UNA DEUDA PENDIENTE

El 2012 dejo entre otras particularidades un número jamás registrado desde la vuelta de la democracia a la Argentina, en la actualidad hay por lo menos 35 causas por corrupción que involucran a 25 funcionarios y ex funcionarios del Gobierno, incluida la presidenta Cristina Kirchner radicadas en juzgados y fiscalías federales de primera instancia. Muchas veces se habló de la fiesta Menemista pero este gobierno no tiene parangón, un ejemplo sencillo puede ser el tiempo que se tardó en llegar al juicio oral en el que se condenó a la ex ministra de Economía Felisa Miceli. Los cinco años que tardó el caso de la bolsa de dinero de Miceli desde su denuncia en 2007 hasta la sentencia son una excepción. De todos modos, para que la condena de cuatro años que recibió se haga efectiva, debe ser confirmada por la Cámara de Casación y luego queda aún el camino de la Corte. Algunas de las causas tienen casi tantos años como el kirchnerismo en el poder. Por si se confirmó que los próximos ex funcionarios en llegar a juicio oral en diciembre de este año son el ex secretario de transporte Ricardo Jaime que ya tiene dos procesamientos confirmados por el delito de recibir dádivas y el otro ex de transporte Juan Pablo Schiavi. 

Otro caso es el del ex superintendente de Salud y ex recaudador electoral del kirchnerismo Héctor Capacciolli, por un caso derivado de la mafia de los medicamentos, y el ex secretario de Tierras Luis D'Elía, por la toma de la comisaría 24a. de La Boca, ocurrida en 2004. Los tiempos se extendieron en todas estas causas, lo que no es extraño si se considera que, un caso de corrupción en la Argentina demora en tener sentencia unos 14 años promedio. La presidenta Cristina Kirchner está entre los más de 25 funcionarios y ex funcionarios imputados. Fue denunciada por la diputada Elisa Carrió en un expediente que mantiene abierto la jueza federal María Servini de Cubría. Se la acusó junto a Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, por la instrumentación del cepo cambiario. El caso es impulsado por el fiscal Carlos Stornelli. Inmediatamente por debajo del escalafón del poder le sigue Amado Boudou que tenía a septiembre de 2012, 14 causas en trámite. El juez Ariel Lijo lo investiga por enriquecimiento ilícito y por haber intervenido en la quiebra de la ex Ciccone, en otra el juez federal Sebastián Casanello averigua si intervino en la percepción de más de 7 millones de honorarios que recibió Alejandro Vandenbroele, director de Ciccone por reestructurar la deuda de Formosa, a instancias del Ministerio de Economía, cuando era ocupado por Boudou, y también lo investiga el juez Claudio Bonadio por irregulares en su declaración jurada de bienes de 2010. Jaime es el ex funcionario que tiene el frente judicial más complicado, pues ya fue elevado a juicio el caso por recibir dádivas, en calidad de viajes gratis que le pagaban empresas de transporte a las que debía controlar.

Además está investigado por sus bienes la fiscalía le reclamó que justifique $6 millones, por la compra de vagones a España y aparte de la tragedia de la estación Once. En esta causa, Antonio Luna, el ex subsecretario de Transporte Ferroviario y el ex interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa Romero también enfrentaran el juicio oral en diciembre. También se investiga al ministro de Planificación Julio De Vido quien fue denunciado por la diputada Carrió en una causa que involucraba a Néstor Kirchner como jefe de una asociación ilícita que incluye a Jaime, Rudy Ulloa, Carlos Zannini y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. La causa se dividió en diversos expedientes, algunos de los cuales siguen abiertos y otros fueron cerrados. El mismo juzgado imputó a Claudio Uberti, ex titular del Occovi, entre otros ex funcionarios, acusados de gerenciar una embajada paralela que cobraba comisiones para que empresarios argentinos hicieran negocios con el gobierno de Hugo Chávez. Echegaray sigue investigado por los subsidios que entregó a feedlots y el caso Schoklender en el que se investiga el desvío de parte de los $760 millones que recibieron las Madres de Plaza de Mayo aún no tiene procesamientos.