LA INCONGRUENCIA TIENE FECHA DE VENCIMIENTO

Después de varios meses de letargo, la reanudación de la actividad en el Congreso, amenaza con convertirse en toda una pesadilla para el oficialismo. Le guste o no entonces, el gobierno con sus mayorías diezmadas deberá abordar antes del 24 de agosto el problema pendiente de las retenciones a los granos, un tema en el que la Comisión de Enlace y la oposición hacen causa común para acorralar al matrimonio presidencial. La fecha límite del 24 de agosto obedece a que ese día vencerán las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, entre ellas, la de fijar las alícuotas de los derechos de exportación e importación por medio del artículo 755 del Código Aduanero. La oposición no quiere desaprovechar la oportunidad y batallará por devolver al Congreso la atribución constitucional de fijar esos derechos. El debate arrancará esta semana en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Allí, los opositores buscarán limitar la amplia discrecionalidad de la que hoy goza el Gobierno para fijar las retenciones agropecuarias.

Una alternativa que analizan los principales bloques de la oposición UCR, Coalición Cívica, Pro y el peronismo disidente es la de proponer un techo arancelario, superado el cual cualquier eventual suba debe ser aprobada por una ley del Congreso. Resta acordar, todavía, el porcentaje de ese techo. La presidenta Cristina Kirchner y su esposo, Néstor, analizaron, en El Calafate, medidas para el campo. Se ha especulado, sin embargo, con que el Gobierno podría aceptar una rebaja en las retenciones al trigo y otorgar subsidios para los sectores lácteo y de la carne. También se analizó liberar exportaciones de carne. Todo esto podría emitirse antes de fines de agosto. La oposición buscará acercar posiciones y llevar al recinto una en común, según comentaron los diputados Oscar Aguad (UCR), Federico Pinedo (Pro), Adrián Pérez (Coalición Cívica) y Jorge Sarghini (justicialismo nacional). En lo que sí hay acuerdo en la oposición es en revisar ya mismo algunos aranceles vigentes y, por caso, insistirá en reducir a cero la tasa de retención al maíz y el trigo, como reclama la Comisión de Enlace, pero esto no es correcto, y el punto más conflictivo es, una vez más, la soja. Los dirigentes del campo proponen reducir la tasa que rige en este cultivo de 35 al 25%, con una escala de segmentación de acuerdo con las toneladas producidas.

En la oposición no hay acuerdo en este punto, algunos legisladores consideran excesiva esta rebaja propuesta por la Comisión de Enlace por el bache fiscal que generaría en la recaudación. Los diputados oficialistas admiten que el debate no será sencillo y esperan una señal del Poder Ejecutivo. Por lo pronto, el Gobierno concedería una rebaja a cero en las retenciones al maíz y trigo, pero no cederá en la alícuota que grava a la soja. Asimismo, el Gobierno estudia aumentar compensaciones al sector tambero y subir las partidas para atender la emergencia agropecuaria, aunque no en la medida en que reclama la oposición. Mientras tanto, la Comisión de Asuntos Constitucionales deberá analizar una nueva prórroga (por cuarta vez desde 1999) de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo se trata de 1901 normas sancionadas desde 1853 hasta 1994 que contienen potestades legislativas delegadas. Entre ellas, como ya se mencionó, la de fijar los derechos de exportación (retenciones). La oposición estaría dispuesta a ceder al Poder Ejecutivo una nueva prórroga, pero por tiempo limitado, y quiere revisar el Código Aduanero para ponerle límites precisos al Gobierno a la hora de aplicar retenciones. En la maraña de legislaciones delegadas algunos diputados opositores descubrieron el decreto 1067/2005, por la cual el Gobierno creó la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) otorgándole amplias competencias, funciones y potestades punitivas. Este organismo es controlado por el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. ¿La oposición bien podría reclamar una revisión de este decreto no? La última extensión de todo ese paquete se votó en 2006, con vencimiento el 24 de agosto. Los tiempos apremian para la Casa Rosada, queda menos de un mes para que expire el plazo y el Poder Ejecutivo obtenga la sanción de ambas cámaras legislativas de una ley que ratifique la validez de esa arquitectura legal de más de 140 años.