38%
corresponde a dueños argentinos, un 15% a Italianos, un 10% a Suizos y solo un 9%
a norteamericanos. Sería bueno ahora definir básicamente a qué se le dice fondos
buitres. Estas son companías o
en la realidad también son Fondos de Inversión que administran muchos bancos
del mundo y de nuestro país: Banco Nación, Bco. Prov., e inclusive la Anses,
como parte de lo expropiado a las administradoras de fondos de jubilaciones
pensiones.
Siempre de una u otra forma cobran porque se
dedican entre otras de sus tantas operatorias a comprar bonos y asumir el
riesgo de deudas incobrables a cambio de un bajo costo, y después las reclaman
por acción judicial con los intereses del caso. Y entonces en ese caso, a
quienes buitrean es a los tenedores de esos bonos que saben que no tienen la
menor posibilidad de cobrar y menos a un país como Argentina que está excluida
del circuito por este tipo de inconductas. ¿O por qué creemos que no se puede
conseguir un centavo para invertir y finalmente arrancar con YPF? Un referente de esta actividad, podría
ser el griego Soros quien es dueño / titular / integrante de un Fondo Buitre, y
con quien nuestra presidenta no hace más de un mes se sacó fotos sonriente con
él como si estuviera junto al Papa ¿Cómo se entiende? ¿Será que este muchacho Soros
es una paloma infiltrada entre una bandada de buitres? No sé, la cuestión es
que la mentira tiene patas cortas, y desde la administración central se han
acostumbrado a hacer alarde del desendeudamiento como bandera de conquista, y
lo único que hicieron fue permitir que nos embargaran bienes del país tal como
sucedió con Menem en su momento.
La Comunicación A 5.343, emitida el 13 de
agosto, estableció que los bancos deberán presentar un plan de negocios de 2012
a 2014, tal como lo estipulan las normas de Basilea. Luego de una larga serie
de indicaciones sobre las proyecciones que deben presentar las entidades, el
BCRA en la última hoja estipula una serie de supuestos para que los bancos
efectúen sus planes. Pero se aclara que el dato de inflación que se debe tomar
en cuenta es el de Índice de Precios Implícitos (IPI). Desde la entidad que preside Mercedes Marcó del Pont aclaran que el IPI
es el que siempre utilizan para calcular la variación del producto eliminando
el efecto de la inflación de manera de obtener una variación real, o sea el
Producto a precios constantes la evolución de los precios y surge de un análisis
distinto al IPC del INDEC. Entonces todos los bancos del sistema deberán
entregarle al Banco Central sus proyecciones de negocios hasta 2014, en línea
con las prácticas internacionales. Pero el dato que no es menor y no pasó
inadvertido entre las entidades es la estimación de inflación que figura entre
los supuestos establecidos por la propia autoridad monetaria, que para este año
calcula una suba de precios del 18%, para el año próximo pronostica una baja de
hasta el 15% y en 2014 supuestamente descendería hasta el 14%. La
discrepancia es notoria con los cálculos actuales del INDEC y con las
proyecciones que figuran en el Presupuesto 2013. Según el organismo que se
encarga de las estadísticas, el índice de precios subió el 10% en los últimos
doce meses y se estima que cerrará el año aproximadamente en esos niveles. Se trata de una
diferencia sustancial en relación con el supuesto utilizado por el BCRA. El IPI
surge de tomar en cuenta los valores del PBI entre dos períodos.
De allí surge justamente en forma implícita cuál
fue la evolución de la inflación en el período que se toma en cuenta. El IPC es
una encuesta mensual de precios que realiza el organismo que dirige Ana María Edwin
en la zona metropolitana, a través del relevamiento de cientos de productos en
forma semanal. Si bien el IPI no es un cálculo exacto ni mucho menos, su
evolución en los últimos años demuestra que se acerca bastante mejor a lo que
realmente aconteció con los precios. De hecho, como la inflación de este año se ha ubicado en torno del 25%
hasta ahora, esta lejísimo del 10% del INDEC, pero no tanto del 18% que surge
del índice que tiene en cuenta el BCRA. Justamente se reavivó la
polémica por los índices de precios, hace muy poco luego de la amenaza de la
directora gerente del FMI, Christine Lagarde, de sacarle tarjeta roja a la
Argentina en caso de que no se avance con estimaciones más creíbles. Otro de los supuestos macroeconómicos
incluido en la comunicación del BCRA es la evolución de depósitos privados,
para este año proyecta un aumento del 30%, pero que decrecerá al 22,3% el
próximo, mientras que en 2014 sería sólo del 20,4%. En sus proyecciones
de negocios, los bancos también deben aclarar cómo fue la evolución del primer
semestre de 2012 y aclarar si se produjeron desvíos superiores al 20% en
relación al plan original. Además, las entidades deberán presentar una prueba
de tensión o test de stress para
analizar cómo respondería el patrimonio de la institución en caso de una
variación inesperada de determinadas variables, por ejemplo caída de depósitos,
aumento de la tasa de interés o una modificación brusca del tipo de cambio. Cuanto
miedo tiene el gobierno nacional.
Reglas básicas de sentido común,
nos enseñan que cuando somos invitados en casa ajena resulta impropio por
ejemplo hablar mal del dueño de casa, sin embargo Cristina lo hizo. Hay “un
cierto grado de inflación”, pero no aquel que algunos publican, respondía de muy mal modo la
mandataria a un estudiante estadounidense en la tanda de preguntas durante su
disertación en la Universidad de Georgetown. Cristina Kirchner realizó una fuerte defensa de las estadísticas del
INDEC y aseguró que si la inflación fuera de 25% el país estallaría por los
aires aseguró que el modelo del Gobierno no tiene metas de inflación
sino de crecimiento y consideró que si la inflación fuese del 25%, no se
explica cómo la economía creció 9%. Un número que en realidad no existe,
Argentina en lo que va del año no ha crecido ni la mitad. En su derrotero de
estupideces aquel día crítico los datos de la economía norteamericana, de
mentir respecto de su inflación y se
preguntó por qué hay tantas críticas y descreimiento sobre la pauta de
inflación que oficializa la Argentina cuando el gobierno de Barack Obama dice
que sólo registra un 2% anual y eso es "imposible de creer" con
semejante expansión monetaria, dijo. Y finalmente acusó a los estados
unidos de controlar las políticas del FMI. Luego de criticar al dueño de casa
se le ocurrió decir que a la sociedad Argentina era culturalmente dependiente del dólar, y se quejó de que en la mayoría de los países todas las
transacciones comerciales se realizan en las monedas de origen de esas
naciones, mientras que en la Argentina se realizan en divisas estadounidenses. Lo
cual por supuesto debe entenderse como otra locura si consideramos que la
moneda norteamericana es sin duda la más fuerte del mundo.
En otra de sus ocurrencias explicó que después
de los Estados Unidos la Argentina era
el segundo país con más dólares del mundo y aseguró que en la actualidad
hay US$1700 por cada argentino, mientras que en Brasil, la sexta economía del
mundo hay apenas US$6 por persona. Nos encantaría emitir dólares, sería fantástico, pero lamentablemente no
emitimos, sostuvo, los únicos
dólares que ingresan al país son por el turismo, la balanza comercial y las inversiones
extranjeras directas, pero no dijo ¿Cuáles? Recordó también la década de
los 90 para destacar que todas las penurias económicas que está atravesando
Europa en la actualidad la Argentina ya las vivió en décadas pasadas y logró
salir adelante con reindustrialización y un mayor consumo. En Argentina se privatizó todo en los 90. Es
el único país que privatizó hasta su petróleo y su gas, dijo aunque se le
olvidó aclarar que como senadora por la provincia de Santa Cruz apoyo de todos
esos proyectos, e inclusive los impulso. Sostuvo que el país implosionó en 2001
porque llegó a tener una deuda del 160% de su Producto Bruto y una pobreza que
superaba al 40%, una realidad "similar" a lo que hoy se ve en Europa
agrego. También en este punto se le olvidó mencionar los datos de pobreza e
indigencia en la Argentina de hoy. Al inicio de la exposición, la mandataria
destacó como positivo el hecho de que los norteamericanos vuelvan a interesarse
en otros países, ya que consideró que tras la caída del Muro de Berlín y el fin
de la llamada Guerra Fría con la Unión Soviética, los estadounidenses se
retrajeron y perdieron interés en otros países, volviéndose hacia lo que pasaba
dentro de Estados Unidos.
