abril 03, 2012

El informe de la AGN

La causa de la llamada mafia de los medicamentos, motivó que en 2009 la Auditoría General de la Nación (AGN), se dedicase a investigar no sólo la actuación de la APE y de más de cuarenta obras sociales, sino también de la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS), encargada de controlar el funcionamiento del circuito de fondos entre el Estado y las obras sociales. El sindicalismo que maneja las obras sociales y la Presidenta se acusan mutuamente pero eso es mentira, son socios y participan de la misma empresa, la malversación y el robo de los fondos de la salud de los trabajadores lo que demuestra que los actos de corrupción producen desastres como el accidente de tren en la Estación Once. El resultado de ese trabajo, que se encuentra en su etapa final de elaboración y que será debatido en un plenario de la AGN antes de fin de mes, no podría ser menos controvertido, prestaciones a personas ya fallecidas, operaciones de cadera a afiliados de 170 años, troqueles de medicamentos apócrifos y expedientes firmados por médicos sin registro, son sólo algunas de las irregularidades detectadas por el organismo de control. Desde que estalló la denominada mafia de los medicamentos, los negocios oscuros en torno de los servicios de salud quedaron en la mira, particularmente en lo que se refiere al rol de las obras sociales y a su interacción con la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo dependiente del Ministerio de Salud que se encarga de los tratamientos de alta complejidad y de mayor costo. El informe, abarca el período 2005-2010 y exigió el relevamiento de 10.114 expedientes tramitados en el APE y que una vez aprobado y presentado en público, el presidente de la comisión de Salud del Senado, José Cano, presentará una demanda ante la justicia penal. La multiplicidad de irregularidades administrativas, incluye una que reviste una gravedad especial, se detectó que en el 43% de los casos en los que los datos del auditor médico no figura registrado, e inclusive hay casos en los que el auditor médico ni siquiera tenía la matrícula profesional. Además, en el 73 % de los expedientes analizados hay faltante de documentación facturas, recibos, historias clínicas, análisis de laboratorio, etc. Otra de las cosas que llama la atención del trabajo, es que en su tramo inicial deja constancia de que no le fueron suministrados 43 expedientes de apoyos financieros, de los cuales, 27 expedientes se encuentran en el Juzgado Nacional y Correccional Federal Nª 5, a cargo del nefasto juez Norberto Oyarbide. Las irregularidades que se denuncian resultan en algunos casos, por decirlo de alguna manera tragicómicas. Existen por ejemplo, 923 expedientes, que corresponden a 117 beneficiarios que habían fallecido con anterioridad a la fecha en la que se le realizaron las supuestas prácticas médicas. Sólo por estos conceptos las obras sociales facturaron unos $2.195.097, que lógicamente fueron motivo de reintegro de parte del APE. También resulta cuantioso el monto del fraude en lo que respecta a las operaciones de cadera con reemplazo y prótesis incluidas, en donde se encontraron 694 casos en los que no se pudieron determinar las edades de los supuestos beneficiarios. Sin embargo, hubo 11 casos en los que las personas presuntamente intervenidas superaban los 100 años, inclusive con personas que supuestamente tenían 178, 137, 128, 121 y 113 años. Aquí se habla de un monto que supera los $13 millones. Otro aspecto al que se hace referencia en el informe es el de las personas con discapacidad, se encontró que 251 personas con esa condición no contaban por ejemplo con algo básico como es el certificado de discapacidad, ni el aval de la historia clínica, o del médico auditor ni se encontró la conformidad del beneficiario o titular. En el caso de los medicamentos truchos, quedó de manifiesto que uno de los aspectos cruciales del sistema era la presentación de troqueles de remedios falsos, y aquí se han podido certificar como ilegítimos, medicamentos por $4,6 millones. Llama la atención de los auditores el notable incremento de aportes realizados como excepción, que según se indica, por su esencia no revisten un tratamiento prolongado, con lo cual es de esperarse que al tratarse de excepciones el apoyo económico no sea constante entre ejercicios. Pero bajo este rótulo de excepción se han aplicado stents coronarios y vasculares, y prótesis cardíacas, entre otras prestaciones de alta complejidad. Mientras que en el año 2000, sólo se aportaron $32 millones en este apartado, en 2010 la suma ascendió a casi $423 millones. En este enorme fraude, están incluidas obras sociales de grandes gremios, como Camioneros, Colectiveros, Bancarios, Ferroviarios, Docentes y Mercantiles, entre muchas otras.

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