EL MILLONARIO Y SUCIO NEGOCIO DE LA SALUD

Cuando estalló el caso, sólo parecía comprometida la alicaída obra social de los bancarios, que fuera tardíamente intervenida por la Presidenta ante un pedido del juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la principal de las investigaciones judiciales sobre este delito aberrante, que, ha venido poniendo en juego la salud y la vida de enfermos que inocentemente creían encontrarse bajo tratamiento. A medida que fueron avanzando las investigaciones sobre las mafias que adulteran medicamentos, no dejan de asombrar los cada vez más numerosos e intrincados vínculos que esas mafias mantienen con el poder político, aquí halamos específicamente de la administración del matrimonio Kirchner, el poder sindical, y con las cajas que financian a ambos poderes. La fortísima impresión que ha causado ver, en la puerta misma del juzgado de Oyarbide, una fila de pacientes y familiares que desesperados aguardaban develar allí si las sustancias que habían recibido eran las apropiadas o no. Por otra parte ahora se confirmó que además de la de los bancarios, se investiga también a otras seis obras sociales, y se habla de un total de 46 que estarían en el ojo del huracán, ahora están siendo investigadas, la de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, del Personal de la Actividad del Turf, de los Agentes de Lotería y Afines, del Personal Gráfico, de los Empleados Municipales de Avellaneda y de los Aeronavegantes.

Sobre esas obras sociales también pesa la sospecha de haber operado con la droguería San Javier, de Néstor Lorenzo, principal acusado de haber entregado remedios vencidos y adulterados a la obra social de los bancarios. Lo que antes parecía un caso aislado, pese a las numerosas denuncias judiciales que se han ido acumulando durante los últimos años, ahora parece revestir una magnitud tan grande como para sospechar un modus operandi generalizado y muy arraigado. La vinculación entre el negociado de los medicamentos que no son tales con el financiamiento de la política y los sindicatos se encuentra en el Ministerio de Salud, más precisamente, en la Superintendencia de Servicios de Salud y, allí, en la Administración de Programas Especiales (APE), donde se otorgan los subsidios a las obras sociales para los remedios destinados a enfermos de alta complejidad. Estos son medicamentos para pacientes que padecen cáncer, leucemia y sida, y algunos llegan a costar más de $20 mil. La APE dispone de un fondo constituido con aportes de los trabajadores y las empresas, que el Estado les entrega a las obras sociales para la atención de estos pacientes. En esta trama, hay otro dato que no podemos dejar de lado, durante un allanamiento realizado el año pasado en la casa de Lorenzo se encontraron recibos por más de $1 millón, correspondientes a aportes a la campaña electoral de Cristina Kirchner. El ex superintendente de Servicios de Salud, y recaudador de fondos de campaña Héctor Capaccioli, también será citado a declarar. La es Ministra de Salud, Graciela Ocaña enfrentó a la mafia de los medicamentos y logró la renuncia de Capaccioli.

Tampoco escapa del escándalo el gobierno bonaerense, pues le costó el cargo a Alberto Costa, subsecretario de Control Sanitario. El ministro de Salud provincial, Claudio Zin, había afirmado que no existían más vínculos de funcionarios bonaerenses con los imputados, pero luego de sus dichos tuvo que desplazar al responsable del Laboratorio Central de Salud Pública de la provincia. El número de los fondos que maneja la APE explica el interés de Moyano por esa área de la cartera de Salud, y el manejo de esas sumas de dinero explica también el surgimiento de verdaderas monarquías al frente de varios sindicatos. El de los bancarios tiene al frente desde hace 27 años a Juan José Zanola; a cargo de la obra social se encontraba su esposa, y en el de los camioneros la monarquía hereditaria, cuya titularidad recayó en un hijo de Moyano. La lógica difusión que ha alcanzado el escándalo de los medicamentos, sumada a la preocupación de los enfermos y al empuje que le imprimió a la investigación el juez Oyarbide, debería permitir desentrañar y desmontar esta mafia que combina delito y poder político. Es la oportunidad para poner fin al financiamiento ilegal de la política, que fue la que, en definitiva, alimenta estos negocios asesinos.