Sobre el “per saltum”, a
ver, el senador Aníbal Fernández explicó que no existía relación con lo
sucedido durante el gobierno de Carlos Menem, y en parte es verdad, lo de Menem
posibilito la privatización de Aerolíneas, nuestra aerolínea de bandera
recuperada que nos representa un gasto superior a los US$4 millones de dólares
mensuales. En esta oportunidad se trata de una acción contra un grupo
monopólico y destituyente, pero o yo estoy muy equivocado, o el modo es el
mismo y sólo los intereses cambian. Me parece que el uso en este caso de un
recurso extremo como el per saltum para forzar resolver un pleito jurídico
contra el Grupo Clarín, o de quien se trate encubre una mentira dolosa con el
único propósito de imponer los deseos de un gobierno desesperado, y de una jefa
de estado con serios problemas psicológicos que la impulsan a cumplir la
promesa eterna hacia su difunto marido, para lo cual se vale de todos y cada
uno de los inútiles en cuanto estadio de poder del estado cuente, no importando
la constitucionalidad del acto, solo importa el castigo ejemplar y la
manipulación mediante un despotismo casi demencial. Por lo pronto se me
ocurre pensar qué pasaría, o si no sería mejor antes de saltear pasos para
llegar directamente a la corte que el ejecutivo empezará por respetar sus
fallos. Y a este respecto los ejemplos, sobran: “La corte ordenó el pago del
82% móvil para los jubilados”, y luego de haber sido aprobada en las dos cámaras
la Presidenta veto la ley con el argumento de que el país se fundiría. “La
corte ordenó al gobierno incluir al diario Perfil en el reparto de publicidad
oficial”, y aún hoy todo está como era entonces. “La corte ordenó en cuatro
oportunidades la restitución del Procurador de la provincia de Santa Cruz” y
todavía estamos como cuando vinimos de España.
La pregunta del millón seria
¿Qué garantías tenemos de que el gobierno nacional en el caso de un fallo
contrario a sus intereses lo fuera a respetar, considerando estos antecedentes?
Y si acaso se habilita el per saltum, no sería mejor que el primer tema a
tratar fuera el caso Ciccone y su relación con el Sr. Vicepresidente Amado
Boudou, por la gravedad institucional del mismo, o la responsabilidad a los
funcionarios en la tragedia de Once, no sé, se me ocurre. Es de gravedad
institucional pretender desfinanciar a un grupo empresario "enemigo"
del poder de turno cuando que existe una medida cautelar aceptada por la Corte
y otros no se han ajustado a la ley de medios pero sin recurso de amparo ni
medida cautelar y el gobierno no presiona sobre ellos. Para concluir, quisiera
hacer otra vez un poco de memoria. Y entonces recordemos quién es este
personaje; Aníbal Fernández, era intendente de Quilmes cuando, en octubre de
1994, el juez en lo Correccional y Criminal Ariel González Elicabe ordenó su
captura por falsificación de documento público. ¿Cuál fue la reacción del
posteriormente ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Jefe de
Gabinete y hoy senador? Se dio a la fuga. Huyó de su despacho en la intendencia
oculto en el baúl de un automóvil y estuvo prófugo por 48 horas, escondiéndose
en casa de un amigo. Luego en 1995 increíblemente fue sobreseído por falta de
mérito. Recordemos además que Aníbal Fernández fue funcionario de Duhalde desde
1997 fue Secretario de Gobierno en la provincia de Buenos Aires, y luego,
durante la presidencia de Duhalde, fue Secretario General de la Presidencia
primero y Ministro de Producción después. ¿Qué intenta defender el senador
Fernández? Lo que sea que intente defender, no tiene autoridad moral para
hacerlo.
Se trato de la segunda denuncia
penal que acumuló en su contra Guillermo Moreno en pocos días después de que la titular de la Asociación de Defensa del
Consumidor Adecua, Sandra González, lo acusara de maltrato y de echarla de
una reunión a los gritos. Yo voy a hablar, vos te vas a callar la boca y cuando
termine voy a cortar, le había dicho Moreno a Paula De Conto al llamar a su
celular antes de acusarla de tener una empresa fantasma porque no poseía un
gerente de ventas. Hoy te hablo en estos términos, pero mañana van a ser otros,
agrego el polémico funcionario. Paula De Conto, es despachante de Aduana desde
hace 17 años tiene una pyme, y sorpresivamente recibió en su celular esta llamada del propio Moreno entonces preguntó
si se trataba de una amenaza y la respuesta fue: "Sí, ¿y qué?". De
Conto realizo de inmediato la denuncia penal contra Moreno, quien fue acusado
por la despachante de aduana de amenazas, abuso de autoridad y violencia de
género. Así el juez Oyarbide sumaba un nuevo caso sensible para la
administración kirchnerista, ya que tiene en su despacho las causas del desvío de fondos de la Fundación Madres de
Plaza de Mayo, de la llamada "Mafia
de los medicamentos" y del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, acusado por el cobro de
dádivas durante su gestión.
Oyarbide también investiga al secretario general de la CGT
Azopardo, Hugo Moyano, por
supuestas irregularidades en la obra social del gremio de choferes de camiones
y al jefe de Gobierno porteño, Mauricio
Macri, en la causa por escuchas telefónicas en la que está procesado el
funcionario. El magistrado también investigó por presunto enriquecimiento ilícito a Néstor y Cristina Kirchner, aunque
sobreseyó al matrimonio, a fines de 2009, pese a que ambos registraban
por entonces un aumento patrimonial del 572 por ciento desde su llegada a la
Casa Rosada, en 2003. Según relató De Conto en su declaración, Moreno recibió a
la despachante de Aduana junto a otras dos personas, en su despacho y ahí se
repitieron las amenazas. En este sentido, la mujer reveló que el celador de
precios del gobierno kirchnerista, les habló a los gritos, de mal modo y con
soberbia. Me gritaba que yo trabajaba para una empresa fantasma, que él no lo
iba a tolerar y dijo que por eso ella no iba a poder trabajar más. Además, la
mujer señaló que cuando quiso hacer un comentario, el funcionario nacional le
dijo que las reuniones las manejaba él y en el tono que a él le gustaba. De
Conto denunció que fue echada de la oficina de Moreno y que fue acompañada por
personal de seguridad hasta la salida de la Secretaría de Comercio Interior. Lo
cierto es que la empresa está inscripta en la Inspección General de Justicia, y
en la AFIP, y si fuera fantasma, una empresa no se inscribe como sociedad importadora
de teléfonos de línea. Solo una semana más tarde, el juez federal Norberto Oyarbide se apartó de la
causa contra el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que le inició la despachante de aduana por amenazas,
abuso de autoridad y violencia de género.
Textualmente, el juez dijo a los periodistas que lo esperaban
que la causa ya no era suya, que se aparto
por violencia moral y por las garantías del juez imparcial. Oyarbide tomó
la decisión luego de que un grupo de personas protestara frente a su domicilio
en Recoleta en reclamo de que iba a hacerse cargo de otra causa sensible para
el Gobierno nacional. Según trascendió, los manifestantes organizaron la marcha
a través de redes sociales y se concentraron en las inmediaciones del
departamento donde reside Oyarbide, en Posadas y Rodríguez Peña, en esta
Ciudad. De hecho el juez insinuó sentirse amenazado a raíz de que se rumoreaba
en las redes sociales que se realizaría una nueva protesta golpeando cacerolas.
Tras conocerse la decisión de Oyarbide, la despachante de aduana que denunció a
Moreno, Paula de Conto, dijo en
declaraciones al canal de noticias TN que se comunicaron con ella desde el
juzgado para informarle la novedad y avisarle que no se presentase en los
tribunales a ratificar su acusación ya que debe volver a sortearse el juez. Me
puso contenta, no me imaginé que iba a pasar esto, dijo De Conto. Y agregó, siento
que evidentemente si los argentinos nos proponemos armar un cambio se puede. Y
es cierto, el tema es tomar iniciativas.
Para quienes nos
dedicamos a escuchar y analizar la política, este tipo de situaciones que a
continuación se describe nos resultan en algunos casos hasta hilarantes. Lo
cierto es que cuando la realidad se topa con el discurso oficial las
consecuencias son cada vez más graves para una sociedad cada vez más
intolerante, y cada vez menos crédula. Una triste y necesitada administración
nacional que busca a través de un anuncio tras otro generar confianza acaba
logrando todo lo contrario, igual que el cuento del lobo y el pastor. Así en
uno de maravillosos anuncios realizados, se explicaba que la máxima categoría
del automovilismo, la F1 volvería a la Argentina y se correría en un circuito
callejero en la ciudad balnearia de Mar del Plata, según lo anunciaba con
bombos y platillos Cristina Fernández en marzo de este año cuando el calendario
de la categoría recién empezaba. En su lugar del mundo, la Casa Rosada, y junto
al ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, además de anticipar
semejante estupidez explicaban que se trataba de un convenio por tres años,
entre 2013 y 2015. Sin embargo, como la política siempre se debe leer entre
líneas, durante el anuncio y luego de confirmar que todo era un hecho la
primera mandataria se dirigió al secretario de turismo y dijo textualmente: “Espero que se termine de firmar, porque si no te juro que te mato”.
