Acceso a la información publica

El libre acceso a la información pública es un derecho humano, vinculado a la libertad de expresión, reconocido por tratados internacionales que en la Argentina cuentan con rango constitucional. La última vez que el asunto se debatió en el Congreso fue en 2004. Dos años más tarde, el proyecto que había sido aprobado en la Cámara de Diputados perdió estado parlamentario. Fue después de que, a instancias de la entonces senadora Cristina Kirchner, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado introdujera cambios inaceptables para los promotores del proyecto original. En la actualidad, si fuera por la cantidad de proyectos presentados, al respecto podría concluirse que en el Congreso apareció, por fin, un punto de consenso, tanto el oficialismo como la oposición, ambos bloques coinciden en que hace falta sancionar una ley de libre acceso a la información pública. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados comenzaron el debate sobre el tema. Durante horas, expusieron directivos de Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y Fopea. En total, hay 20 proyectos de ley presentados 16 de la oposición, tres del kirchnerismo y uno del ex intendente de Morón Martín Sabbatella, de posturas cercanas al oficialismo.

La mayoría de las iniciativas en tratamiento en la actualidad garantiza la gratuidad de los pedidos de información y propone ampliar a los tres poderes el ámbito de aplicación de la ley. Como ocurrió en 2004, la discusión tendrá como punto de conflicto el alcance que tendrá la norma sobre las empresas privadas. Oficialismo y oposición consideran que las empresas que reciben subsidios o aportes del sector público nacional y aquellas que prestan servicios públicos deberán entregar la información vinculada con estos fondos o actividades. Pero los proyectos de Diana Conti (Frente para la Victoria) y de Sabbatella (Nuevo Encuentro) van más allá: prevén que cualquier ente privado que tenga fin público o posea información pública estará obligado por la norma. Para Laura Alonso (Pro), autora de un proyecto que propone avanzar en la publicación en Internet de gran cantidad de información en poder del Estado, el peligro de lo que propone el oficialismo es que información de empresas privadas que no tiene que ver con recursos públicos quede dentro de la órbita de la nueva norma. Al margen de las diferencias entre los bloques, las organizaciones civiles impulsan la sanción de una ley. La Argentina no se puede permitir un nuevo fracaso en la sanción de una ley de acceso a la información pública. Más de 15 países de América latina ya cuentan con este tipo de normas. Cuanto más sencillo y allanado es el camino para el acceso a la información pública, la tarea periodística podrá contribuir al control de los actos de gobierno, al fortalecimiento de la democracia y a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.