febrero 13, 2013

LEY DE MEDIOS

El Grupo Clarín que presentó ante la Cámara en lo Civil y Comercial la apelación al fallo del juez Horacio Alfonso, quien había declarado constitucionales los artículos 45 y 161 de la ley de medios audiovisuales espera este mes que la cámara se expida. En la apelación, se pidió que la Cámara revoque la sentencia, ya que el juez Alfonso ignoró la totalidad de la prueba producida, no realizó el “control de constitucionalidad” de la ley de medios y desconoció la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, distorsionó los precedentes y la doctrina aplicables al caso. En 178 páginas, la apelación explicaba cómo las limitaciones arbitrarias de la ley de medios configuran un avance contra la libertad de expresión y el derecho a la información, al restringir medios audiovisuales que no usan espectro, quitarle sustentabilidad a los medios privados para obligarlos a depender de recursos oficiales y generar desigualdad entre distintos actores de la comunicación, lo que generará una reducción de opciones informativas, silenciará voces críticas y restringirá la competencia en el acceso a Internet, además de afectar a los contenidos audiovisuales. La Cámara habilitó la feria para tratar durante enero las apelaciones.

También se presentó el Gobierno, que cuestionó la “legitimidad” de Clarín para ser parte en la causa, debido a que no sería titular de sus propias licencias, entonces no se entiende por qué el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, se presentó en diciembre a la sede del Grupo para notificar el inicio de la transferencia de esas mismas licencias que ahora dice que no son de Clarín. En su apelación, el Grupo Clarín se apoyó en dictámenes de constitucionalistas que cuestionan la sentencia de Alfonso y señalaron que el magistrado no hizo el “control de constitucionalidad” de la ley, ni tomó en cuenta “el objetivo real de la norma y su impacto sobre la libertad de prensa al tiempo que tampoco efectuó un examen de razonabilidad de la misma, es decir, si además de afectar derechos constitucionales, el contenido de la ley es razonable. En la apelación, se destacó la mención a la arbitrariedad de la sentencia, ya que el juez evitó considerar las pruebas producidas en más de 3.000 fojas del expediente. El Grupo Clarín sostiene que el juez pretendió relativizar la estabilidad y titularidad de las licencias de medios audiovisuales, sosteniendo una precariedad y revocabilidad de las mismas, que contradice toda la jurisprudencia y doctrina aplicable, más aun por tratarse de vehículos para el ejercicio de la libertad de expresión. Alfonso citó la sentencia del caso “Ivcher Bronstein vs. Perú” (2001), para justificar su decisión de dividir en patrimoniales y expresivos los derechos violentados por la ley de medios. Pero la CIDH los consideró inescindibles, ya que el medio en cuestión, un canal de TV del que se despojó al denunciante, era esencial para el ejercicio de la libertad de expresión.

El fallo de la CIDH planteó que “al separar al señor Ivcher del control del Canal 2, y excluir a los periodistas del programa Contrapunto, el Estado no sólo restringió el derecho de éstos a circular noticias, ideas y opiniones, sino que afectó también el derecho de todos los peruanos limitando su libertad para ejercer opciones políticas y desarrollarse plenamente en una sociedad democrática”. El Grupo Clarín plantea que la sentencia de Alfonso no es razonable, ya que el juez omitió considerar el contexto de hostigamiento y aplicación selectiva de la ley de medios, como demostración de la real intención de la norma, diferente de la pregonada. En ese sentido, la Corte sostiene la necesidad de considerar no sólo el contexto de sanción de la norma sino el de aplicación, de modo que pueda ser sometida a una prueba de verificación de la permanencia de su adaptación constitucional. Si la sentencia no es revocada por la Cámara, se beneficiarán los más autoritarios e intolerantes funcionarios. Y de mantenerse el fallo del juez Alfonso, además de afectar a Clarín, se perjudicará toda la sociedad, el Estado de Derecho y el sistema democrático y republicano de Gobierno. La Cámara giro las apelaciones que se presentaron para que las partes en el juicio pudieran responder, en un plazo de diez días hábiles. Una vez transcurrido ese período, el tribunal estaría en condiciones de analizar el caso para dictar la sentencia que se espera antes de fin de mes.

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