Demás está decir,
que aquel anuncio de Cristina sobre el regreso de la Fórmula 1a la Argentina en
2013, no sólo era otra mentira si no que rápidamente quedaría en la nada.
Entonces fue cuando la realidad impacto como un mazazo al discurso oficial, el
inédito trazado callejero de Mar del Plata pensado para tal ocasión no figuro
nunca en el calendario provisional de Fórmula 1 que dio a conocer la FIA.
El campeonato 2013 de la máxima categoría comenzará el 17 de marzo en
Melbourne, y culminará el 24 de noviembre en Interlagos, Brasil. El proyecto de calendario fue transmitido a las escuderías antes de la prueba de Singapur, y
el único cambio notable era la llegada del Gran Premio
de Nueva Jersey, en junio, en lugar del Gran Premio de Europa
en Valencia, el cual forma parte de los cuatro que deben ser “confirmados”,
principalmente por razones económicas. Este calendario, fruto de muchas negociaciones
estos últimos meses, fue aprobado el 28 de septiembre próximo pasado en el
Consejo Mundial de la FIA, aunque no se puede excluir todavía alguna sorpresa que por supuesto no incluye a la Argentina.
Para quedar más en evidencia, existió un reclamo por parte de un diputado
radical quien solicitó al Ejecutivo que informe sobre las diligencias y
gestiones para concretar la realización del Gran Premio en la ciudad de Mar del
Plata.
Además, pidió que se especificaran quienes eran los
encargados del asunto en nuestro país y en el exterior, pero su consulta
obviamente no tuvo respuesta. Allá por el mes de junio, Fernando Moya gerente
de la empresa Time for fun, que supuestamente trabaja en la organización del
evento junto al Gobierno, brindaba un panorama muy optimista. La situación está
bien, pero Argentina todavía no tiene Gran Premio para 2013, y si todo estaba
bien, ¿porque todavía no había gran premio? Moya explicaba que todo estaba muy
hablado con Bernie Ecclestone, en momentos en los que el número uno de la
categoría desconocía todo este montaje. De hecho fue nada más y nada menos que
Ecclestone quien puso paños fríos a toda la mentira y antes de que se
continuara con toda esta estupidez desmintió categóricamente la posibilidad de
una fecha en el calendario de la categoría en nuestro país, y explicó que nunca
había tenido contacto con alguien serio que representará a la Argentina. Es más
agregó que antes en la lista de posibles candidatos estaban México y Venezuela.
¿Será este el caso o finalmente habrá alguna
sorpresa, y el lobo aparecerá de verdad?
Jamás en mi vida, negué mi afinidad con aquellos
a los que aquí se los llama gorilas. De hecho 25 años atrás preparaba lo que
siempre había sido mi vocación, el ingreso a la escuela de aviación militar que
gracias al gobierno Alfonsín aún hoy sigue desmantelada. Sin embargo con el
correr de los años uno entiende, no importa de qué lado este que no existen las
verdades absolutas, entonces con el devenir de la democracia nos adaptamos y
aprendemos a mirar desde otro punto de vista lo que sucedió y sucede a nuestro
alrededor. La introducción parece algo disparatada, pero viene al caso. Bien, según
el diccionario se denomina espionaje a la práctica y al conjunto de ellas
asociadas a la obtención encubierta de datos o información confidencial. Las
técnicas comunes del espionaje han sido históricamente la infiltración y la
penetración, y en ambas es común el uso del soborno y el chantaje. Entonces el
documento que mostró el periodista Jorge Lanata lo convierte en un espía y en
un difamador que se ha infiltrado dentro de los servicios de inteligencia
venezolanos, ha chantajeado y sobornado a sus funcionarios y finalmente ha
difamado de un gobierno democrático como el de Chavez.
Mas allá de defender o no a Lanata, es claro
que Chavez es un dictador, eso sí, uno distinto, moderno, de estos que no solo
usan la persuasión a través de las armas, sino que ahora para llegar al poder,
usan otros métodos más inteligentes, se amparan detrás de dádivas pagadas
durante años por la reserva petrolífera de la Cuenca del Orinoco, que compran
el voto popular, para legitimizar las actitudes del dictador. Y ciertamente
Venezuela es eso una dictadura que avasalla derechos de los propios
venezolanos, comprados y corrompidos, y de los periodistas libres locales y
extranjeros. Lo hacen con la impunidad de saber que están protegidos y
amparados por parásitos funcionales como los brasileros y argentinos que
obedecen órdenes de sus respectivos gobiernos. ¿Es posible que algo parecido
sea el futuro porvenir en nuestro país? Y si, aún viviendo en democracia vemos todos los días como quienes nos
gobiernan copian actitudes de esta falsa democracia chavista. No creo que
existan dudas sobre la falta de libertad de expresión y accionar de medios en
Venezuela, ni tampoco se puede dudar de los deseos de nuestro gobierno y sus
obsecuentes de desacreditar a la prensa que no puede controlar, ni de si se
quiere Chavizar en ese sentido a la argentina. Es doloroso admitir y padecer
este retroceso democrático e institucional, esta creciente grieta que divide y
desalienta, este desafío a la paz, no solo por reclamos económicos o por una
cuestión inflacionaria sino por el estallido que podría avizorarse en la
sociedad e instituciones, los reclamos y marchas que ocupan el calendario, los
problemas como el de las fuerzas de seguridad que se profundizan y un gobierno
sin respuestas ni gestión.
Por último, si hacemos un poco de memoria,
durante el escándalo de la valija de Antonini Wilson quien manejaba los
negociados entre Venezuela y Argentina era un Señor llamado Claudio Uberti, que
inmediatamente fue separado, desapareció repentinamente y así como de la nada
lo remplazó en todo sentido el hoy embajador Cheppi. Decía, “en todo sentido”, ya
que él es quien hoy se encarga de los negocios personales del gobierno de
Cristina Kirchner con Chávez. Desde hace años Cheppi tiene vínculos con el
ministro de planificación federal Julio De Vido, a quien conoció muchos años
atrás en Santa Cruz. Muy poco se puede esperar del embajador, este tipo de
personajes que se bajan los lienzos en su obsecuencia, son capaces de negar
como lo hizo ayer hasta la situación más evidente. Entre sus declaraciones se
atrevió a explicar que según entendía había existido todo un despliegue que
estaba preparado para cubrir el triunfo de Capriles, sin embargo hubo que
guardarlo, y entonces había que traer algo, y que mejor que un golpe de efecto
como el de victimizarse para tener algo de que hablar el próximo domingo. ¿Y
las otras ocho personas, que tenían que ver? Poco felices los dichos de este
muchacho Cheppi.
Subcalcular ingresos para contar con más
dinero y que luego el sector público pueda disponer discrecionalmente del mismo
es un
clásico del kirchnerismo, que ha vuelto en el presupuesto 2013. Teniendo en
cuenta lo estimado y lo que realmente podría obtenerse menos el gasto
programado que también está preestablecido, los fondos con los que se podría
manejar el Gobierno en 2013, año electoral, tendrían un piso de $5000 millones,
y el techo dependerá de lo que el país
crezca por encima del 4,5% presupuestado y del precio promedio que tenga la
soja. Según el proyecto, en el próximo ejercicio, el Sector Público Nacional recaudará un 22,7%
más que este año. En el cálculo se incluye a los recursos impositivos y
previsionales, cuya suba se deberá, según el texto, a la actividad económica,
el comercio exterior, las remuneraciones, los precios y el empleo, y por las
mayores ganancias obtenidas, tanto por las sociedades como por las personas
físicas.
El 22, 7% mencionado alcanzaría una suma aproximada de $822074 millones, de los cuales $570942
millones corresponden directamente a la Administración Nacional, esto es, lo
que financiará a la Nación. El aumento en este caso sería del 23,1%. Si
se tiene en cuenta que este año, de crecimiento bajo de la economía, el alza final
de la recaudación no será menor al 26%, es de esperar que en 2013 el aumento no
baje del 30%. Si este dato se
cumpliera, los ingresos extras del Ejecutivo serían de $5000 millones, dinero
que con la vigencia de la Ley de Emergencia Económica otro clásico del
kirchnerismo, será de libre disponibilidad. Las claves de este cálculo
subestimado se encuentran en la recaudación de dos impuestos, el Impuesto al Valor Agregado por el cual la
Nación espera obtener unos $118725 millones, un 22,4% más que este año, y por los
derechos de exportación, más conocidos
como retenciones, que le darán varias satisfacciones al Gobierno. El
Ministerio de Economía calculó, aunque no figure explícitamente, un valor de la
soja de no más de US$500 la tonelada, lo que le aportaría al fisco $77964
millones. Si la oleaginosa se mantuviera en un valor promedio de más de US$580,
los ingresos extras por esta vía
superarían los $6000 millones. También hay una subestimación en la recaudación
del impuesto a las Ganancias. El Gobierno espera obtener unos $87065 millones,
un 21,8% más que en 2012.
