El problema que no existe

Otro de los informes que volvieron a elaborar el grupo de ex secretarios de Energía provoco nuevamente el enojo de la Casa Rosada. El documento revela más información sobre la falta de gestión en el abastecimiento de combustibles, petróleo, gas y electricidad. Estos son ex titulares de la cartera, a los que por pedido del Gobierno, la Universidad de Buenos Aires (UBA) ya les prohibió una presentación en abril de 2009. En este nuevo documento explican que para acompañar la explosiva demanda eléctrica que Argentina tuvo entre 2003 y 2010 el país debería haberse encontrado frente a la situación de lograr otros 5300 megavatios de capacidad instalada, es decir, el equivalente a lo que generan ocho centrales del tamaño de Atucha. Eso hubiera costado unos U$S8000 millones, bastante menos que los más de 14000 millones que el Estado argentino destinó a subsidiar la energía desde 2004 hasta hoy. El documento sostiene que hemos sufrido un significativo desfasaje en generación eléctrica entre 2003 y 2010, lo que puesto en cifras es, en realidad el motivo por el cual el Gobierno todos los inviernos, desde 2007, llama a las industrias para que dejen de consumir electricidad en los momentos de alta demanda, tarea que asume el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Resulta del informe que el incremento de la oferta, medido por la ampliación de la capacidad instalada 21%, ha sido menos de la mitad del incremento de la demanda de un 44% en el período.

Esta circunstancia provoca aumento de costos de funcionamiento y restricciones de oferta. Si esto no se corrigiera y es imperativo hacerlo, conspiraría contra el funcionamiento del sistema productivo y también el social. La gestión de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner estuvo signada por la improvisación, la visión de corto plazo, el desaliento a la inversión; el manejo de los operadores del sector mediante subsidios; amenazas y concesiones arbitrarias; las licitaciones poco claras para favorecer a empresarios afines; el desaliento a la actividad hidrocarburífera local y la discrecionalidad en la toma de decisiones. Como era de esperar la publicación del trabajo provocó la respuesta del secretario de Energía, Daniel Cameron, que no fue otra cosa más que uno de los recursos típicos del gobierno nacional; dijo que era sorprendente que quienes condujeron los mayores fracasos energéticos de la Argentina sean hoy los que aconsejan lo que hay que hacer. Precisamente por eso, porque varios de estos ex secretarios de energía han cometido errores gravísimos como los que el menciona es que debería ser un poco más inteligente y en lugar de criticar no cometer los mismos errores que ellos. Una de las obras cuestionadas por el informe, que lleva dos años de retraso y que ya ha costado cuatro veces más de lo previsto es Atucha II. Aún no se conoce la fecha de finalización de la central nuclear, anunciada para 2009, con un presupuesto original de US$500 millones y a la fecha se llevan gastados más de US$2000 millones.

Otra de las objeciones según el texto, tiene que ver con los hechos. Se ha abusado como nunca antes de anuncios sin fundamento técnico o económico de obras que nunca se iban a ejecutar. Fue paradigmático el antecedente que estableció el denominado Gasoducto bolivariano, o como se llamaba originalmente, Gran Gasoducto del Sur, anunciado el 9/12/2005 por los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez. También en el 2005, se anunció la construcción de una nueva refinería en la Patagonia de gran escala que ni siquiera avanzó en las etapas preliminares. Quedo además pendiente el gasoducto anunciado en 2004 para transportar el gas de Bolivia, cuyo inicio no se realizó. Pero el texto se adentra en dos temas difíciles, la política del kirchnerismo, el relato de lo que ocurrirá y nunca ocurre, y la estrategia comunicacional del Gobierno a lo largo de los últimos 7 años: negar la realidad evidente y sobre todo ocultar las consecuencias de su mala gestión en el área energética. Aquí entonces, con este contexto el informe apunta directamente a una suerte de explicación clara a la sociedad de los problemas que padece el sector y a detallar la política de Estado alternativa para superar dichos problemas. El punto más crítico se refiere a lo que el propio informe llama, capitalismo de amigos. Por ejemplo, el plan energético anunciado en 2004 por el Gobierno y su relación con una obra muy cuestionada, la usina prevista para ser construida en el río Santa Cruz, sobre la que pesan acusaciones de sobreprecios y escasa transparencia en la licitación. En el plan energético PEN 2004-2008 se estableció, una revisión de proyectos hidroeléctricos existentes, mayores de 400 MW de potencia para seleccionar los 3 o 4 más rentables.

Sin embargo, en contra de las conclusiones de la revisión, se decidió priorizar la construcción del proyecto del río Santa Cruz, Cóndor Cliff y Barrancosa, cuando el mismo figuraba en la ponderación del inventario de la propia Secretaría de Energía en el puesto 23, postergando 22 proyectos más factibles localizados en Chubut, Neuquén, Mendoza y Río Negro. Otro ejemplo son las áreas de explotación de hidrocarburos en Santa Cruz que se adjudicaron, por separado, y sin licitación previa a Cristóbal López y Lázaro Báez. Se ha dado de hecho un proceso no coordinado y hasta anárquico en los procesos de licitaciones de nuevas áreas provinciales, así como también de las renegociaciones de contratos vigentes antes de su vencimiento. Basta como simple ejemplo de lo dicho que del total de las nuevas áreas petroleras licitadas en la provincia de Santa Cruz todas se adjudicaron a empresarios amigos del Gobierno luego de ser descalificadas o desalentadas empresas petroleras nacionales e internacionales con probados antecedentes en la actividad. Aunque lo último mencionado no obedece a procesos no coordinados ni anárquicos, sino que vuelve a poner en evidencia que significa el capitalismo de amigos.