EL LARGO BRAZO DE LA LEY

El juez Norberto Oyarbide, parece haber subido a su corcel cual caballero medieval, entonces con su armadura y lanza en mano intenta arremeter contra todo y contra todos. Ayer llamo a indagatoria a uno de los principales actores de este escándalo, Juan José Zanola, el controvertido titular desde hace treinta años de la obra social bancaria. Sin embargo algo se le escapa a este hidalgo caballero, y es que lamentablemente su lanza es de corto alcance ya que tanto Zanola como muchos otros implicados, tienen una estrecha relación con el matrimonio presidencial. Néstor Lorenzo, el empresario farmacéutico detenido por orden del juez Norberto Oyarbide, es socio mayoritario de droguería San Javier. A San Javier se la investiga por ser una de las principales productoras de expedientes falsos para arrancar al Estado, a través de la Superintendencia de Salud, subsidios para enfermos crónicos -en especial de cáncer y sida- inexistentes. El cobro de ese dinero se realizaba a través de sindicalistas cómplices que administran obras sociales. Entre otros delitos, también se presume que San Javier proveía los medicamentos adulterados que se aplicaban a enfermos oncológicos en el Policlínico Bancario, según denunciaron médicos de ese sanatorio. Inclusive ayer se concluyó un allanamiento que se realizaba a la Asociación Bancaria.

Lorenzo realizaba las operaciones de las que se lo acusa durante la gestión de Héctor Capaccioli como superintendente de Salud. El vínculo entre Capaccioli y Lorenzo fue, según innumerables fuentes del sector, Néstor Vázquez, el gerente general de la Superintendencia, que ya había cumplido importantes funciones en ese organismo durante la gestión del sindicalista José Luis Lingeri, cuando gobernaba Carlos Menem. Capaccioli actuaba como superintendente amparado por Alberto Fernández. El entonces jefe de Gabinete, que en 1999 estaba al frente de la colecta de fondos de campaña de Eduardo Duhalde, lo designó recaudador para el proselitismo de Cristina y Néstor Kirchner. Cuando se allanó el domicilio de Lorenzo, se encontraron allí numerosos recibos por los aportes a las campañas oficialistas. Entre los socios de la droguería de Lorenzo está Carlos Horacio Torres, quien figura como el principal mecenas de Cristina Kirchner en la contabilidad del Frente para la Victoria de 2007. El escándalo de la apropiación de recursos del Estado a través de expedientes fantasma, sobre el que se han publicado varias notas en matutinos de esta capital, estalló cuando uno de los empresarios ligados a Lorenzo, Sebastián Forza, fue asesinado en General Rodríguez, por su vinculación -presume la Justicia- con el tráfico de efedrina.

En el mercado de las droguerías, se afirma que Forza había vendido una importante cantidad de medicamentos a San Javier y que había cobrado esa mercadería con acciones de la droguería. Fuentes de la investigación suponen que, en el momento de su muerte, Forza podría haber estado festejando el contrato que Lorenzo acababa de suscribir con la Bancaria. Lorenzo y Vázquez fueron los inspiradores intelectuales del fideicomiso que se constituyó en el Banco Provincia para financiar la alicaída obra social de los bancarios. La banca privada no quiso involucrarse en la experiencia. Luego Graciela Ocaña, siendo ministra de Salud, hizo públicas las investigaciones que venía realizando sobre esta trama de corrupción. Ocaña era auxiliada por Ana Talco, una funcionaria de planta del ministerio. A raíz de esas denuncias, debió dejar su cargo Capaccioli, que hoy gerencia una empresa de juegos de azar perteneciente a Daniel Mautone, otro conocido de Alberto Fernández. El matrimonio Kirchner obviamente nunca habló de estos episodios. Sólo se sabe que la Presidenta hizo renunciar a Ocaña y que el nuevo ministro, Juan Manzur, desplazó a Talco de su puesto. Como se ve, los hechos que rodean a Lorenzo hablan por sí solos. Casi no hay nada que explicar. Se entiende, entonces, el por que del corto alcance de la lanza del magistrado, devenido en hidalgo caballero.