Sin embargo, en este caso la recaudación extra
no sería importante, ya que las empresas y particulares liquidarán el ejercicio
2012, donde muchas habrán tenido un año algo bajo, de donde además se
calcularán los anticipos. Todo este
dinero tendrá destinos claves, garantizar los pagos de vencimiento de deuda, un
superávit comercial de más de US$13000 millones y la cuenta deficitaria en la
balanza de combustibles por más de US$5000 millones. En el primer caso,
los compromisos serán menores que los de este año, cuando debieron conseguirse
más de US$10000 millones. El
vencimiento más importante para 2013 es el Bonar VII, con un total de US$2200
millones. Luego tendrán que liquidarse unos US$240 millones del Boden 13 y US$940
millones del Discount. Cumplidos estos compromisos, o al menos con lo
presupuestado y garantizado, el Gobierno podrá hacer cuentas sobre cuánto
podría ser el disponible del Ejecutivo para hacer los cálculos necesarios y
comenzar a diseñar la parte financiera de la campaña electoral legislativa de
2013.
Advertidos del alto grado de incertidumbre que rodea
aún a la economía global por problemas como el de la deuda en Europa, el banco central de Japón anunció una nueva
inyección de liquidez a través de su programa de compra de activos en todo el
mundo. El emisor nipón anunció
que expandirá en 10 billones de yenes unos 97.000 millones de euros su programa
de adquisición de activos, su principal instrumento de flexibilización
monetaria. También decidió prolongarlo seis meses más de lo inicialmente
previsto, hasta finales de 2013, con un valor total de 80 billones de yenes
equivalentes a 800.000 millones de euros destinados a comprar activos como
letras del Tesoro, bonos gubernamentales o fondos fiduciarios. Algunos
analistas ya habían apuntado a una posible ampliación del programa del BOJ este
mes, siguiendo los pasos de la Reserva Federal, pero el volumen y el hecho de que llegue acompañada de una extensión temporal
ha sido una sorpresa que ha superado las expectativas, según los expertos.
Además, como se
esperaba, el Banco de Japón mantuvo los
tipos de interés entre el 0% y el 0,1%, el mismo nivel en el que se encuentran
desde octubre de 2010 para impulsar la recuperación. En un comunicado
emitido al término de su reunión mensual, la junta de política monetaria del
BOJ advirtió de que algunas economías
extranjeras han entrado un poco más profundamente en una fase de desaceleración.
Así, señaló que se debe prestar particular atención a estos mercados por
su impacto en la economía japonesa, la tercera del mundo tras EEUU y China, que
pese a haber registrado un crecimiento relativamente fuerte en la primera mitad
de 2012, atraviesa ahora una pausa en su recuperación. En este sentido, insistió en que
todavía existe un alto grado de
incertidumbre en torno a la economía global, que incluye entre otros
factores las perspectivas del problema de deuda en Europa y las dudas sobre la
recuperación de la economía estadounidense. Las medidas de BOJ se reflejaron de
inmediato en una subida de la Bolsa de Tokio y una muy buscada depreciación del
yen, cuya fortaleza en los últimos meses ha perjudicado seriamente a las
exportaciones, uno de los grandes motores de la economía del país. Debilitar el
yen, considerado una moneda refugio en tiempos de crisis, es uno de los
objetivos de las medidas del Banco de Japón, cuyo gobernador, Masaaki Shirakawa, advirtió de que la
fortaleza de la divisa puede perjudicar a la economía a corto plazo.
Además de por el yen,
las exportaciones niponas, que representan el 40% del PBI del país, se han
visto lastradas por la desaceleración de China, primer destino de las ventas
niponas, con casi un cuarto del total y otros aliados comerciales de Japón. En
este contexto, Shirakawa destacó, en una rueda de prensa, que se espera que la
vuelta de Japón a la senda de la recuperación moderada se retraso unos seis
meses a partir de la primera mitad del presente año fiscal, que concluye en
marzo de 2012. También expresó su satisfacción por las medidas de estímulo
anunciadas por la Reserva Federal de EEUU y por la decisión del Banco Central
Europeo de adquirir deuda soberana de países sujetos a asistencia financiera.
La ampliación decidida por el instituto nipón es la primera del programa de
compra de activos desde abril. Busca, según el emisor, asegurar la vuelta de la
economía de Japón a la senda de un crecimiento sostenible con estabilidad de
precios.
Cómoda en su lugar en
el mundo, el Salón de la Mujeres del Bicentenario y por cadena nacional, la
presidente Cristina Kirchner anunció
que se elevaría de $270 a $340 uno de los iconos de su gestión, la Asignación
Universal por Hijo (AUH), lo que sería equivalente a una mejora del 25,9%. Al realizar el anuncio agregó una
advertencia hacía los supermercadistas en la que los intimó a no trasladar esa
suba a los precios de las góndolas. Afortunadamente luego aclaró que quienes aumentan los precios son los
empresarios, y no el Gobierno, dijo, pero aun así olvido explicar que
los porcentajes de aumentos en las góndolas tienen exclusivamente que ver con
la inflación. Si no fuera así su administración no tendría que aumentar los
montos de las AUH, para ajustarse a la inflación acumulada en lo que va del año.
Durante el anuncio, la jefa de Estado explico que esta modificación en el esquema de las AUH,
implicaría una suba en las transferencias estatales para los recursos asistenciales
de $5.200 millones para llevar el total
a $29.360 millones por año. Es importante ver y analizar el número final,
teniendo en cuenta que hace aproximadamente algo más de dos años en el congreso
se voto y aprobó la ley que llevaba la jubilación mínima definitivamente al 82%
con movilidad sobre el salario mínimo vital inmóvil.
Por aquel entonces la Presidenta veto la ley, con el argumento de que
significarían $30.000 millones al año y así se fundiría el estado. La única
lectura que queda por hacerse, sería que alimentar vagos no funde al estado,
sino que le suma votos, pero que nuestros mayores tengan una jubilación digna
si lo hace. Rara forma de ver las cuentas del estado que tiene nuestra querida
presidenta. Indicó que esta mejora significará, en conjunto, un desembolso
equivalente a casi el 2% del PBI, entre
el 1,7 y el 1,8. El aumento de las AUH es similar a la inflación
estimada por cualquier consultora privada y la acción gubernamental tiende a
dinamizar el consumo. Fue en ese sentido, que Cristina reclamó a los
supermercados no incrementar los precios ante esta medida. Le vamos a pedir a todos los supermercados y
formadores de precios que habida cuenta que han cerrado todos los convenios
colectivos, que no aumenten los productos de la canasta básica, advertía la
presidenta en la Casa Rosada. La mandataria se quejó ridículamente de que cada
vez que se aumentan las asignaciones también suben los precios de los artículos
básicos y pidió en este sentido la colaboración de todos los argentinos para ayudar al Estado a prevenir maniobras
especulativas, ¿Cómo, el estado por definición no somos los ciudadanos? Es
increíble que altura de las circunstancias se siga confundiendo el concepto de
gobierno de turno y estado. Cristina dijo que su Gobierno espera
beneficiar a más de 6,5 millones de niños y menores de 18 años con sus
programas de asignaciones sociales, aunque olvidó mencionar que el sistema es por donde se lo analice,
imperfecto, sobre todo en su implementación y distribución del dinero público.
Pero parece que el
ejecutivo se propuso mejorarlo, siendo
más justos y más equitativos, ¿Cómo?, cubriendo la franja de trabajadores
con sueldos entre $5.200 y $7.000 que no reciben ningún tipo de plan. Entonces, se establece un nuevo tope para
percibir las Asignaciones Familiares, en donde la suma de los ingresos del
padre y la madre no podrán superar los $14.000. Se crea un nuevo rango para
quienes no percibían asignaciones. Quienes antes no percibían Asignaciones
Familiares ni podían deducir del Impuesto a las Ganancias, ahora estarán
cubiertos. Todos los grupos familiares del país recibirán un beneficio por
hijo, ya sea recibiendo la asignación familiar o deduciendo del impuesto a las
ganancias. Aquellos grupos familiares
que perciban haberes brutos superiores a los $14.000, pueden deducir hasta
$7200 anuales por hijo. Increíble, "La Asignación Universal por
Hijo es el Programa de transferencia de recursos condicional más importante e inclusivo,
pero son incompatibles la inclusión y la inflación que por definición margina.
Sin embargo desde la administración nacional entienden que de esta manera, se eliminan inequidades
regresivas del sistema, posibilitando que el gobierno proteja a todos los
trabajadores argentinos.
