INSTITUCIONES

El insólito convenio con la AFA, tanto como el veto a la ley de emergencia agropecuaria, sancionada en forma unánime por el Congreso, y también la vergonzosa prórroga de la delegación de los denominados "superpoderes" están, según la Presidenta, en la línea del "fortalecimiento" de las instituciones. Tal vez sea por eso, o para evitar sus implicancias y soslayar su verdadero significado, nuestra presidenta ha comenzado a utilizar el término "institucional" para aplicarlo indiscriminadamente a situaciones que poco tienen que ver con el sentido real y profundo de esa palabra. Pero si todo es institucional, nada lo es en sentido estricto, porque, para que así sea más allá de las palabras, debe respetarse y entenderse que las instituciones republicanas tienen un carácter objetivo y técnico, además de un profundo fundamento democrático. Por eso, hay decisiones políticas que objetivamente se inscriben con naturalidad en el orden republicano y otras que, por el contrario, lo vulneran cualquiera fuera el ropaje con que se las quiera presentar o disfrazar. En otras palabras, todo lo que favorece a un avance desmedido del Poder Ejecutivo o, de cualquiera de los otros poderes resulta contrario al equilibrio republicano y, por lo tanto, contradice el espíritu de la Constitución. Por eso, decimos entonces que las instituciones se empequeñecen indefectiblemente cuando el Congreso se convierte en un mero ejecutor de las órdenes de Presidencia, o cuando las leyes sancionadas por el Congreso resultan, de pronto, vetadas por el poder administrador.

Si, además, el instrumento excepcional con que cuenta el Poder Ejecutivo para desechar, en todo o en parte, las leyes sancionadas por el Congreso, se convirtiera en habitual, se estaría transformando la naturaleza misma del Ejecutivo, que pasaría a tener atribuciones abiertamente legislativas, con el consiguiente deterioro republicano. Esta actitud podría sumarse a una serie ya interminable de flagrantes mentiras y contradicciones entre los dichos y los hechos a la que nos tiene acostumbrados la pareja gobernante, lo que se agrava en tanto marca una voluntad de prescindir, cuantas veces le parezcan oportunas, del ordenamiento jurídico esencial del Estado. Lo que se ha visto en estos escasos e incumplidos dos meses que nos separan de los comicios de junio, en los que el Gobierno fue derrotado, es una pequeña muestra de lo mucho que deberán padecer las instituciones y la ciudadanía en los dos años que tiene por delante la actual administración. Porque más allá de la prepotencia y de la hipocresía de la que hace gala el matrimonio Kirchner para justificar cada abuso de poder, su desprecio profundo por las normas que rigen el sistema republicano es cada día más evidente. Las presiones sobre el Poder Judicial, denunciadas reiteradas a veces por magistrados y otras por asociaciones de abogados; el vaciamiento de los organismos de control y el encuadramiento automático del Congreso del que dan cuenta los propios legisladores, obligados a aprobar proyectos del Ejecutivo sin poder modificar una sola palabra, muestran cómo los equilibrios republicanos han sido deliberadamente destrozados.

Sin normas legales a las cuales atenerse y sin una mínima guía, para orientar el proceder, una suerte de conocido rasgo autoritario chavista parecería ir apoderándose cada día más de la pareja gobernante. Y como pasa ya en otras latitudes, cuanto mayor es la arbitrariedad ejercida, mayor es también la invocación de presuntos altos y dignos principios que la justifiquen. Por ello, cuando avanzan por ejemplo sobre la prensa independiente, lo hacen en nombre de la libertad de expresión; o cuando se destruye la cadena productiva se dice que es para favorecer la producción. De la misma manera, los berborragicos anuncios de redistribución del ingreso procuran ocultar el crecimiento cotidiano de la pobreza o la increíble afirmación de Néstor Kirchner de que el pueblo le ha pedido en las urnas la "profundización" del modelo, con la que quiere disimular la categórica derrota del Gobierno el 28 de junio. Esta actitud permanente de un oficialismo ciego que pervierte el sentido de sus propias acciones le ha valido el descrédito y el evidente hartazgo de un pueblo advertido sobradamente de sus modalidades de engaño. Toda vez que se pretende distorsionar la voluntad popular, lo que en verdad se pone de manifiesto es el desconocimiento absoluto de las instituciones, si, las mismas de las que habla la jefa de Estado.