Lo que quedo de 2010

Los enfrentamientos ocurridos en 2010, en Villa Soldati pusieron de manifiesto el alto costo que significan muertos y heridos, es decir, lo peor que rodea al drama de la pobreza estructural y que, no se circunscribe solo a las villas de emergencia porteñas. Allí se vio la negligencia estatal, también el uso político y clientelar del problema, como lo demostraron tanto la dudosa espontaneidad de la ocupación y aún más, el dudoso desalojo en tiempo récord del parque Indoamericano. Pero como todo tiene que ver con todo, aparte de los punteros, como en el caso mencionado, hay además un uso clientelar de fondos públicos en la asignación de planes de construcción y de viviendas sociales. Los casos más conocidos son los de la Capital Federal, claro. El parque Indoamericano, el más violento, donde hubo tres muertos antes del desalojo, y también los dos de Retiro, junto a la villa 31, el de Lugano donde siguieron las protestas, y uno en Barracas, donde las familias provenientes de la Villa 21 fueron desalojadas por la policía. Pero no fueron los únicos, en la provincia de buenos aires, resistían el desalojo un millar de personas en varias localidades, como en Quilmes, en Triángulo de Bernal, en San Francisco Solano, en González Catán, en La Matanza, y hasta hubo también un intento fallido en Florencio Varela, en la quinta San Rudecindo. En La Plata hubo un intento de usurpación, en 524 y 132. Y cincuenta familias demarcaron los terrenos pero fueron desalojados por las Policía bonaerense.

Todo esto llego hasta Villa La Angostura, sobre el lago Nahuel Huapi, donde hubieron tres ocupaciones. En la progresión de los hechos, no hubo lugar del país que no sufriera algún intento de usurpación ni siquiera se salvó de lugar en el mundo de la Presidente de la nación. Primero fueron 10 familias que se instalaron en terrenos del barrio Calafate, destinados a la construcción de viviendas y una escuela de música, otras 8 familias tomaron un predio del barrio El Mallín, destinado a una biblioteca, luego 10 familias tomaron otro lote en las inmediaciones de la laguna Calafate. En Córdoba hubieron cinco asentamientos importantes. Alrededor de 30 familias tomaron un predio del ex Ferrocarril General Belgrano en Chumbicha, departamento Capayán, a 90 kilómetros de la capital provincial. La gente ocupó el predio, comenzó a demarcarlo y hasta comenzó a acopiar materiales de construcción en los lotes. Funcionarios del municipio realizaron la denuncia penal porque el predio que la gente usurpó es propiedad del Estado Nacional. Otras 50 familias ocuparon un descampado propiedad del Ejército lindero con las instalaciones del Regimiento de Infantería de Montaña 22, en la localidad de Marquesado, provincia de San Juan. El gobernador José Luis Gioja de inmediato advirtió que no negociaría bajo ningún tipo de condiciones, y de ser necesario utilizaría la fuerza pública. Más tarde, el ministro de Desarrollo Humano, Daniel Molina, anunció que adoptarían la política de suspender los planes sociales a todo aquel que ocupare un terreno.

Ese anuncio basto para que los ocupantes del terreno lo desocupasen antes del anochecer. A tono con la decisión del ministro de Desarrollo Humano, Daniel Molina, el municipio de Rosario anticipó que se le retiraría la asistencia social a aquellos que ocupasen tierras. Desafortunadamente volviendo al principio de la nota, no se trata solamente de la utilización clientelar del dinero público ya sea a través de punteros políticos o del mismo gobierno nacional, sino que lo más preocupante de esta situación fue el modo de resolverla. En la mayoría de los casos la única forma de hacerlo, fue utilizando la amenaza de un ministerio que maneja millones de pesos comprando voluntades. Así los incidentes del año pasado dejaron a la luz la forma de operar de un gobierno al que le interesa más, dibujar números a través del instituto nacional de estadística y censos no reconociendo la pobreza y la marginalidad en la que viven millones de Argentinos, eso sí todos sin excepción cobran algún tipo de subsidio otorgado por la administración nacional. Durante años se ha alimentado la vagancia mediante todo tipo de planes y nada se ha hecho para la generación de trabajo genuino, y verdaderamente eso no habla de una política de estado orientada a la inclusión social tal y como suele repetir hasta el cansancio la primera mandataria.