Los cálculos
preliminares sobre cómo se movería la variable en agosto y septiembre fueron lo
suficientemente auspiciosos, como para garantizar el resultado final. Incluso, desde el
Ministerio de Economía, ya se espera que el año termine con un resultado
positivo entre exportaciones e importaciones algo más holgado, llegando a US$12.000 millones. Así el
Gobierno se garantizo la meta económica más importante que se fijó para este
2012, los US$10.000 millones de superávit comercial. Pese a esto, nada
cambiará en cuanto a la flexibilización del cepo cambiario. En este sentido, lo mejor que se podrá
esperar, es que se mantengan las cosas como están hoy. Lo que inclusive
resultaría poco probable. Varias oficinas públicas trabajan diariamente para
resolver cómo restringir más las compras de dólares en cualquiera de sus
formas. Los datos que alentaron al equipo de Economía que maneja el ministro Hernán Lorenzino, fueron entre otros el
saldo de agosto que había dejado entre ventas y compras al exterior cerca de
los US$1.000 millones. Se
mantendría así el saldo promedio que se viene manifestando desde febrero pasado
y que llevó a acumular hasta julio un resultado positivo de US$8.350 millones, concluyendo con la meta
propuesta antes de que finalice el mes en curso. Septiembre, finalizará con una
balanza a favor acumulando aproximadamente US$9.500 millones, con lo que en
septiembre la meta de los US$10.000 millones como decíamos estará asegurada.
Si se mantuviera entre octubre y noviembre el mismo ritmo, algo muy posible, se
completaría el resultado de US$12.000 millones.
Se superarían incluso los US$10.014 millones
de 2011, la pauta original que el Gobierno quería garantizar. Dos datos
alientan la perspectiva positiva para esta variable. Según el cálculo oficial, aún restan liquidar exportaciones de soja por
unos US$9.000 millones, que representan un 24% aproximado del total de
la cosecha anual. Más allá que los productores estén en plena etapa de
especulación sobre el mejor momento y el mejor precio para liquidar las ventas
de los commodities; se cree dentro del Gobierno que no podrán esperar más allá
de octubre o noviembre, y que podría haber cierta estabilidad en los actuales
precios de la soja dentro de 640 dólares la tonelada, tendencia que viene marcándose
mes a mes. Se espera además una mejora sustancial desde este mismo mes en
cuanto a un aumento en las ventas hacia Brasil, especialmente en el rubro
automotor, algo difícil pero no imposible. Según los datos que llegan desde
Brasilia, habría un repunte leve pero sostenido en la economía del país vecino,
lo que repercutiría en una mejora en los pedidos de unidades desde ese mercado
siempre y cuando Argentina respete medianamente los contratos que tiene al
menos con este país. El rubro vehículos para transporte de personas fue lo más
perjudicado en el año, con lo cual una recuperación será más que bienvenida. Pero como siempre el saldo positivo en la balanza comercial
tiene su costado negativo. Para lograrlo el Gobierno
le dio luz verde al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para que
aplique sus métodos para las importaciones. Así, mientras el acumulado anual hasta julio de
exportaciones llega a una caída del 1%, el de las compras del exterior alcanza
al 5% de baja, y creciendo. En lo que va del año, las ventas externas llegan a
los US$47.029 millones, contra los US$47.371 millones de 2011, mientras que las
compras fueron de US$38.679 millones contra US$40.909 millones en 2011.
La
política del multifacético secretario no logró discriminar en su acción
uniforme entre importaciones productivas y de consumo, llegando incluso a
mostrar una caída del 19% acumulado en las compras de bienes de capital y del
6% en bienes intermedios, los dos ítems que se relacionan con la necesidad de
sostener la producción nacional. Los bienes de consumo final, los que en teoría
sí molestarían a los fabricantes locales, bajaron un 11%. El problema más importante para la balanza
comercial está concentrado en el capítulo de combustibles y lubricantes. En lo
que va del año, el Gobierno importó por US$6.250 millones, y se estima que para
todo 2012 la cifra superaría los US$11.000 millones. Si incluso la
economía se recuperara aún más, la cifra sería mayor. Las exportaciones fueron
débiles y completaron hasta julio unos US$3.791 millones; lo que implica un
déficit acumulado de US$2.459 millones, cifra que podría superar largamente los
US$5.000 millones en el año. Economía está hoy en medio de un cálculo central,
saber cuál será el saldo final de este déficit de combustibles y calcular a
cuánto llegará la cifra en 2013, aunque ese número ya está “estimado” y
plasmado en el Presupuesto nacional que este mismo mes Hernán Lorenzino
presento en el Congreso. Y las miradas hoy se centran casi en su totalidad
hacia las decisiones y las negociaciones que pueda concretar el CEO de YPF, Miguel Galuccio, para determinar si las
cifras de importaciones a través del estatal Enarsa pueden ser mejoradas. El
nuevo CEO de la petrolera expropiada no se encuentra bien parado ante semejante
desafío, aun peor, la mejor decisión hubiera sido seguir trabajando en el
exterior y nunca haber vuelto a intentar levantar sólo con mentiras una de las
empresas más complicadas en la Argentina hoy.
Con
sólo transitar sus calles principales, aparece a la vista de todo visitante la
majestuosidad de las empresas públicas, los organismos del Estado y no pocos
ministerios que muestran a los incrédulos los logros del Gobierno. Eso sí, la
memoria es corta y la historia se remonta a muy pocos años atrás como si antes
de los tres mandatos que lleva esta administración en el poder, en la Argentina
no hubieran existido por ejemplo la industria nacional, como puede verse
claramente en el stand del Ministerio de Industria, donde la misma ha tenido
trascendencia solo a partir de 2003. Y así continua la muestra. Tecnopolis no
sólo es una feria, si aún viviera sería la envidia de Joseph Goebbels,
ministro de propaganda del tercer Reich. Es también la obra maestra de la
sofisticación del aparato de propaganda oficial. Como siempre los ejemplos
abundan, el mundo ferroviario, de acuerdo con lo que se desprende de la
estructura de la Administración Nacional de Infraestructura Ferroviaria (ADIF),
es un camino sin retorno hacia la modernidad y la felicidad en los rieles, por
supuesto sin mencionar la tragedia de Once que dejó un saldo de 51muertos
ningún funcionario entre rejas, convirtiéndose en el accidente ferroviario más
grande que se conoce en la historia.
Vialidad
Nacional, uno de los íconos de civilidad territorial de la Argentina, es otro
de los ejemplos y también parece haber construido caminos, rutas y autopistas
desde que el kirchnerismo llegó al poder. Sin embargo no solo no es así sino
que aún la degradación que siguen utilizando es la que en 1976 había proyectado
durante el proceso de reorganización nacional, Osvaldo Cacciatore. Enarsa es
una pujante petrolera que ha logrado imponer la energía renovable no sin descuidar
el crudo como baluarte de su actividad. Pero la petrolera estatal, Energía
Argentina (Enarsa), empresa que nació en diciembre de 2004, tiene la
titularidad de los permisos de exploración y concesiones de explotación de
todos los bloques ubicados en la plataforma continental (offshore). El devenir
de la petrolera no está reflejado en el stand. Con los años, la compañía que
según su balance, tiene 40 empleados que cobran, en promedio, un sueldo bruto
de $16.007 se convirtió en un vehículo mediante el cual el Gobierno compra
combustibles al exterior para palear la crisis energética. Hasta el 31 de julio
pasado, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), Enarsa
consumió $8615 millones, 83% más que lo que devengó en el mismo período de 2011.
¿Qué significa semejante cifra? Aproximadamente la mitad de lo que lleva gastado
el Ministerio de Educación $15.694 millones o casi tres veces más de lo que se
destinó en el mismo período al Poder Judicial $ 3300 millones.
La
economía de la Argentina según Tecnópolis es muy distinta a la que se da en la
realidad, no se habla de empresas deficitarias ni de sectores que sólo resisten
por el tamaño de la billetera oficial. En la feria los números, la historia y
la realidad se cuentan solo desde el prisma oficial. YPF, cuyo logo sumó una
bandera argentina, es la primera estación. Estamos desarrollando intensivamente
los reservorios no convencionales y contamos con 20 nuevos equipos de
perforación. Vaca Muerta es el primer desarrollo masivo no convencional fuera
de Estados Unidos, se lee en una pared del stand. Pero Miguel Galuccio, CEO de
la compañía confiscada a Repsol, ha reconocido que el yacimiento deberá ser
desarrollado con dinero propio, ya que pese a los esfuerzos por seducir
inversores, no se ha logrado convencer a los petroleros de poner dinero, y las
20 nuevas perforadoras también deberán comprarse con dinero de los
contribuyentes. Luego vale la pena parar en Nucleoléctrica Argentina (NASA). La
compañía, con 2167 empleados que tienen un sueldo bruto promedio de algo más de
$22.000, es la encargada de operar Atucha I y terminar la construcción de
Atucha II. Nada se dice en el stand sobre los aportes del Estado que recibió la
empresa por $1864 millones en 2012, lo que significa 580% más que en 2011. Tampoco
se hace referencia a la puesta en marcha que la presidenta Cristina Kirchner
encabezó en septiembre del año pasado, en plena campaña electoral.
