LA DIVISION DE PODERES

En un caso se persigue al más importante competidor electoral de Néstor Kirchner. En el otro caso se roza al empresario del juego Cristóbal López, uno de los hombres de negocios más íntimos de los Kirchner. Un juez dicta delante de los periodistas los sucesos de una investigación que afectaría al adversario del Gobierno. Una jueza (Maria Romilda Servini de Cubría) denunció que otro juez mandó robarle un expediente de su despacho, y dijo al mismo tiempo, que el Gobierno estaría buscando presionarla con el juicio político. Jueces que hablan como dirigentes políticos, y políticos que son arrastrados a los tribunales para dirimir una elección. La imagen de pastor evangélico en el que se ha convertido Néstor Kirchner, para borrar la imagen de hombre pendenciero que la sociedad rechaza, está detrás de aquella ofensiva judicial para hostigar a los enemigos y proteger a los amigos del poder.

Federico Faggionato Márquez tiene numerosos pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura, pero no es un iletrado. Es el magistrado que investiga a Francisco de Narváez, porque se detectó que de un celular de su empresa, en poder de un empleado suyo, se hicieron o se recibieron tres llamadas telefónicas hace tres años al "rey de la efedrina", Mario Segovia. Ningún juez con los años en el cargo que ostenta Faggianato Márquez, puede ignorar que lo que está haciendo informar, opinar y evaluar públicamente las alternativas de una investigación lo colocan a un paso de la recusación. Con sus palabras siempre afecta a De Narváez, lo que evidencia, aun con el riesgo de su recusación, una clara intención de favorecer al Gobierno. De Narváez, el candidato que podría tumbar personalmente a Kirchner el 28 de junio. Por tanto el interés político estuvo siempre por encima de la investigación judicial en el caso que supuestamente involucra a De Narváez. Aquellas llamadas con el traficante Segovia fueron informadas mediante comunicado público por la Aduana argentina, un feudo directo de Kirchner.

Si fuera cierto que hubo una vinculación delictiva en esas conversaciones telefónicas, ¿por qué no se preservó el secreto de la investigación antes de arruinar la pesquisa haciendo públicas las llamadas? Para colmo, el juez inquiere también sobre llamadas "recibidas", que amplía aún más la presunción de inocencia de quien usaba el teléfono de De Narváez. ¿Quién puede controlar las llamadas que recibe? El candidato opositor no sabe, incluso, si esas llamadas fueron "plantadas"; es decir, si se hicieron para inculparlo. Respecto del otro caso, Servini de Cubría amontonaba en su despacho muchas causas contra el negocio del juego en la Capital, que tiene como socio al empresario kirchnerista Cristóbal López. El implacable abogado Ricardo Monner Sans la denunció ante la Cámara Federal porque, supuestamente, la jueza siempre se las arreglaba para que esas causas no fueran sorteadas y terminaran en ella. La Cámara elevó el reclamo al Consejo de la Magistratura, la institución que juzga a los jueces, pero su Comisión de Disciplina descartó lógicamente la denuncia por unanimidad. Sin embargo, un kirchnerista neuquino, el senador Marcelo Fuentes, miembro del Consejo, pero no de la Comisión de Disciplina, redactó un durísimo informe sobre la actuación de la jueza en los asuntos del juego. El informe de Fuentes es más sólido jurídicamente, el hizo especial hincapié en que Servini de Cubría había allanado el Banco Central dejándose llevar por un simple anónimo.

Este documento sin firmante denunciaba una infracción a normas cambiarias por parte de empresas del juego, que la institución monetaria estaba investigando. La acción de la jueza permitió que la investigación se interrumpiera en el Banco Central y que el presunto delito no cayera en manos del fuero correspondiente, el penal económico. Servini de Cubría empezó atribuyendo sus males a una lucha interna judicial y terminó denunciando una operación para presionarla con el juicio político. ¿Quién podría presionarla, si no el Gobierno, el único que nombra, asciende, salva o condena a los jueces? También informó que había llamado por teléfono a Néstor y a Cristina Kirchner para contarles sus tormentos, pero que nunca le devolvieron sus llamadas. ¿No existen acaso, por encima de ella, una Cámara Federal y una Corte Suprema de Justicia para escuchar sus lamentos? Existen si, pero la jueza optó por enviar el mensaje al único lugar donde tienen las claves y el poder para solucionarlos. No obtuvo respuesta.