El contrato de compra fue firmado por el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y por el entonces presidente de Aerolíneas y ahora actual ministro de Justicia, Julio Alak. Y los hechos que se investigan ocurrieron en plena gestión en el área de Transporte del controvertido Ricardo Jaime, hoy investigado en múltiples casos de corrupción. La versión de una supuesta investigación interna de Embraer fue reconocida por la propia empresa ante la Securities Exchange Commission (SEC) que controla las operaciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Pero el diario paulista Valor Económico también dio cuenta de esa versión sobre una investigación interna luego que la empresa hiciera público sus balances y en los cuales hacía constar ello mismo. La causa originalmente surgió a raíz de una denuncia realizada por el abogado Ricardo Monner Sans en septiembre de 2009, en la que daba cuenta del presunto pago de sobreprecios en la compra de los aviones. Según el denunciante, el Estado desembolsó un pago total de 700 millones de dólares. Considerando que la operación y la denuncia original datan de cinco años atrás, sería conveniente que la justicia de una vez por todas actuará solamente un poco más rápido. No por el ex Presidente fallecido sino por los funcionarios que aún siguen sus cargos y luego de cinco años deberían estar presos cuando que no quedan dudas de la existencia de los sobreprecios en la compra, lo que constituye significativa evidencia para que por malversación y desvío de fondos públicos estos señores ya estén entre rejas.
junio 13, 2013
LOS 20 EMBRAER
El
juez federal Torres libró un exhorto a la
justicia Brasilera solicitando información a la empresa Embraer, la tercera
fabricante de aviones en el mundo, para confirmar si han iniciado una investigación
interna sobre el pago de coimas a funcionarios argentinos así como por los sobreprecios
que se habrían pagado durante el proceso de compra de 20 aeronaves que fueron
adquiridas bajo la gestión de gobierno del ex presidente Néstor Kirchner.
Recordemos que estas aeronaves fueron adquiridas para renovar la flota de
Aerolíneas Argentinas aunque terminaron en manos de Austral. Esta solicitud de
la justicia Argentina se dio en el marco de la causa que investiga por supuesto
cobro de coimas de funcionarios argentinos y supuestos sobreprecios en la compra de esas 20 aeronaves a la empresa brasileña. El
juez Sergio Torres quiere saber si la compañía tiene o no abierta una
investigación interna a este respecto. Parece ser que Torres firmó un pedido
para que Embraer, tal cual se conoce desde hace rato tanto por versiones
periodísticas como por funcionarios judiciales, cuenta o no con una
investigación interna, y en tal caso que la aporte. El juez investiga la compra
de aviones por parte de Aerolíneas Argentinas en 2009 a Embraer, en
cuanto a si hubo sobre precios, pero también si se pagaron coimas a algunos
funcionarios. Por cada nave el Estado argentino se comprometió a pagar 35
millones de dólares y la compra se hizo con un crédito del Banco Nacional de
Desarrollo de Brasil que financió el 85% de la operación.
El contrato de compra fue firmado por el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y por el entonces presidente de Aerolíneas y ahora actual ministro de Justicia, Julio Alak. Y los hechos que se investigan ocurrieron en plena gestión en el área de Transporte del controvertido Ricardo Jaime, hoy investigado en múltiples casos de corrupción. La versión de una supuesta investigación interna de Embraer fue reconocida por la propia empresa ante la Securities Exchange Commission (SEC) que controla las operaciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Pero el diario paulista Valor Económico también dio cuenta de esa versión sobre una investigación interna luego que la empresa hiciera público sus balances y en los cuales hacía constar ello mismo. La causa originalmente surgió a raíz de una denuncia realizada por el abogado Ricardo Monner Sans en septiembre de 2009, en la que daba cuenta del presunto pago de sobreprecios en la compra de los aviones. Según el denunciante, el Estado desembolsó un pago total de 700 millones de dólares. Considerando que la operación y la denuncia original datan de cinco años atrás, sería conveniente que la justicia de una vez por todas actuará solamente un poco más rápido. No por el ex Presidente fallecido sino por los funcionarios que aún siguen sus cargos y luego de cinco años deberían estar presos cuando que no quedan dudas de la existencia de los sobreprecios en la compra, lo que constituye significativa evidencia para que por malversación y desvío de fondos públicos estos señores ya estén entre rejas.
El contrato de compra fue firmado por el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y por el entonces presidente de Aerolíneas y ahora actual ministro de Justicia, Julio Alak. Y los hechos que se investigan ocurrieron en plena gestión en el área de Transporte del controvertido Ricardo Jaime, hoy investigado en múltiples casos de corrupción. La versión de una supuesta investigación interna de Embraer fue reconocida por la propia empresa ante la Securities Exchange Commission (SEC) que controla las operaciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Pero el diario paulista Valor Económico también dio cuenta de esa versión sobre una investigación interna luego que la empresa hiciera público sus balances y en los cuales hacía constar ello mismo. La causa originalmente surgió a raíz de una denuncia realizada por el abogado Ricardo Monner Sans en septiembre de 2009, en la que daba cuenta del presunto pago de sobreprecios en la compra de los aviones. Según el denunciante, el Estado desembolsó un pago total de 700 millones de dólares. Considerando que la operación y la denuncia original datan de cinco años atrás, sería conveniente que la justicia de una vez por todas actuará solamente un poco más rápido. No por el ex Presidente fallecido sino por los funcionarios que aún siguen sus cargos y luego de cinco años deberían estar presos cuando que no quedan dudas de la existencia de los sobreprecios en la compra, lo que constituye significativa evidencia para que por malversación y desvío de fondos públicos estos señores ya estén entre rejas.
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