Una historia sin fin

Después de siete años en el poder, como abanderados de los derechos humanos el kirchnerismo jura no saber aun cuántas víctimas hubo durante el proceso de reorganización nacional. Por el contrario, sigue aferrándose a la cifra mágica “30 mil”, un número que ya nadie sabe de dónde salió. Y por supuesto acusa a cualquiera que se atreva a cuestionarla. Entre las acusaciones más comunes que se pueden escuchar se encuentra la de hacerle el juego a la derecha más recalcitrante para disminuir la dimensión de la tragedia. Ahora bien, podría considerarse que el argumento oficial es sonoro, pero lamentablemente muy frágil, ya que el terrorismo de Estado no es mejor o peor si se mide por el número de víctimas, y en todo caso, si así fuera las cifras más serias que se manejan, que oscilan entre seis mil y nueve mil casos, que revelan la magnitud de la herida que hoy en día aún afecta a los argentinos. Es por eso que, corresponde mencionar que la herida afecta a las dos partes involucradas. La mejor manera de terminar de cerrar esta herida sería averiguar qué pasó con cada uno de los desaparecidos, cuándo y cómo murieron, o dónde están sus restos, respuestas básicas que ayudarían a mitigar el dolor de sus seres queridos. Pero es imposible lograr esas respuestas sin una lista exacta de todas las víctimas, que permita distinguir quienes permanecen aun desaparecidos.

A esta altura, sostener que los desaparecidos fueron 30 mil es convertir ese problema en insoluble, y en una bandera que sirve solo para hacer política con los derechos humanos y nada más. ¿Entonces en realidad cuáles son las cifras verdaderas? Graciela Fernández Meijide publicó el año pasado un libro, “La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina”, en él como una de las fundadoras de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas indicó que se habían recibido 7.380 denuncias, las que luego se convertirían en 8.960 con casos mencionados por otros organismos. En su libro también hizo mención a que con el paso del tiempo, la lista fue depurada, al intentar actualizarla, encontró curiosamente que la secretaría de Derechos Humanos de la Nación no brindaba esa información, pero logró tomar los listados de esa repartición y comprobó que incluían a 7.030 personas como víctimas de desaparición y a otros 924 con datos incompletos. Un total de 7.954. Luego frente al Monumento a las víctimas, en la Costanera porteña, encontró los nombres de 8.875 personas, aunque desde antes del golpe, 1969, a 1983. Por otro lado, en un informe realizado por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, se indicó que hasta el 14 de abril de 2010 se habían pagado indemnizaciones a los herederos de 7.500 víctimas de desaparición de las que ya se habían encontrado los restos. Según informó la secretaría de Derechos Humanos en junio de 2010, esa cifra abarcaba pagos a parientes de personas desaparecidas o muertas antes del golpe de marzo de 1976, que a esa fecha sumaban 1.130, por lo cual el número referido estrictamente a la dictadura llegaría a 6.370 casos.

Este tampoco sería el número definitivo ya que un número incierto de parientes, encabezados por Hebe de Bonafini, la titular de Madres de Plaza de Mayo, se han rehusado a cobrar esa indemnización. El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, se niega a dar los datos sobre el total de indemnizaciones pagadas, supuestamente para no avivar la polémica sobre cuántos fueron los desaparecidos. Tampoco informa sobre el dinero pagado ni sobre los casos más polémicos, como los guerrilleros que murieron durante el ataque al regimiento en Formosa en octubre de 1975, en pleno gobierno constitucional del peronismo. Duhalde desde su lugar debería aclarar de dónde salió la cifra de 30 mil, pero no lo hace. Fernández Meijide en su libro interpreta que la misma pudo haber sido inventada por los exiliados en Europa para lograr una mayor repercusión a sus denuncias. El gobierno no está solo en el manejo de esos datos, está respaldado por sus aliadas, Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto. Podríamos suponer que estas dirigentes deberían estar deseosas de saber lo que pasó con sus seres queridos, pero no es así. Algunos años atrás se publicó una nota en un importante matutino respecto de la ubicación de los restos de Raúl, uno de los hijos de Bonafini, que estaba sepultado como NN en el cementerio de Ezpeleta. No era un invento periodístico, la información provenía de la Cámara Federal de ciudad de La Plata, pero Bonafini se negó incluso a conocerla. Ante la citación que recibió dijo; “No hay ningún juez, ni fiscal, ni diputado, ni presidente que tenga estatura moral para meterse en mi vida privada, nunca voy aceptar la muerte, ni la reparación económica, ni la exhumación de cadáveres si no soy yo quien lo investigué, nadie tiene autoridad para hacerlo”.” Mis hijos están vivos", finalizó. Resulta hilarante que la Sra. Bonafini hable de estatura moral, considerando que todos los meses se publica en el boletín oficial la suma de dinero que reciben con carácter de no retornable, tanto Madres como Abuelas de Plaza de Mayo. Suma de dinero que supera ampliamente el millón de pesos que pertenecen por supuesto, a los impuestos que pagamos todos los argentinos.