Atucha II nunca arrancó y solamente se hizo una
prueba en las serpentinas que enfrían el reactor. La planta está sin terminar y
es incierta la fecha en la que podrá empezar a producir energía, pese a las
promesas oficiales de que iba a estar en marcha el año pasado. La generación
hidroeléctrica también tiene su lugar, en el no hay referencia de la quiebra
del sector eléctrico que se produjo por el aumento del consumo y las tarifas
congeladas pero si se puede encontrar la propaganda de la construcción de las
presas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, dos centrales hidroeléctricas que se
emplazarán sobre el río Santa Cruz. Eso sí, la historia no cuenta que fueron
rebautizadas y anunciadas tres veces, y que alguna vez se adjudicaron pero que
ahora se cotizaron 35% por encima de los primeros números. El primer anuncio
fue el 14 de abril de 2008 y se llamarían "Cóndor Cliff", ahora
Kirchner y "La Barrancosa", ahora Cepernic. Por entonces, el costo
estimado era de $16.000 millones; ahora se prevé un desembolso de $21.000
millones. Lo que sí se puede ver en cada rincón de Tecnópolis es el poder del
Estado empleador. Cada lugar tiene decenas de empleados, el Estado se ha
convertido en el sostenedor del nivel de empleo en la Argentina. Alrededor de
300 empleados por día ingresan a la administración pública, sea nacional,
provincial o municipal, o a las empresas públicas.
¿Cuáles
son los organismos externos que financian hoy al país y en qué medida lo hacen?
Descartado al FMI, que exige condiciones imposibles de cumplir para un gobierno
que, entre otras irregularidades, manipula las estadísticas oficiales, y los
mercados voluntarios de deuda, que ubican al país como uno de los más riesgosos
de la región, quedan el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la
Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Mundial (BM). La ayuda de este
último, incluso, pende de un hilo, debido a que los cruces con España por la
expropiación de YPF y los roces con Estados Unidos por no cumplir con los
fallos del Ciadi, el tribunal arbitral de ese organismo, hacen que estos países
voten en contra del otorgamiento de crédito a la Argentina. Por eso pensemos en
la Argentina de hoy cual si fuera un cliente de cualquier banco que se acerca
un cajero a realizar una extracción, sin embargo en el cajero se encuentra con
dos posibles dificultades. La primera, cada vez tiene menos cajeros
habilitados, y la segunda que estos le entregan mucha menos cantidad de dinero
de la que solían facilitarle antes. Así estamos a la hora de acudir a los
mecanismos internacionales de crédito en busca de una ayuda económica que le permita
encarar grandes obras de infraestructura, proyectos productivos o planes de
asistencia social.
La
cancelación de la deuda con el FMI en 2005, no fue casual, e implicó la
desaparición de la principal fuente de desembolsos de los organismos internaciones
para la Argentina, la posibilidad por parte del gobierno de hacer y deshacer a
sus anchas respecto de los mercados, de todo tipo de mediciones, y por último
el reemplazo de FMI por el BID y el Banco Mundial. Si bien la Argentina sigue
siendo el tercer destino en la región de la ayuda oficial al desarrollo y otros
flujos de financiamiento público internacional, con una participación de 8,7%,
detrás de Brasil (20,4) y México (17,8), hay países que se le acercan a gran
velocidad gracias a una mayor recepción de préstamos en los últimos años. Como
Perú y Colombia, dos buenos ejemplos de esto con 7,3% y 7,1%, respectivamente. Entonces,
¿Son importantes las sumas que estos organismos vuelcan en el país? Una sola
comparación basta para responder la pregunta, en 2000, en lo que se conoció
como el blindaje financiero, el FMI le prestó US$40.000 millones, suma que
supera en 30.000 millones a lo entregado por el BID y el BM juntos en los
últimos cinco años. El dinero que llega al país en estos días es el mismo que
se necesita durante el año para pagar los vencimientos de préstamos anteriores.
Según se detalla en su página web, el BID desembolsó US$1216 millones, en 2008;
1688 millones, en 2009; 1437 millones, en 2010, y 1267 millones, en 2011. El BM
informo que en los últimos seis años prestaron a un promedio de US$1400
millones por año. El país tiene 39 proyectos con esta entidad, en
infraestructura, desarrollo humano y medio ambiente. El monto de la cartera es
de US$7096 millones, de los cuales 3900 ya fueron desembolsados. La razón del
gobierno norteamericano para votar en contra es el incumplimiento argentino de
las sentencias del Ciadi en favor de dos empresas estadounidenses. En la sede
diplomática aclararon, no obstante, que esta política no debe ser interpretada
con la visión general de la relación bilateral.
En
un contexto mundial en el que los precios de las commodities y las bajas tasas de interés en los mercados de
deuda voluntarios han tornado a los países en desarrollo menos dependientes de
los organismos internacionales de préstamo, parecería que la posición argentina
no es del todo descabellada. Salvo por un detalle, el riesgo país es el más
alto de la región después de Venezuela, y por ello se le aplican tasas de
interés mucho más altas, de hasta el 15% mientras que el promedio de la región
ronda el 3,5%. Por otro lado, el foco de estas entidades ha girado hacia
proyectos de desarrollo social, en desmedro de los de infraestructura, un
frente donde el país viene acumulando déficit. Hasta ahora, si bien es verdad
que la mayor parte de los fondos recibidos ha ido a proyectos sociales. Desde
2003 financiaron los Planes Jefas y Jefes, construcción de viviendas sociales y
hoy también financia la Asignación Universal por Hijo, y el Plan Nacer, según indican
desde el BM. De todos modos, la mayor fuente de financiamiento externo en
economías emergentes debería ser la inversión extranjera directa. Bien lo sabe
Miguel Galuccio, presidente de YPF, quien admitió que la petrolera estatal
necesita socios, dijo el ejecutivo, en lo que sonó más a una súplica que a una
futura política de la petrolera.
“Se terminó, nos vamos”. Con esta acción, el funcionario hizo fracasar la asamblea de accionistas
de Papel Prensa. Pero ese gesto fue el último de una serie de agresiones verbales que reiteró
durante 90 minutos, contra los accionistas privados de Papel Prensa, hasta que
se retiró, sin que se pudieran tratar los temas del orden del día. Después de
una hora y media de hostigar a los directores de Papel Prensa y a todo aquel
que no representara al Gobierno, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno,
desalojó a los representantes del Estado en la asamblea que estaba realizándose
en la empresa. Por eso, se postergó la
reunión para el día siguiente, con el objetivo de aprobar balances,
analizar la actuación del directorio, designar las autoridades y que los
representantes del Estado vuelvan a participar de la asamblea. Moreno, a los gritos, les prohibió hablar a
los directores de la empresa obligó a retirar a las personas que estaban
al lado del presidente de Papel Prensa, Guillermo González Rosas y hasta quiso
copresidir la asamblea, y luego se retiró. En un momento, y en una actitud
bizarra, el segundo de Moreno y director del Estado en Papel Prensa, Pablo
Cerioli, que tenía una bolsa de plástico con la leyenda “Clarín Miente”, de la
cual sacó y se puso a repartir unos llaveros con la foto de la Presidenta de un
lado, y del otro lado decían: “Clarín, Cadena Nacional del desánimo,
Ocultamiento, Desinformación, y Miedo”. Era tal el escándalo generado por los
funcionarios del Gobierno, que llamó por teléfono la jueza a cargo de la causa
María Cristina O’Reilly quien había decidido dos semanas antes que se realizara
esta asamblea, habló con Moreno y González Rosas para tratar de encauzar esa
reunión. La jueza dice que hay que suspender la asamblea, por exceso de
violencia, decía el secretario al tiempo que vociferaba que el Estado no
estaba dispuesto a soportarla.
Sin embargo el único que provocaba cada uno de los actos
violentos era él. “Acá hay gente que tiene las manos manchadas de sangre”,
vociferó Moreno, luego de hablar con la jueza. En cambio, el presidente de
Papel Prensa aseguró que la misma magistrada le había dicho, después de hablar
con Moreno, que no había que suspender la asamblea y que el encargado de mantener
el orden era solo el. Moreno también había generado otro escándalo similar en
el despacho de la jueza O´Reilly, cuando delante de una decena de personas
blanqueó el interés del Gobierno en la causa del grupo Vila Manzano contra
Cablevisión e insultó a los gritos a un asesor legal de Papel Prensa, a quien
le dijo que era un “chorro”, “ladrón”, “tarado”, “estúpido”, “cómplice de un
asesino” y que tenía “las manos manchadas de sangre”. La acción de Moreno en la
asamblea de Papel Prensa hizo recordar la actitud que también tuvo el mismo
secretario hace dos años, en aquella ocasión anterior fue a una asamblea de la
empresa, con unos guantes de boxeo, un casco y exigió que no se votara. En esa
ocasión dijo, a los gritos, “No se va a votar bajo ningún aspecto lo que quiere
el sector privado. Soy claro y contundente. Nosotros, empezando por el
secretario de Estado Moreno, más toda su gente, se banca lo que se tiene que
bancar. No voy a
entregar la palabra. Todos mis funcionarios varones se bancan lo que tengan que
bancarse. Acá no se vota. “¿Está clarito?”.Después de esa patoteada, la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo confirmó a Moreno como el
funcionario encargado de intervenir en todos los temas vinculados con Papel
Prensa, donde el Estado es socio minoritario en la empresa que integran Clarín
y La Nación.
