Esta tormenta revela la urgencia con que la provincia de la que hablaremos, debe emprender una regeneración de sus reglas de convivencia y de su administración. Pero también desnuda las deformaciones propias de un estilo de gestión del poder y del Estado que, desde 2003, se ha hecho habitual en el país. Podría decirse que Santa Cruz es como un reloj que adelanta. La provincia de Santa Cruz se encuentra sumergida en una crisis que afecta casi todas las dimensiones de su vida pública, económica, fiscal, sindical, política y social. Las finanzas provinciales bordean el colapso a pesar de ser, en términos relativos, el distrito más asistido por la Nación. El déficit fiscal supera los $2000 millones. Consecuencia lógica de una política de gasto desenfrenado, sobre todo por la propensión a utilizar el empleo público como un instrumento del clientelismo electoral. En los últimos tres años se incorporaron 10.000 nuevos agentes al plantel estatal. Y el sistema jubilatorio es tan generoso que más de 300 beneficiarios cobran una suma superior a $30.000. El 60% de la población económicamente activa de Santa Cruz se desempeña como agente del Estado, ya sea en el nivel provincial o en el municipal, 55.000 de los 220.000 habitantes de aquellas tierras. Muchas de ellas eran militantes políticos o sociales contratados que ahora fueron absorbidos por el presupuesto provincial de manera definitiva. Parte de los recursos que se expatriaron durante la administración provincial de Néstor Kirchner se fueron consumiendo en este festival demagógico. La dimensión de esos ahorros representa hoy una incógnita que nadie puede revelar, a pesar de las rendiciones oficiales ante el Tribunal de Cuentas de la provincia.
La economía privada no está más rozagante que la pública. La huelga petrolera que finalizó a fines del mes pasado consumió, más de U$S 150 millones. En el conflicto intervino, de manera bastante evidente, la inquina política del matrimonio Kirchner con el gobernador Daniel Peralta, acusado por la Presidenta de ser el responsable de la derrota electoral del oficialismo en la provincia el 28 de junio pasado. La confusión entre intereses públicos y privados no podría ser mayor en este conflicto. Al frente del principal productor de hidrocarburos, YPF, está una familia muy ligada al gobierno nacional. Se trata del mismo grupo que controla el Banco de Santa Cruz, que se negó a administrar el fideicomiso cuya creación había anunciado el gobernador para superar la asfixia fiscal. Peralta intervino a favor del sindicato alentando demandas extremas en contra del empresariado, al que los sindicalistas le arrancaron un aumento salarial del 24,5 %, y además las empresas fueron obligadas por el Poder Ejecutivo a pagar los días no trabajados. Nadie sabe cómo absorberán estos costos las firmas contratistas de servicios petroleros, cuyos ingresos cayeron a un piso histórico por el bajo nivel de actividad. Ciertamente otra cara del fracaso de la política energética del gobierno nacional. El decaimiento del negocio petrolero está cambiando el paisaje social santacruceño. En Río Gallegos, la miseria social tiene otro rostro, la ciudad está rodeada por una villa de emergencia en la que se asentaron más de 400 familias. A su lado se extiende un basural. Esas personas viven casi a la intemperie en un clima, por momentos, siberiano. Los dramas de Santa Cruz constituyen una lección para todo el país.
Estos son la consecuencia de una cultura política y de un modelo de administración que, desde 2003, se proponen como ejemplares para todos los argentinos. Quienes acceden al poder institucional de la provincia son reducidos a la condición de títeres de un caudillo que no tolera perder el control de las decisiones. Kirchner manejó a su antojo a los gobernadores que lo sucedieron. Los que se resistieron a ese designio, como Sergio Acevedo, fueron destituidos. La máxima expresión de este método se observa en la administración de la Nación, es allí donde ejerce su mayor influencia Néstor Kirchner. Un ciudadano cuyo rol debería limitarse al de primera dama, y que, en todo caso, a partir del 10 de diciembre, integrará un poder distinto del Ejecutivo, como diputado nacional. Es difícil encontrar un poder más destituyente que este, ejercido por una sola persona. Pero no es sólo por esta deformación institucional que Santa Cruz se ha convertido en una reducción a escala del país. La provincia es también la casa matriz de un vínculo vicioso entre lo público y lo privado que se ha vuelto muy visible en la Argentina. Los empresarios son parte, de una maquinaria política, los negocios, como la obra pública, se reparten entre tres o cuatro afiliados a un cartel. Del otro lado, se agita un sindicalismo extorsivo que desconoce la negociación y pasa a la acción directa cada vez que los funcionarios o los empresarios no lo reconocen como socio de un orden cada vez más corporativo.
Los asentamientos santacruceños son la imagen física de un crecimiento de la pobreza y el desempleo que, ya son escandalosos en toda la República. Cuatro de cada diez argentinos carecen de los recursos necesarios para vivir y llegaron a esa condición llevados por una política que presume de distribuir el ingreso de manera más equitativa. Los titulares del desastre santacruceño, hoy ensayan candidaturas que tendrían, en 2011, un efecto mágico como la de Julio De Vido, o la de la propia Cristina Kirchner, quien después de ser senadora bonaerense volvió a votar en Santa Cruz, mientras su esposo aprovechaba en Buenos Aires, ventajas electorales del domicilio conyugal. Distracciones vanas, y engaños que sólo pretenden ocultar en la provincia lo que cabe temer en una argentina no muy lejana.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario