QUE NO NOS SECUESTREN LOS GOLES

Tan mal midió la primera mandataria los efectos de sus palabras, que debió soportar no sólo la crítica unánime de los dirigentes políticos opositores, sino que también la condena de no pocos representantes de organismos de derechos humanos. Tales declaraciones reflejan nada más y nada menos que una sorprendente torpeza una habitual imprudencia en un jefe de Estado, y reiteran la tan lamentable tendencia a demonizar a los imaginarios enemigos que construye el gobierno kirchnerista para consolidar su poder y dividir a los argentinos. Así como en ocasiones anteriores se recurrió a demonizar a las Fuerzas Armadas, a la Iglesia, a la prensa independiente, al campo y a la oposición, con calificativos que fueron desde "oligárquicos" hasta "destituyentes", ahora el Gobierno vuelve a arremeter contra un grupo multimedios al que pretende irresponsablemente asociar en el imaginario colectivo con los peores males de la Argentina. Al igual que cuando habló de los "fusilamientos mediáticos", la presidenta Cristina Fernández de Kirchner incurrió en grotescas comparaciones cuando anunció el cuestionable convenio con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la televisación de los partidos por Canal 7.

Equiparó en esta ocasión el "secuestro de goles" que atribuyó al grupo empresario que se ocupaba de la transmisión de los encuentros futbolísticos, con los secuestros y desapariciones de personas durante el último régimen militar. La Presidenta no está haciendo otra cosa que banalizar el pasado y los errores de un gobierno dictatorial, extremando los recursos de la demagogia para convencernos de que detrás de un convenio con la AFA celebrado a las apuradas y del cual aún hoy desconocemos casi la totalidad de sus detalles, hay una lucha épica y revolucionaria contra corporaciones maléficas que pretenderían adueñarse de la vida de los argentinos, según su particular criterio. Resulta difícil entender por qué si el derecho a la recreación, proclamado por la Presidenta, era tan importante y si el acceso a ver los partidos de fútbol gratuitamente y por televisión abierta era considerado por el Gobierno como un "bien fundamental", las autoridades nacionales tardaron seis años en propiciar la estatización de la transmisión televisiva de esos acontecimientos deportivos. Tampoco es fácil comprender, desde el sentido común, por qué las autoridades nacionales se muestran dispuestas a arriesgar una inversión de 600 millones de pesos anuales, que costearemos todos los argentinos -nos guste el fútbol o no- en momentos en que las cuentas fiscales nacionales y provinciales exhiben un franco deterioro.

La trama del acuerdo podría simplificarse a dos objetivos de la fracción gobernante, el primero, el de reconstruir su poder, deteriorado tras la derrota electoral del 28 de junio, con argumentos ostensiblemente demagógicos, y segundo demostrarles a los distintos sectores políticos y económicos que el kirchnerismo aún conserva una elevada capacidad de daño y de disciplinamiento, a partir, por ejemplo de la decisión de quitarle el negocio del fútbol a un grupo empresario. Lo que no se trataría, en el fondo, de algo muy diferente a lo que hizo el Gobierno con distintas empresas de servicios públicos que estaban en manos privadas, a cuyos concesionarios se obligó de mil maneras a abandonar sus respectivos negocios para que quedaran en manos del Estado o de amigos de la Casa Rosada. O con la apropiación de Aerolíneas Argentinas, que hoy nos cuesta a los argentinos la friolera de 10 millones de pesos por día que podrían perfectamente destinarse a planes sociales para paliar los escandalosos niveles de pobreza, mientras nuestras autoridades nacionales nos bombardean con hipocresía, señalando sin cesar que el problema de la Argentina es la inequidad en la distribución de los recursos. A mi juicio, esto se resume con una vieja consigna, “Pan y Circo”