La involución
del mercado inmobiliario, es decir, construcción, compra, venta de propiedades
inmuebles ha decrecido muy por encima de todos los porcentajes registrados en
los últimos nueve años. Por consiguiente esta situación se refleja en el
otorgamiento de créditos hipotecarios que como es lógico vienen mostrando una
franca desaceleración en los últimos meses, ante la disminución de la actividad
inmobiliaria, pero especialmente por la imposibilidad de comprar dólares con
los pesos provenientes de ese tipo de financiamiento. El mes pasado, por ejemplo,
el stock aumentó sólo $391 millones, lo que representó una caída de casi el 39%
respecto del otorgamiento del mes anterior. La caída es aún más significativa
si se la compara con la expansión del crédito hipotecario que se observaba en
2011. En el último trimestre del año pasado, por ejemplo, el otorgamiento
promedio se había ubicado en $950 millones mensuales. Esto significa que ahora
el volumen que se mueve apenas supera la tercera parte. El stock de préstamos
hipotecarios otorgados por los bancos suma un total de $30.764 millones, según
la última información divulgada por el Banco Central. Representa menos del 2%
del PBI, uno de los ratios más bajos del mundo. El incremento mensual de la
línea hipotecaria llegó al 1,4% el último mes, cuando el stock de préstamos
creció mucho más, un 3,3%. Se estima que la reducción será aún más pronunciada
en los próximos meses.
Sucede que
quienes tenían preaprobada su carpeta ya no pueden sacar el préstamo en dólares
ni al tipo de cambio oficial, por las disposiciones oficiales que impiden que
las operaciones inmobiliarias se realicen en esa moneda. Una vez que se
terminen de modificar esas carpetas, siempre contando con que el cliente así
desee, entonces se supone que la reducción será mucho más pronunciada. Son
pocas las operaciones de compra de inmuebles que se cierran en pesos, por lo
que bajaría el interés de los que precisan un préstamo para comprar su primera
vivienda. Una de las medidas adoptadas por el BCRA la entidad que preside
Mercedes Marcó del Pont fue, justamente, impedir que se compren dólares al tipo
de cambio oficial aplicando un préstamo hipotecario. La explicación que dieron
en la institución fue la existencia de una situación inequitativa, “Los que
tienen que comprar una casa en efectivo no pueden comprar dólares, pero sí
estaban en condiciones de hacerlo los que acceden a un crédito hipotecario”. La
caída superior al 70% que se observa en el mercado inmobiliario está en línea
con las dificultades para cerrar operaciones en dólares. El vendedor quiere
cobrar en divisas, pero el comprador se resiste a pagar en moneda dura, ante la
imposibilidad de acceder al mercado cambiario oficial. Y si optan por comprar
dólares en el paralelo, tienen que pagar una cotización de $6,25 en vez de $4,60,
por lo que la transacción se encarece más de un 30%.
El rubro que
más aumentó es el descuento de documentos, a un ritmo del 6,4%. El Banco Ciudad
es el más activo en este tipo de financiamiento, ya que ofrece tasa fija a 20
años. Sin embargo, en caso de que finalmente prospere el proyecto que le quita
los depósitos judiciales, una de las principales consecuencias sería la
eliminación de la tasa fija por la variable. Otros bancos públicos también son
activos en el otorgamiento de préstamos hipotecarios, como el Nación o el
Provincia, pero con niveles mucho más bajos que los de la entidad porteña. Los
privados, en cambio, se dedican sobre todo a líneas personales, pero la falta
de fondeo a largo plazo les impide otorgar financiamiento para la compra de
inmuebles. Este bajo dinamismo en las líneas hipotecarias llevó al Gobierno a
anunciar la línea Pro.Cre.Ar, que ofrece fondos frescos a través de la ANSES
para quienes construyan viviendas. Hasta el momento se realizaron las dos
primeras licitaciones de quienes buscan crédito para construir en sus propios
terrenos, aunque no se aprobó ningún crédito. En lo que refiere a la aplicación
de tierras fiscales para los que no tienen terreno propio, la situación está
aún peor ya que en muchos casos están ocupadas o requieren más trámites para
afectarlas a la construcción de viviendas.
A través del decreto, 1382/2012 publicado en el
Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la creación de la Agencia de Administración de Bienes del
Estado, que reemplazará a la vieja ONABE. Será esta una nueva versión del viejo organismo ahora descentralizado en
el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con autarquía económica
financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuar en el ámbito del
derecho público y privado. El Gobierno decidió así sorpresivamente
disolver el Organismo Nacional de
Administración de Bienes del Estado (ONABE), que estaba en la órbita del
ministerio de Planificación a cargo de Julio
De Vido, y pasar el control de esos inmuebles a manos de la Jefatura de
Gabinete de Juan Manuel Abal Medina,
otra clara muestra de limitación a los poderes que durante mucho tiempo ostento
el ministro de planificación federal, entre otras cosas. Asimismo,
dentro de este nuevo organismo se decidió crear el Registro Nacional de Bienes
Inmuebles del Estado, que tendrá por objeto ingresar, registrar y dar de baja
los bienes inmuebles que integran el patrimonio del Estado Nacional.
Al respecto, el decreto estableció que dentro del
plazo de 90 días hábiles de la entrada en vigencia de la presente medida, y a
fin de la conformación de la base de datos del Registro, las jurisdicciones y
entidades deberán informar sobre la existencia de inmuebles propiedad del
Estado Nacional, así como sus condiciones de uso y personal afectado al mismo.
La Agencia tendrá entre sus objetivos la
ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y
administración de los bienes inmuebles del Estado Nacional en uso,
concesionados o desafectados. También se encargará de la gestión de la información
del Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado y su evaluación y
contralor. Además, se ocupará de la coordinación de las políticas, normas y
procedimientos relacionados con los bienes inmuebles del Estado Nacional, el
control permanente de la actividad inmobiliaria estatal y la intervención en
toda operación inmobiliaria de la totalidad de las jurisdicciones y entidades
que conforman el Sector Público Nacional. La Agencia deberá coordinar la
adquisición o enajenación; la constitución, transferencia, modificación o
extinción de otros derechos reales o personales; la locación; y la asignación o
transferencia de uso de los bienes inmuebles. Ahora, la Agencia tendrá como fin
ajustarse a las políticas impartidas desde el Ejecutivo en materia de administración
de bienes, que contemplan el uso racional y el buen aprovechamiento de los
mismos, considerándoselos de índole estratégica para el proyecto de crecimiento
con inclusión social que lleva adelante el gobierno nacional. Según el decreto,
es necesario definir el uso y destino a otorgar a los bienes, teniendo en
cuenta como principios rectores la preservación del patrimonio inmobiliario, la
puesta en valor de los inmuebles con foco en proyectos de desarrollo local y
regional, la incorporación del valor social y la afectación de los mismos a la
ejecución de políticas públicas como salud, educación, medio ambiente,
producción, administración, vivienda, entre otros.
Existe una dispersión de
inmuebles en distintas jurisdicciones del Estado nacional que imposibilita su
disposición y administración integral por parte del Poder Ejecutivo, siendo
necesario contar con una herramienta de administración de inmuebles que
posibilite disponer de los mismos de manera ágil y dinámica para la formulación
de los diversos planes, programas y proyectos difundidos por sus diversas
jurisdicciones. Además, desde la Casa Rosada aclararon que en términos
cuantitativos, existe una importante cantidad de bienes inmuebles dentro del
universo en uso, desafectado y concesionado, que al momento se hallan
subutilizados en las diferentes jurisdicciones del Estado nacional, resultando
menester el perfeccionamiento de su gestión. Ahora bien, en líneas generales lo
transcrito en el artículo es lo que dice la norma pero como estamos en Argentina,
la realidad es algo más complicada y mucho menos transparente. El decreto
realmente busca que ya no se generen en el futuro investigaciones judiciales
respecto de la compra de terrenos estatales por parte de funcionarios públicos
a precios viles, como ha sucedido hasta ahora por ejemplo con los negocios
inmobiliarios de la familia presidencial.
