El accidente de TBA

Es probable que en los meses que pasaron desde la tragedia de Once el Gobierno y el Grupo Cirigliano hayan acordado una salida, un pacto. Por ejemplo, que TBA se lleve el costo del desastre a cambio de impunidad, y así como Sergio Cirigliano se encuentra preso, el ministro planificación federal ha perdido mucho poder y la secretaría de transporte. Antes cambiaban apoyo al modelo por partidas de dinero. Tal vez, como vino ocurriendo desde 2003, la estrategia sea eficiente para el Gobierno y el ex concesionario. Pero lo único que queda claro es que de esta relación de aprietes, apoyos explícitos e incumplimientos de ambos bandos quedo un saldo de 51 personas muertas. Así mediante el decreto presidencial 793 que se publicara en el Boletín Oficial, se le quitó la concesión de las líneas Mitre y Sarmiento a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), el Gobierno pretendió evitar toda autocrítica culpando de lo sucedido a la incompetencia del Grupo Cirigliano, y paso por alto la tragedia que dejó 51 muertos. En los cien párrafos que tienen los considerandos del decreto, sólo dos se refieren al desastre ocurrido en febrero pasado, en ninguno de ellos se menciona el saldo de medio centenar de muertos y sólo se señalan los pecados de TBA.

Esta necesidad de sacarse la responsabilidad de encima podría volverse en contra si TBA revelara alguna de las múltiples comunicaciones entre la empresa y un funcionario del Gobierno. En 2008, Claudio Cirigliano a través del gerente general y vicepresidente de TBA, Jorge Alvarez le envió un mail al ministro de planificación federal, Julio De Vido en el que detallaba los graves problemas que estaban padeciendo y destacaba que entre las obras pendientes, fundamentales para la seguridad de los pasajeros, el tramo Once-Castelar. Ese reclamo data de cuatro años atrás, el grupo concesionario lo realizó en mayo de 2008, cuando ya se adelantaban a los problemas por venir.  En uno de los párrafos de los considerandos, dice textualmente “esta rescisión opera por culpa exclusiva de la concesionaria en virtud de sus graves y reiterados incumplimientos, en virtud del interés público comprometido”. Sin embargo, los correos electrónicos entre el Grupo Cirigliano y el ministerio de Planificación permitirán contextualizar mejor la relación que el decreto presidencial ha roto. En varias fojas de mails interceptados al entonces secretario privado de Julio De Vido, José María Olazagasti quien en la actualidad es uno de los nuevos directores de YPF.

El mensaje más revelador es el enviado por uno de los Cirigliano, bajo el título “Asunto TBA” le escribía al entonces mano derecha de De Vido: “Estimado amigo, te detallo a continuación los graves problemas que estamos padeciendo; Certificados de obra vencidos, y luego de un detalle exhaustivo que incluía “barreras Sarmiento” y “equipo mantenimiento vías”, reclamaba la suma adeudada de $47.536.545. Cirigliano se quejaba de los mayores costos de las obras de inversión y explicaba que habían planteado el tema unos sesenta días antes y seguían  dando vueltas sin tener una definición, por lo que se les estaban parando las obras en ejecución. Por último, se alertaba sobre la línea Sarmiento, haciendo énfasis en las obras pendientes de resolución de la vía entre Once y Castelar que además tenía un juicio en trámite por contaminación sonora por parte de algunos vecinos. También estaba el sindicato “La Fraternidad” reclamando permanentemente por el estado de la vía y existían continuas observaciones por parte de la CNRT. El correo termina con un “desde ya muy agradecido y un fuerte abrazo, y lo firma Sergio Cirigliano. Cirigliano reclamaba el dinero para las obras, y por las dudas advertía que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) le hacía permanentes observaciones sobre el estado de las vías. Pero nadie hizo nada.