Una crisis política interminable

La crisis argentina hoy, no es solo política, es una crisis institucional de proporciones impensadas. La dirigencia política argentina ha profundizado su contradicción hasta el extremo, ya ni se acuerda lo que dicen las normas. La raíz del problema tiene un principio, claro, desde que el kirchnerismo perdió la mayoría en el Congreso, la política argentina se ha vuelto incomprensible, y también tiene dos motivos. La Presidenta y su esposo. Ellos y la forma en la que interpretaron la derrota del 28 de junio pasado. Ellos no creen que la ciudadanía pueda hacer un balance negativo de su gestión, no, ocurrió otra cosa, una conspiración organizada por parte de corporaciones que, con la prensa como referente, buscaron devastar una democratización de por sí exitosa. La creencia de que el triunfo opositor es hijo de una conspiración, alimenta un comportamiento patológico dentro del poder legislativo. Entonces, quienes triunfaron casi un año atrás carecen, de legitimidad. Así, en vez de acordar una agenda parlamentaria común con quienes les ganaron, los Kirchner actúan como si los comicios hubieran ratificado su manera de hacer política. El avance sobre los medios, la reforma del sistema electoral, la apropiación de las reservas del Banco Central, el aumento exorbitante del gasto y las estatizaciones con que fantasean algunos funcionarios, Telecom, una fracción de YPF, responden a una administración que quiere ignorar, en la práctica, que está en minoría en las dos cámaras, y a esa manera de hacer política del matrimonio presidencial. Si los títulos de la agenda del adversario son defectuosos, sólo cabe obstruirlos, y a este fin se dirigen por ejemplo, el retaceo del quórum y la amenaza del veto de las leyes que se juzgan inconvenientes.

Con el cambio de reglamentación para los DNU, en Diputados, los adversarios del Gobierno intentaron corregir lo que la Constitución del 94 entregó a los presidentes, por un plazo a determinar, facultades legislativas extraordinarias, salvo en temas tributarios, penales, electorales o de partidos políticos. Pero el empeño opositor no choca contra los Kirchner, sino contra la Constitución. Ahora bien, si las cámaras no pueden anular un DNU, como prevé la reglamentación actual, quiere decir que las decisiones del presidente tienen fuerza de ley entre la promulgación del decreto y su aprobación por el Congreso. Como es así, la oposición se propone acotar ese período a 60 días. Los rivales de los Kirchner descubrieron que Cristina Kirchner podría escapar de lo que le quieren imponer mediante el veto. De allí que, a pedido de Margarita Stolbizer, introdujeran una cláusula insólita, “Esta ley no podrá ser vetada" (artículo 19). Pero ¿cómo remover una facultad constitucional por ley? He aquí otra nota distintiva del momento político. La oposición, desesperada por mostrarle al electorado que es capaz de cumplir su mandato limitando al oficialismo, juega en el externo de la legalidad. Modifica impuestos con mayorías supuestamente dudosas, o reforma la Constitución sin gozar del poder constituyente. Este comportamiento está incentivado casi sin querer por la actitud del Gobierno. ¿O los adversarios de Cristina Kirchner serían igual de audaces, con los DNU o con el impuesto al cheque, si ella no hubiera anticipado que vetará lo que decidan? Quien ignore como diputado o senador de la nación, qué mayorías exige la Constitución para derogar la asignación específica de un impuesto, en qué se diferencian el veto de la promulgación parcial de una ley o qué recursos tiene un funcionario para no ejecutar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) sin incurrir en el delito de incumplimiento de sus funciones, mejor que dedique a otra cosa, pero no a legislar.