OTRO PERSONAJE EN LAS SOMBRAS

El personaje, parte de cuya historia conoceremos a continuación, no es sacado de ninguna ficción hollywoodense, es un personaje real y 100% Argentino de exportación. Raúl Joaquín Pérez preside el bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV) en la Legislatura bonaerense. A fines de junio se aseguró otros 4 años de mandato, mientras continúa como el influyente número dos del Consejo de la Magistratura bonaerense. Con sus fueros parlamentarios renovados, ahora pugna por cerrar la acusación penal por enriquecimiento ilícito que arrastra desde hace 12 años. De biografía singular, Raúl Pérez de 50 años llegó a La Plata desde Benito Juárez, en el interior de la provincia de Buenos Aires. En la capital bonaerense vivió en una pensión con baños compartidos mientras pugnaba por estudiar Derecho, aunque las cosas fueron al revés, logró avanzar más rápido en la política que en sus estudios. Sin tener su titulo universitario a los 31 años asumió como concejal, y tres años después casualmente y por esos designios que obra nuestra política, obtuvo su titulo, que no es lo mismo que decir: “se recibió de abogado”.

Entre 1999 y 2001 trabajó como director del Astillero Río Santiago y, desde entonces, ocupa una banca como diputado provincial. Sin embargo, como empleado en el Senado bonaerense, siempre se manejo por las calles en taxi, y luego ya como concejal y presidente del Concejo Deliberante comenzó su ascenso social, allí pasó del taxi a moverse en una camioneta cero kilómetro y a volar en un avioneta propia. También se compró una casa valuada en aproximadamente, U$S 320.000 con un ingreso anual de $24.000, como concejal en La Plata. El período de su vida que quedó bajo la lupa, se dio mientras se divorciaba de su primera mujer. Dos peritos oficiales, en informes separados, concluyeron lo mismo, aún con todo a favor créditos incluidos, Pérez no podía justificar entre $287.764 y $483.399 acumulados en concepto de ahorros. Estos importes consignados son más de quince veces el monto (anual) de las dietas, considerando sólo documentación obrante en la causa, lo que lleva a concluir que el importe aproximado sin justificar es sólo un piso, según estimaron los peritos contadores, al presentar su informe en noviembre de 2002. Pérez registró una capacidad de ahorro acumulada durante el período analizado verdaderamente asombrosa en especial, tras su divorcio y cuando su ingreso anual por dietas fue de $ 24.653, sólo sus gastos con tarjetas de crédito superaron los $66.000.

Desde que se expidieron ambos peritos, el expediente comenzó un largo recorrido que impidió el llamado a indagatoria y, de corresponder, el procesamiento de Pérez. Pasó por primera instancia, la cámara de apelaciones, la Casación y la Suprema Corte donde dormitó cerca de cuatro años, otra vez la Casación, la Cámara, primera instancia y otra vez la Cámara. La sensibilidad alrededor de este expediente resultó notable. Al punto que cuando un matutino de esta capital comenzó a indagar antes de las elecciones, y publico un articulo ese mismo día, y sin que mediara un contacto previo, Pérez llamó al diario para ofrecer un diálogo sobre esa causa. Cuando se consultó en la Escribanía General de Gobierno si se podía acceder a sus declaraciones juradas patrimoniales, se acabo la cordialidad y reinó el nerviosismo. Alicia Valenzuela, encargada de tomar las declaraciones patrimoniales, dijo que el acceso a esa información estaba vedado. El expediente estaba en manos de la jueza de transición Carmen Palacios Arias, cuya última decisión fue llamarlo a indagatoria para el 20 de abril último. Pero Pérez volvió a apelar y el expediente subió, otra vez, hasta la Casación e impidió esa audiencia. Pérez tiene una forma de explicar su crecimiento patrimonial, y según el se debe a sus ingresos como abogado, ya que existen en la causa una gran cantidad de recibos emitidos en diciembre de 1996 con una frecuencia inusitada, lo que permite dudar sobre la autenticidad de los servicios prestados. La única manera de determinar la autenticidad de estos servicios profesionales sería mediante la práctica de auditorias en las empresas que aparentemente recibieron esos recibos, pero jamás se hizo, y por lógica jamás se hará.