ACTITUDES COMUNES

Casi podría decirse que por definición los lideres autoritarios tienen una característica de tantas, propia del estilo, que es la sutil forma en que los mismos sugieren que la historia sólo tiene sentido desde que ellos llegan al poder. Y ávidos de ser primeros en algo, el matrimonio Kirchner ha errado la adjudicación de dicha delantera en varias ocasiones. No fueron ellos los primeros mandatarios demócratas en juzgar las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, sino Alfonsín; tampoco revitalizaron ellos antes que otros la economía tras el desastre de 2001, sino Duhalde. Y nuevamente pocos días atrás, en ese afán continuo de querer primerear en algo, la presidenta Cristina Kirchner dijo que no hubo previamente a ella quien enviara un proyecto de ley de radiodifusión al Congreso desde la restauración democrática, en 1983, obviamente y para no variar volvió a equivocarse. En realidad está llegando tercera, detrás de Raúl Alfonsín (1989) y Fernando de la Rúa (2001), los presidentes radicales que la precedieron sin éxito en ese movimiento. Hubiera sido cierto, en cambio, si hubiese dicho que fue la primera mujer en hacerlo, o al menos más cierto que insistir en que es la primera presidenta de la historia argentina y desconocer a su no tan ilustre antecesora, María Estela Martínez de Perón. Pero si logra que antes de terminar su mandato el proyecto oficial enviado al Parlamento sea sancionado -ahí sí-, conseguirá algo realmente inédito que una ley de radiodifusión lleve al pie, por primera vez, la firma de un civil y no de un militar, lo que no es poco cosa. Su nombre quedará así inscripto detrás de los de Agustín P. Justo, Edelmiro J. Farrel, Juan Domingo Perón, Alejandro Agustín Lanusse y Jorge Rafael Videla, los otros jefes de Estado que en el pasado promulgaron leyes de medios.

De que hace falta una ley de radiodifusión a tono con los tiempos políticos y tecnológicos que corren no cabe ninguna duda. Pero ¿por qué la democracia le dio largos 26 años de supervivencia al decreto ley de Videla y ahora quiere hacerlo a toda velocidad, sin esperar la nueva conformación legislativa votada mayoritariamente el 28 de junio último? ¿Por qué el gobierno peronista de Carlos Menem (1989-99) no reguló los alcances de los negocios de los grandes multimedios y permitió la extranjerización salvaje del sector? ¿Por qué otro gobierno peronista, el de Néstor Kirchner (2003-07), profundizó esa tendencia al extender por diez años las licencias de los canales de TV y bendecir la fusión de Multicanal y Cablevisión, que acaba de respaldar la Corte Suprema de Justicia? ¿Y por qué un nuevo gobierno peronista, el que encabeza Cristina Kirchner (2007-11), aspira ahora a pasar de la desregulación extrema impuesta por sus predecesores a un virulento intervencionismo estatal que esmerile y controle la actividad privada en ese campo en general y del Grupo Clarín en particular? Hay más histrionismo que voluntad real y seria de reordenar equilibradamente el espectro telerradiofónico y de cable, no sólo por la épica pomposidad de los dichos presidenciales, sino también por el bullanguero acompañamiento de barras de militantes y la profusa distribución de literatura y afiches que están muy lejos de buscar objetividad alguna. La propia Presidenta últimamente viene vaciando de contenido el texto que se pretende sancionar, porque ya con anterioridad se anunció la conformación de un sistema satelital para la TV estatal y la nueva comercialización del fútbol, en tanto que es inminente la elección de la norma de TV digital que adoptará la Argentina. En su proceder de facto, de todos modos, tampoco será la primera de la fila también se le anticiparon los presidentes no elegidos que en el pasado legislaron en tópicos similares.