POLITICA DE SUBSIDIOS

Las cuentas del Estado argentino han venido exponiendo en los últimos años un creciente gasto en subsidios a empresas privadas como contrapartida de congelamientos tarifarios o fijaciones compulsivas de precios. A tal punto ha crecido esta partida que hoy supera holgadamente el gasto total en salarios del gobierno nacional. Debe sumarse, además, el creciente déficit de empresas estatizadas, que antes no demandaban recursos públicos pero que hoy constituyen una pesada carga para el bolsillo de los contribuyentes. El caso más emblemático es sin duda el de Aerolíneas Argentinas, su capital aún es de titularidad privada, pero es administrada por funcionarios designados por el Gobierno, que también absorbe una enorme pérdida del orden de 200 millones de pesos mensuales. El monto erogado en subsidios alcanzó en 2007 a 11.238 millones de pesos. En 2008 pasó a 34.465 millones y en 2009, a pesar de que el Gobierno se propuso reducir esa partida, se registró un aumento del 12 por ciento durante los primeros diez meses del año. Los intentos de recortar este gasto mediante fuertes incrementos de las tarifas de gas, electricidad y otros servicios encontraron resistencias y motivaron acciones judiciales de los usuarios que han trabado su instrumentación, y han metido al Gobierno en una encerrona de la que no podrá salir. Los retrasos acumulados son demasiado grandes y además los costos continúan aumentando. Es como una carrera en la que se parte de muy pero muy atrás.

El recurso de permitir aumentos diferentes en función del consumo para evitar ajustes sobre los grupos de menores ingresos encuentra limitaciones técnicas y comerciales. Además, es un camino imperfecto para cumplir con el propósito social. Es decir, un soltero con muy buen ingreso consume menos electricidad o gas que una familia numerosa pero pobre. En todo caso, el proceso inevitable de sinceramiento de las tarifas para que éstas cubran los costos exigirá tiempo y la instrumentación de programas de apoyo a los sectores carenciados que no puedan pagar el costo de los servicios. Esta sería una forma más justa y también más eficiente para el correcto uso de recursos y para una adecuada orientación y aliento a las inversiones. Los precios artificialmente bajos promueven consumos excesivos e innecesarios, como es el caso del calentamiento de piletas de natación. Además, ninguna empresa invierte más allá de lo estrictamente necesario si el retorno de esa inversión depende de un subsidio gubernamental; menos aún si el Gobierno entra en déficit.

El presupuesto de 2010 proyecta una reducción de 4000 millones de pesos en la partida de subsidios. Los recortes más relevantes se proponen en el sector de la energía y en las compensaciones de la Oncca al sector agroalimentario. No parece fácil lograr este objetivo en vista de las dificultades ya observadas en la materialización de los aumentos tarifarios y ante la evidencia de que la hipótesis de inflación del 6 por ciento del Presupuesto 2010 ya se puede considerar superada debido al arrastre de los aumentos registrados en el año en curso. La reducción de las compensaciones a la industria alimentaria también exigirá aumentos de precios de alto costo político y social, ya que impactan en la canasta básica. La situación fiscal ha dejado de ser holgada y más bien ha pasado a ser crítica. En definitiva, ha llegado la hora de la verdad sobre la política artificial de precios y subsidios que se introdujo originalmente para la amortiguación y retardo de los efectos inflacionarios de la macro devaluación de enero de 2002. Toda demora y postergación en llevar adelante el necesario ordenamiento lo hará más difícil y con consecuencias económicas y sociales más traumáticas. Aún así el gobierno mira para otro lado y no hay peor ciego que el que no quiere ver.