CICCONE CAPITULO XXI

El rescate económico de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica, y su posterior estatización, terminaron comprometiendo a no menos quince funcionarios nacionales de relevancia y a sus respectivos organismos públicos. Entre ellos se encuentran: el Vicepresidente, el Ministro de Economía, el jefe de la AFIP, la titular del Banco Central, el Jefe de Gabinete el Secretario de Legal y Técnica, el Ministro de Planificación Federal, el de Justicia, el Secretario de Comercio Interior, el titular del Tribunal de Tasaciones, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la ANSES, la titular de la Casa de Moneda, la Unidad de Información Financiera, y hasta integrantes del propio Congreso. La Justicia imputó primero en la causa Ciccone al vice Amado Boudou y al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Pero la dinámica del caso pasa por diferentes niveles. Todo empezó en 2010 cuando la sociedad The Old Fund con accionistas aún desconocidos pujó en el expediente de la quiebra de la ex Ciccone para quedarse con la imprenta. The Old Fund logró su objetivo gracias a resoluciones presentadas en el juzgado comercial de Javier Cosentino por varios organismos: la AFIP, la Comisión de Defensa de la Competencia, de Ricardo Napolitani; y la Secretaría de Comercio Interior. Una vez que The Old Fund tomó el control de Ciccone, fue beneficiada con dos contratos multimillonarios aportados por el oficialismo, imprimió las boletas que el kirchnerismo usó en las últimas elecciones, y luego confeccionó 410 millones de billetes de cien pesos. En esas operaciones intervinieron el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, encargado de la logística los comicios del 2011, el Banco Central, de Mercedes Marcó del Pont, donde accionó el ex gerente Benigno Vélez, y la Casa de Moneda, de Katya Daura.

La ex Ciccone realizó tareas con empleados a los que no les pagó los aportes previsionales. La ANSES, de Diego Bossio, no tomo represalias. La imprenta funcionaba porque renegoció una deuda multimillonaria que tenía con el fisco. Aprobaron esa medida Echegaray y Boudou. Algunas maniobras realizadas por los protagonistas de esta historia llegaron a ser consideradas sospechosas por la Unidad de Información Financiera, de José Sbatella, que aun así no profundizó una investigación sobre el tema. Boudou había negociado el ingreso de The Old Fund en la ex Ciccone. Lo hizo en al menos tres entrevistas que mantuvo con miembros de la familia Ciccone.  En una de ellas estuvo el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. En agosto de 2012 la presidenta Cristina Kirchner decidió estatizar Ciccone. El decreto a la medida fue ideado por su secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Hace un año, la Casa de Gobierno volvió a emitir un decreto sobre el caso, e instruyó al Tribunal de Tasación, dependiente del ministro de Planificación, Julio De Vido, para que determine el valor de los bienes a expropiar. A mediados del año pasado, el ministro de Justicia, Julio Alak, avaló la instrumentación del bloqueo al acceso a la información pública en dos organismos en los que se podía indagar sobre las empresas e inmuebles vinculados al caso Ciccone; la Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad. Demasiados involucrados lamentablemente como para que la justicia accione con rigor sobre alguno de ellos.