Un año atrás

Hace ya más de un año que la Presidenta de la Nación veto la ley que garantizaba el derecho constitucional de todos los jubilados a cobrar el 82% con movilidad, del salario mínimo. Respecto de este salario, se calcula la variación del eterno 82%. Aníbal Fernández, advertía que de ser necesario llegar al veto, se vetaría para proteger y cuidar los fondos de la Nación. Además, su amplia experiencia en materia legislativa y económica, lo llevo a considerar que era de imposible cumplimiento la iniciativa aprobada primero en la Cámara de Diputados. Inclusive no sólo Aníbal Fernández, fue quien realizó comentarios de este tenor sino que la Presidenta Cristina Kirchner también había advertido, claro que de forma más apocalíptica, que si la ley se aprobaba en tres meses la Argentina se encaminaba directo al default. Textualmente la jefa de estado expresaba que si se aprobaban los proyectos que presentan los bloques opositores en tres meses entrabamos en default. E inclusive en un acto en la Casa Rosada la Presidenta exigió a los opositores, haciendo referencia al proyecto que explicaran de una vez cuál era el modelo de país que querían, ya que eran necesarios proyectos sustentables, viables, y que no alteraran el superávit fiscal.

Lo cierto es que la presidenta Cristina Kirchner en parte, y sólo en parte tenía razón, los proyectos de la oposición respecto de la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y del aumento de las jubilaciones no iban de la mano, lo que no significaba, que el país caería en default en tres meses. Implementar el 82% móvil le significaba al estado alrededor de $30.000 millones por año, pero sumados a esto eliminar el total de las retenciones verdaderamente podía llegar a complicar las cuentas del estado. Entonces Cristina condenó el proyecto del 82% móvil de las jubilaciones mínimas y lo veto. De acuerdo al proyecto, el haber jubilatorio mínimo pasaría de $1.046 a $1.427, en línea con el salario mínimo de los trabajadores en actividad. También se modificaría el índice de actualización semestral y se incrementarían las jubilaciones que habían quedado congelados entre 1991 y 1995, y entre 2002 y 2006, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Suprema en el caso Badaro. Pero para completarla, menos de un mes después se establecía un límite anual al pago de deudas previsionales aún con sentencias no sólo en firme, sino que aparte favorables. Los argumentos esgrimidos en aquel entonces por el Poder Ejecutivo Nacional, intentaban demostrar la irresponsabilidad del arco opositor al haber sancionado una ley que según explicaban ponía en jaque la estructura financiera del estado. Luego de un tiempo prudencial estamos en condiciones de afirmar que la Presidenta y el entonces Ministro de Economía, mentían.

Los fondos de la ANSES hoy son una gran caja política que le permite al ejecutivo financiar obras como ATUCHA II o planes de viviendas en provincias y municipios sosteniendo así el modelo de voluntades políticas. Creo que está bien que se construyan viviendas para los más necesitados pero para ello el Ministerio de Planificación cuenta con un presupuesto propio, por lo que también creo que no deberían seguir pensando que los fondos de la ANSES son útiles para todo servicio, como por ejemplo, porque el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES oficia como sostenedor de bonos Discount por un total de más de US$2000 millones para tapar problemas fiscales. Más aun, de esa caja salen los fondos para pagar la publicidad oficial del Fútbol Para Todos. Esa si es una política prioritaria para un gobierno populista que fortalece los objetivos publicitarios necesarios para sostener el modelo. Lo hace mediante un relato desmedido y falso en cuanto a resultados pero en la pantalla televisiva, propaganda pura. Cuesta entender por qué, para el gobierno, mejorar los ingresos de nuestros mayores con una mejor remuneración utilizando fondos de la ANSES, pone en peligro de quiebra a esta institución y usar los mismos para obras e inversiones financieras que nada tienen que ver con el sector previsional, no.

Y si tenemos en cuenta la inflación real, hace más necesario que el estado atienda la grave realidad de los haberes jubilatorios. El haber jubilatorio medio se encuentra hoy apenas rondando 40% del haber mínimo del sector activo y la jubilación mínima no alcanza si quiera a cubrir el 50% de la canasta familiar. Así es, el bolsillo de un jubilado muestra una realidad que no se puede esconder con publicidad. Tal vez para impedir que en el futuro halla que lamentase de ver vaciadas las arcas previsionales, el Congreso nacional debería sancionar nuevamente la ley del 82% móvil, y de esa manera garantizarnos que ni éste ni futuros gobiernos puedan echar mano a los fondos que, en definitiva, se recaudan y existen para garantizarles a nuestros mayores una vida digna.