Argentina, y el lavado de dinero

El GAFI es un organismo intergubernamental, creado en los albores de los 90, con sede en París, que fue establecido por el Grupo de los 7 países más industrializados y que tiene por misión combatir el lavado de dinero. El organismo está integrado por 33 países, la mayoría de ellos desarrollados. En los próximos días llegará a manos del Gobierno la evaluación preliminar que hará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la Argentina, en ese informe que tendrá un tono crítico y que será muy voluminoso, la Argentina no cumple con el 40% de las recomendaciones establecidas por el organismo para perseguir el lavado de dinero, y esto no significa que el país haya cumplido con el 60% restante, sino que también se registran muchos incumplimientos parciales, de ahí lo critico y extenso del documento. El GAFI prevé mecanismos de autoevaluación que debe hacer cada país internamente para corroborar y comprobar el cumplimiento interno de las recomendaciones establecidas, y un mecanismo de evaluaciones mutuas, que está a cargo de especialistas de diferentes países de las áreas financiera, legal y operativa, fundamentalmente, quienes integran a su vez un equipo evaluador que visita cada país. En el caso de la Argentina, esta visita tuvo lugar en noviembre pasado, cuando vino al país un grupo de evaluadores que se reunió con funcionarios y personalidades del sector privado, para examinar cuánto avanzó o retrocedió el país desde el último informe de evaluación mutua sobre la Argentina, que había sido aprobado en 2004. En aquel viejo documento, se señaló, entre otras deficiencias, que la Argentina no había logrado ninguna condena por lavado de dinero y que había deficiencias en la actuación de la Unidad de Información Financiera (UIF, un ente oficial encargado del combate al lavado), que ejerce escasos controles.

Las cosas desde aquel entonces parece que no habrían cambiado demasiado, según el informe que se divulgará próximamente. La Argentina nunca fue un país perfectamente cumplidor. Cumplimos sólo cuando nos amenaza una sanción inminente, para adaptarnos, es decir, cuando las papas queman. En 2005, el GAFI envió al Gobierno dos cartas para expresar su malestar por distintos incumplimientos, y en 2007 logró evitar un llamado de atención gracias a que, a último momento, tipificó el delito de financiamiento del terrorismo. Este año, desde que José Sóbatela asumió como presidente, la UIF comenzó a aplicar sanciones a distintos bancos, quizá con la intención de mostrar mayor actividad y esquivar las críticas que, se descuenta, hará el GAFI. Pero el organismo comenzó a ser usado como un mecanismo de presión política sobre algunas empresas, por el ya conocido Guillermo Moreno como una nueva táctica. Pocos días atrás se realizo el VI Encuentro Nacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que organiza la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de dinero, y casi al mismo tiempo, aunque el informe preliminar todavía no está disponible para la Argentina, se descuenta, que el resultado y el diagnóstico del mismo no es nada auspicioso. La mala evaluación que recibirá la Argentina, sin embargo, no significará todavía que el país aparezca en la lista negra, donde está, por ejemplo, Ecuador. Por lo pronto, se trata de una evaluación preliminar, elaborada por los expertos que visitaron el país el año último, en un documento al que la Argentina le puede hacer observaciones o sugerir correcciones antes de que se redacte el informe final, que estará listo para la reunión que el GAFI celebrará en París, en junio o julio próximo.