No alcanzo a declarar ante la Justicia pero, como buen
empresario argentino, sabedor de que guardaba varios muertos en el placard fue
zorro paciente, prolijo y sobre todo precavido. Héctor Ciccone falleció el domingo 3
de junio, pero antes de ello describió en una declaración que presentó su abogado certificada ante escribano
público, y respecto de la causa Ciccone, en ella con lujo de detalles
relato su reunión con el vicepresidente Boudou y su amigo Núñez Carmona. Junto
a su socio, el millonario José María Núñez Carmona, el vicepresidente y Don
Héctor se reunieron a mediados de 2010, cuando todavía era dueño de la imprenta que fundó junto
a su hermano Nicolás. Boudou quería transmitirle a Ciccone un mensaje simple pero
a la vez complejo A partir de ahora sabés
que hablar con José María, por Núñez Carmona, es lo mismo que hacerlo conmigo, le
dijo mientras señalaba a su compañero de toda la vida, que siguió las
negociaciones que terminaron con The Old Fund como accionista mayoritaria de la empresa que el Gobierno estatizo por estos días y según consta en la
declaración. Así Amado Boudou negoció en forma personal la compra de la ex
Ciccone Calcográfica que terminó concretando la sociedad The Old Fund,
integrada por sus viejos amigos de Mar del Plata.
Ese escrito es una descripción de todo el proceso de
compra de Ciccone Calcográfica, con detalles operativos y quizás financieros,
inclusive según fuentes judiciales incluiría
nombres y acciones de quienes participaron en el rescate de la imprenta.
Héctor Ciccone no dejó nada liberado al azar, le contó también a varios
interlocutores de confianza que había tomado estas precauciones jurídicas.
Boudou, Núñez Carmona y Ciccone se reunieron en 2010 en el bar I Fresh Market
que está ubicado en la esquina de Pierina Dealessi y Macacha Güemes, en Puerto
Madero según esta declaración que ya forman parte del expediente judicial del
caso, Núñez Carmona hizo gestiones para
que en la ex Ciccone se aceptara la llegada de The Old Fund. El relato
de Héctor Ciccone dice que Boudou quiso transmitir confianza en la reunión de
Puerto Madero. Tiempo antes, Núñez Carmona les había dicho a los Ciccone que si
le cedían a The Old Fund la mayoría de las acciones de su imprenta se les garantizarían nuevos negocios con el
Estado, como la impresión de papel moneda pero según relata Héctor, no
confiaban en él y de hecho no lo hicieron hasta la reunión con el por entonces
ministro de economía. Esa propuesta que luego fue avalada personalmente por Boudou,
aseguró a Ciccone la tranquilidad de que su empresa no terminaría en una
quiebra, así lo declaro ante su abogado y el escribano público.
Como todos sabemos en el 2010 Boudou era ministro de
Economía y tenía bajo su órbita a la Casa de Moneda, y recordemos que a fines
de ese año, él mismo le recomendó al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que
le diera una moratoria excepcional
a la ex Ciccone para que pudiera pagar su deuda con el fisco. Hasta que el
Gobierno intervino la ex Ciccone, The Old Fund controlaba el 70% de las
acciones de la compañía. El 30 restante estaba en manos de la familia Ciccone. El director de la firma era
Alejandro Vandenbroele, abogado y ex pariente político de Núñez Carmona, en la
Justicia consta que pagó expensas, el cable y el teléfono de un departamento
que Boudou tiene en Puerto Madero. A eso se suman otras pruebas, The Old Fund financió varios viajes por el mundo de
Núñez Carmona y Juan Bautista Boudou, hermano de Amado. La mayoría de quienes
formaron parte de la sociedad The Old Fund son amigos del vicepresidente,
Vandenbroele; Jorge Capirone, compartieron claustros en la Universidad Nacional
de Mar del Plata; y Sergio Martínez, otro marplatense muy cercano al vice y a
su socio. Niguno de ellos tenía
antecedentes en el manejo de una empresa gráfica. Ciccone era una de las
pocas compañías privadas del mundo capaz de imprimir dinero, y durante muchos
años fue contratista de varios gobiernos. Ya no quedan muchas dudas al
respecto, por eso quien conoce al vicepresidente Amado Boudou sabe lo mismo que
supo Héctor Ciccone en aquella reunión cuando se le explicó que hablar con
Núñez Carmona era lo mismo que hacerlo con él.
Cristina Kirchner está determinada a profundizar un
manejo centralizado en la toma decisiones. Solo ella decide que, como, cuando y
donde y esta determinación ha provocado un malestar generalizado dentro de sus
colaboradores más cercanos. Según parece la suerte política de muchos de sus
ministros se juega minuto a minuto y lógicamente la situación abrió internas en el Gabinete, una suerte
de lucha por sobrevivir en el poder. La pelea hoy se focaliza en la cartera
económica, donde las internas son cada vez más duras entre Axel Kicillof,
Guillermo Moreno, Julio De Vido, Mercedes Marcó del Pont y Ricardo Echegaray. Como ejemplo están Moreno y De Vido quienes
ya cedieron espacios, a la espera de algún fallido de Kicillof. La dureza
de la Presidenta hacia sus funcionarios ha generado desgaste hasta en una de
sus más nuevas estrellas, Miguel Galuccio el petrolero que en la Quinta de
Olivos debió retractarse de sus ansias de renunciar a YPF al enterarse por el
Boletín Oficial de la sanción de un decreto sobre petróleo. Los estados
alterados son comunes a todos los funcionarios nadie queda afuera, Amado Boudou
también lo sufrió en carne propia, la fuerte desautorización de Cristina
Kirchner en la Bolsa de Comercio, donde la
Presidenta mencionó y ponderó en su discurso una decena de veces a Adelmo
Gabbi, el archienemigo del vicepresidente.
Amado Boudou intentó suavizar la situación con la carta
personal que le envió a Adelmo Gabbi, en donde habla del litigio judicial entre
ambos, pero le desea a Gabbi un venturoso futuro y lo hizo solo porque el
vicepresidente ya conocía la decisión judicial de desestimar su denuncia contra Gabbi por falta de pruebas e
inconsistencia, al igual que ocurrió con la acción contra Esteban Righi. El
escándalo de la ex Ciccone quema en el seno del Gobierno y por eso se planteo
como prioritaria la declaración de utilidad pública la fabricación de papel
moneda y con ello la estatización, para cerrar el caso y cubrir a Boudou. Fue
en un principio una sugerencia de Julio Alak que concluyo desempolvando e
impulsó hasta el final el secretario de legal técnica de la nación, Carlos
Zannini. Con mucha satisfacción el titular de la agencia recaudadora AFIP, Ricardo
Echegaray también se sintió aliviado, porque vio en su reciente imputación judicial, aquella de la cual le había
advertido hace meses la Presidenta, a fin del verano cuando el jefe de
la AFIP aceptó que a pedido de Boudou, se le dieran beneficios excepcionales a
la ex Ciccone. Echegaray mostró la nota,
incriminando al vicepresidente. Esa conferencia de prensa irritó tanto a
la Presidenta, que en la intimidad se lo reprochó a el titular de la AFIP y el
se defendió y le dijo “Presidenta, no
podemos quedar pegados todos con estas imprudencias”, Cristina lo miró y
preguntó, ¿Y quién te asegura que vos
no vas a ir preso? Sin embargo esta situación procesal como todas se verá
diluida en el tiempo así como la causa entera. Echegaray tiene aparte fuego
cruzado por su desprolija instrumentación del corralito cambiario que habilitó
las críticas de Kicillof y de Moreno.
Por su parte el secretario de Comercio está en una
feroz interna con Kicillof y lo dice en sus habituales reuniones con
empresarios. También Moreno sostiene que hay diferencias ideológicas de fondo
entre ambos, así el afirma que en el
Gobierno conviven tres ideas económicas, la liberal desarrollista que
encarnan Boudou y Marcó del Pont, la comunista estatista de Kicillof y la mía,
que es auténticamente peronista. Y según entiende él es quien le lleva a la Presidenta resultados,
como el actual superávit comercial. Kicillof está al tanto de los ataques y por
eso avanzó contra el secretario de Comercio. Considera que sólo actúa sobre las
formas y nunca va a resolver las causas
del problema y además lo cuestiona por la inflación. El viceministro
pidió información sobre las relaciones de Moreno con el Mercado Central y el
negocio de La Salada. Quiere conocer si
de ahí surgen fondos no transparentes para financiar la estructura política y
de choque que tiene el secretario de Comercio. En el Gobierno se conoce
que hay informes de la SIDE en los que se menciona la existencia de favores financieros trascendentes a cambio de
protección política para expandir los negocios que son ilegales y no
superarían una simple inspección de la AFIP. Moreno ya llevó a esos empresarios a Angola y los convocará para otra
inminente misión a Brasil.
