NADA NUEVO BAJO EL SOL

Sobre 133 países relevados, la Argentina ocupa el puesto 85° en el ranking de competitividad que elabora anualmente en Davos el Foro Económico Mundial, WEF, por sus siglas en inglés. La buena noticia es que el país subió tres puestos respecto de la edición anterior. La mala, que se sigue rezagado respecto de sus vecinos y que ocupa los últimos puestos en los indicadores relativos a calidad institucional y de eficiencia del mercado. Algunos ejemplos son especialmente llamativos, claro, esto es para aquellos que nos ven y analizan desde afuera, pero no así para cualquier argentino común. La Argentina es el país con la confianza más baja del mundo en los estándares éticos de sus políticos. Sólo supera a tres países en cuanto al favoritismo que demuestran sus gobernantes hacia empresas e individuos con buenos contactos a la hora de otorgar contratos. Y si se evalúa la malversación de fondos públicos debido a la corrupción, sólo puede exhibir resultados mejores que los de nueve países: Burundi, Uganda, República Dominicana, Costa de Marfil, Camerún, Bolivia, Paraguay, Chad y Venezuela. El informe, que incluye 110 indicadores parciales en los que combina datos objetivos con una encuesta de percepción entre empresarios de cada país, considera que el puesto 85° obtenido por la Argentina es "un resultado todavía decepcionante dadas las numerosas fortalezas competitivas del país y el importante crecimiento del PBI observado entre la gran crisis económica de 2001 y 2008.

Entre las fortalezas, se destacan los puestos 18° en matrículas de escolarización primaria y 20° de terciaria, y el hecho de ocupar el puesto 21° entre los mayores mercados del mundo, además de mostrar un desempeño aceptable, lo que esta muy lejos de que ello signifique siquiera, ”bueno” en los indicadores de salud pública. Hay una falta de confianza del sector privado argentino hacia el respeto de las reglas por parte del Gobierno. En general, predomina la idea de que no se puede confiar en el entorno de negocios del país, lo cual es un problema para inversores y para empresarios, tal como se destaca en el informe del WEF. Este añade también que otros problemas que atentan contra la competitividad argentina son, la rigidez del mercado laboral y las dificultades para acceder al financiamiento. La base de los indicadores subjetivos que componen el índice global de competitividad son, en el caso de la Argentina, un centenar de encuestas a altos ejecutivos de empresas medianas y grandes que operan en el país. Los investigadores debieron mandar cerca de mil cuestionarios porque la mayoría de los empresarios no querían opinar por cierto temor a contestar y ser reprimidos. La Argentina es superada en el ranking general por la mayoría de sus vecinos. Brasil, que hace dos años ocupaba el puesto 72°, hoy está en el 56°. Mientras el país de Lula da Silva crecía 16 puestos, la Argentina está hoy en la misma ubicación que en 2007. Chile, en el puesto 30°, sigue liderando la región. Y Uruguay trepó 10 lugares en el último año para colocarse en el puesto 65°.

La tendencia de las dos últimas administraciones de adoptar políticas discrecionales, afirma el reporte respecto de la Argentina, incluido un reciente intento de aumentar los impuestos a las exportaciones agrarias, además de la nacionalización del sistema de jubilación privada, ha erosionado la confianza de los inversionistas locales y extranjeros, lo que ha dado origen a la creación de un mayor incentivo para la salida de capitales. Además de los ya citados, hay otros indicadores que utilizó el WEF para cuestionar el marco institucional argentino. En la encuesta sobre la protección del derecho a la propiedad, los empresarios argentinos brindaron una de las notas más bajas (puesto 126°), detrás de países como Uganda, Albania y Burundi. Tampoco fue bueno el desempeño en los rankings de independencia judicial (120°), transparencia en la ejecución de políticas públicas (125°), despilfarro del gasto público (125°) y eficiencia del marco legal cuando alguien cuestiona una directiva gubernamental (131°). A la hora de evaluar el mercado, la Argentina quedó entre los tres países cuyos impuestos ponen más límites al trabajo y la inversión. Además, sólo en Bulgaria, Venezuela y Zimbabwe las políticas agropecuarias son peores que en argentina. Argentina puede mejorar sus calificaciones, pero para ello básicamente debería institucionalizar sólidas políticas fiscales, lograr un mayor respeto por el Estado de Derecho, liberalizar los mercados y reducir la burocracia a fin de restaurar la confianza de los inversionistas en el Gobierno y el entorno empresarial.