Los hijos de la discordia

La causa comenzó hace diez años y verdaderamente no está en cuestión si Ernestina Herrera de Noble, que adoptó en la Justicia a los niños en 1976, lo hizo en forma fraudulenta o no, esto es algo que jamás lograremos saber pero aún así, nunca fue imputada como apropiadora de menores. Hace seis años, los jóvenes ofrecieron contrastar su ADN con el de las dos familias querellantes, y curiosamente éstas se opusieron, en diciembre pasado, los jóvenes se sometieron voluntariamente a un examen de sangre ante el Cuerpo Médico Forense, que depende del Poder Judicial, y no en el Banco Nacional de Datos Genéticos ya que Marcela y Felipe Noble Herrera objetan que ese centro depende del Poder Ejecutivo y que no es posible hacer las contrapruebas imprescindibles para validar los exámenes, en ese momento y otra vez de forma curiosa ninguna de las dos familias querellantes aparecieron en escena. Por el contrario quienes sí lo hicieron y recibiendo las directivas correspondientes, fueron las abuelas de plaza de mayo las cuales responden a los intereses del matrimonio gobernante en contra de los medios, y por supuesto más aún de este grupo en particular. Por aquel entonces quien entendía en la causa y a pesar de lo actuado, el juez Conrado Bergesio ordenó secuestrar las prendas íntimas de los hijos de la discordia. Las Abuelas de Plaza de Mayo sostienen que los jóvenes son hijos de desaparecidos y piden que el estudio genético se haga en el Banco Nacional de Datos Genéticos, y han comenzado a reclamar que el material genético se comparara contra el de cientos de registros que existen en el BNDG.

Arroyo Salgado, ahora a cargo de la causa, volvió a reeditar esas medidas, ¿Por qué?, porque desde el juzgado indicaron que no tenían absoluta certeza de que las muestras anteriores correspondieran a los hijos de la directora de Clarín. Lo que resulta difícil de entender es cómo un magistrado no tiene absoluta certeza, o “dice no tenerla” cuando que la pericia respecto de la sangre de los dos jóvenes fue realizada nada más y nada menos, que ante el cuerpo médico forense que depende del poder judicial de la nación. Entonces que hace, ordena el allanamiento, pero lo que la jueza Federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado no fue un allanamiento, sino que ordenó sencillamente un operativo policial, para requisarles prendas íntimas que contuvieran material genético. Todo esto a plena luz del día, y por en medio de la vía pública. Por lógica esta actitud ha generado que los hermanos declararan finalmente sentirse "maltratados" y "presas" de los "ataques" del Gobierno de Cristina Fernández contra el diario Clarín. También señalaron que nunca tuvieron indicios de que pudieran ser hijos de desaparecidos durante la dictadura y, sin embargo, aceptaron hacerse pruebas genéticas en la demanda de dos familias que curiosamente siguen sin aparecer. Ambos jóvenes habían concurrido esa mañana a una audiencia judicial en el juzgado de San Isidro. Cuando se retiraron del juzgado pensando que todo había finalizado, varios móviles de la Policía Federal interceptaron el automóvil en el que viajaban los abogados defensores. Eran móviles no identificados, había muchos policías y pretendían hacer una requisa de Marcela y Felipe, y sacarles prendas íntimas, en la vía pública.

En el juzgado niegan que se haya pretendido hacer la requisa en la vía pública, sino que se ordenó el allanamiento para evitar la humillación de pedirles que se desnudaran en el juzgado. Cuando la policía arribó al domicilio Herrera de Noble, recibió la orden del juzgado para hacer el allanamiento y practicó la requisa en presencia de funcionarios del Banco Nacional de Datos Genéticos y del Cuerpo Médico Forense. Se les solicitó a los jóvenes que entregaran la ropa que llevaban encima en ese momento cuando estaban en su casa. Felipe y Marcela Noble Herrera tuvieron que desvestirse ante testigos hombres y mujeres, respectivamente, con un secretario judicial hombre y una secretaria mujer. El procedimiento fue filmado. Es patético el modo de accionar, tanto de una jueza federal como el de la policía misma, por supuesto es denigrante y si lo que siempre se dice, es que los quieren proteger, y que a las víctimas hay que cuidarlas. Es evidente que en este caso, hicieron todo lo contrario.