Corrupción institucionalizada

Sin lugar a dudas, las relaciones con el chavismo les siguen deparando dolores de cabeza a los Kirchner y alimentando a una opinión pública en la que la mala imagen del Gobierno parece haberse instalado para quedarse. Esto se debe a que esta instalación de permanentes escándalos de corrupción en los medios, como ha sido, y por citar solo un ejemplo, el caso de las insólitas comisiones que pagaban a intermediarios empresas argentinas que exportaban maquinaria agrícola a Venezuela. Estos casos reducen notablemente las chances de que el ex Presidente remonte la cuesta que hoy lo muestra con un techo del 30% de votantes. Si el objetivo de Néstor Kirchner que es tan claro como parece, es decir, llegar a los comicios de 2011 con altas probabilidades de lograr el 40% de votos e imponerse ante una oposición muy debilitada y fragmentada sin llegar a un peligroso ballotage, el matrimonio presidencial deberá cambiar sin duda su estrategia. A Kirchner le queda la esperanza de vencer a todos sus rivales peronistas en la interna abierta del PJ para convertirse en una suerte de líder indiscutido del movimiento. Se trata de un deseo de difícil concreción, ya que prácticamente, ninguno de sus rivales en el justicialismo, y el primero ha sido Felipe Solá parece dispuesto a competir contra Kirchner en una interna. Es que, por un lado, difícilmente alguien que venza al ex presidente en una contienda interna estaría gustoso de llevar en la lista de diputados a candidatos kirchneristas. Y, por otra parte, las diferencias ideológicas entre un Kirchner y un Duhalde, o entre el primero y un De Narváez tornan utópica la idea de una coexistencia en un mismo partido político.

Ahora bien, volviendo al tema de corrupción y de imagen pública, es tradición, en Argentina que la corrupción en la administración pública sea asociada en el imaginario colectivo con sobres que se pasaban por debajo de una mesa o con bolsas llenas de dinero que se escondían en el baño de un despacho ministerial. Más recientemente, los mecanismos habrían alcanzado un nivel de sofisticación mayor, a tal punto que una coima podría aparecer disimulada como el pago de una comisión por servicios de intermediación de dudosa realización. Un ejemplo de las nuevas modalidades para hacer negocios con el sector público, es el mencionado anteriormente. Por ejemplo si una empresa propone una obra pública o un contrato con el Estado, puede ocurrir que, a propuesta del funcionario interviniente, se pacte un estudio de factibilidad del proyecto o el asesoramiento de una consultora normalmente extranjera, que cobrará jugosos honorarios por un trabajo muchas veces innecesario. El desmesurado monto por esos servicios, que abonará la empresa que pretende hacer el negocio, hará sospechar siempre el pago de un retorno al funcionario. Pero probar la existencia del delito no es nada sencillo, a menos que de una investigación sobre la ruta de ese dinero se desprenda que una parte llegó a manos de un funcionario, o que se demuestre una relación societaria o familiar entre éste y el comisionista. Y lo cierto es que en el caso de las coimas pagadas por empresarios exportadores de maquinarias agrícolas, las sospechas son muchas en función de que los porcentajes eran muy superiores a los habituales por esos servicios y por la posibilidad de que fueran los gobiernos argentino y venezolano los que indicaran los comisionistas a quienes los exportadores debían acudir forzosamente para aceitar las operaciones. Aun así, no habría que esperar ni rápidos ni concluyentes resultados judiciales en esta cuestión, después de los escasos avances de la Justicia en escándalos más resonantes, como el de Skanska o el "valijagate".