Tanto el juez de primera instancia como los camaristas coincidieron en que la pericia de la UBA estableció que el material no había sido debidamente resguardado y que se había violado la cadena de custodia, o lo mismo que decir, que las computadoras habían sido pasibles de intrusiones durante el proceso del primer peritaje. Así, la Sala I no sólo culpó a la Policía Federal, sino que alego que el juez tuvo responsabilidad en la anulación de la prueba al eludir su obligación de notificar a las defensas del primer peritaje y de ofrecerles, en su caso, la posibilidad de proponer peritos. Existían dos cosas que resultaba muy sencillo hacer y se omitieron sin una justificación válida explicaban los camaristas en alusión a la notificación y a la preservación adecuada de la evidencia. En esa línea, la Cámara sostuvo que el accionar de Oyarbide dificultó el derecho de defensa de los imputados. Ante la objeción por la falta de notificación, el juez había argumentado que la urgencia le impuso acelerar la pericia, sin embargo las inconsistencias encontradas en el segundo estudio en comparación con el primero dieron por tierra con la posibilidad de repetirlo en iguales circunstancias. Las prácticas llevadas adelante por la Policía Federal sobre el material secuestrado contaminaron la evidencia, convirtiendo lo que era una pericia extremadamente simple en una medida irreproducible.
Entonces el ex secretario de Transporte, está a un paso de ser desvinculado de esta causa por corrupción, al quedar firme la nulidad de los mails encontrados en la computadora de su ex asesor, en ellos se aludía a la compra de trenes usados a los ferrocarriles de España y Portugal con sobreprecios, conexiones con compañías y pedidos de aportes a empresarios españoles para las campañas del Frente para la Victoria. El cierre de este proceso se producirá por la negativa del fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, a apelar otra vez la anulación de los correos electrónicos como materia probatoria dictada por la Sala I de ese tribunal, firmada por los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah. En esta causa, Jaime recibió primero un caso favorable del juez federal Norberto Oyarbide en primera instancia. Luego, Moldes pidió sin éxito a la Cámara que los e-mails fueran tomados como válidos. Ahora, en un documento remitido a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), dejó en claro que su desacuerdo con lo resuelto por la Cámara es total. Así, la causa será cosa juzgada porque los correos hallados en la computadora de Vázquez no podrán ser utilizados como prueba. Más allá de este resultado, otra causa contra Jaime, sus familiares y Vázquez por enriquecimiento ilícito continuará en manos de Oyarbide y con el fiscal Carlos Rívolo, pero lamentablemente considerando los antecedentes del juez y su afinidad con el poder político lo más probable será que todo termine en la nada.
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