EL FALLO INAPELABLE

El fallo, que no fue apelado, y quedará firme salvo que alguien pueda demostrar que la realidad es que el juez y el fiscal actuaron conjuntamente con el perito, en forma fraudulenta, que tal vez falsificaron documentos, incurrieron sin lugar a duda en cohecho o menos probable fueron presionados. Tampoco olvidemos que el perito era nada más y nada menos que el propio contador del matrimonio presidencial. Entonces el fallo del juez federal Norberto Oyarbide refuerza las peores sospechas sociales que la maquinaria judicial en este caso formada por actores adictos al poder de turno, no está dispuesta a investigar a fondo las irregularidades de la política, incluso cuando las presunciones recaen sobre quienes tienen el mayor deber de transparencia. Pero, ya en la nota que publicáramos, el 18/09/2009 titulada “El largo brazo de la ley”, existía esta referencia al juez federal Norberto Oyarbide. En pocas palabras decía; “El juez Norberto Oyarbide, parece haber subido a su corcel cual caballero medieval, entonces con su armadura y lanza en mano intenta arremeter contra todo y contra todos. Ayer llamo a indagatoria a uno de los principales actores de este escándalo, Juan José Zanola, el controvertido titular desde hace treinta años de la obra social bancaria. Sin embargo algo se le escapa a este hidalgo caballero, y es que lamentablemente su lanza es de corto alcance ya que tanto Zanola como muchos otros implicados, tienen una estrecha relación con el matrimonio presidencial. Néstor Lorenzo, el empresario farmacéutico detenido por orden del juez Norberto Oyarbide, es socio mayoritario de droguería San Javier. A San Javier se la investiga por ser una de las principales productoras de expedientes falsos para arrancar al Estado, a través de la Superintendencia de Salud, subsidios para enfermos crónicos -en especial de cáncer y sida- inexistentes.”

Bien, mucho no hace falta explicar, entonces ahora y volviendo al tema, para lograr la revisión del fallo, que no fue apelado por el fiscal, no sólo hay que animarse a formular semejantes acusaciones, sino que, además, hay que estar en condiciones de probarlas. Sin embargo existe una resolución de 1971, de la Corte Suprema, en el caso Campbell Davidson, admitió que se plantease una acción contra la cosa juzgada fraudulenta. Esa vía de revisión, sí, prosperó en algunos casos excepcionales, en efecto, cuando la ex presidenta Isabel Perón fue sobreseída de haber cometido irregularidades en la Cruzada de la Solidaridad, la Corte anterior a 1983 dejó sin efecto esta medida. Y, con el regreso de la democracia, hubo más casos. A partir de 2005 la Corte argentina admitió la reapertura de las causas contra la represión, aun cuando los militares imputados hubieran sido sobreseídos o absueltos. En casos de violaciones a los derechos humanos, la vía de revisión fue admitida. Más recientemente, en 2007, hubo otros. Por ejemplo, la Cámara Federal porteña, en la causa AMIA, luego de la destitución del juez federal Juan José Galeano, reabrió varias causas que habían terminado por sobreseimiento. En principio, un fallo que no es apelado en el plazo que establece la ley queda invariablemente firme, por más que su contenido sea escandaloso o disguste a la sociedad. Un fallo injusto, incluso escandaloso, si está firme, no puede ser revisado la injusticia no se corrige con más inseguridad jurídica, por más que esto suene difícil de comprender. De todas formas, la sociedad no repara en tecnicismos, solo espera de la Justicia resultados creíbles. Por ahora, lo que queda verdaderamente en claro para la sociedad es que la Justicia, una vez más, parece haber consagrado la impunidad de quienes ocupan los más altos cargos de poder.

En la historia argentina, sobran los dedos de una sola mano para contar condenas en casos de corrupción. Si algo debía esperarse de una acusación de corrupción contra los Kirchner, es que hubiera sido investigada con profundidad quizá, los Kirchner puedan justificar sobradamente el contenido de su declaración jurada, pero el juez y el fiscal debieron dejar en claro que hicieron todo lo posible para descubrir las eventuales irregularidades y que no encontraron ninguna. Y hay, otro actor de este enredo, que brilla por su ausencia, la causa se inició con una denuncia de un particular, pero si la oposición hubiera aportado los datos de una investigación propia y profunda, realizada a lo largo de meses o de años. Semejante pesquisa, que no existió, le hubieran restado al juez y al fiscal la credibilidad que de todos modos, no tienen.