EL CONFLICTO DE KRAFT FOODS

Los índices de pobreza continúan subiendo escandalosamente, la inseguridad a diario cuesta la vida a decenas de argentinos y causa lesiones, angustia, infelicidad y desasosiego. En donde el Estado debería intervenir en cumplimiento de sus facultades constitucionales, no lo hace. A esa gente el Estado les dice: "Yo no puedo intervenir" o, lo que es peor: "No debo intervenir". Sin embargo, a diario hay cataratas de declaraciones de funcionarios que defienden la participación del Estado en la economía en rubros que abarcan desde el control de precios, la gestión de plantas papeleras, la intervención en contratos para televisar el fútbol, el control de los medios de comunicación, el condicionamiento a las exportaciones, el cierre de las importaciones, la asignación de subsidios a quienes no lo necesitan, etcétera. El deterioro de la institucionalidad que constituye un valor indispensable para el ejercicio pleno de la democracia deja a la sociedad absolutamente indefensa frente a una sucesión de conflictos presuntamente gremiales, pero que en realidad ocultan una compleja trama de intereses en la cual el Estado, una vez más, permanece en un grado de ausencia tal que se podría decir que es más cómplice que ausente, y deja indefenso al conjunto de la sociedad. Eso es lo que le está sucediendo a una empresa como Kraft Foods Argentina.

Tras haber sido objeto de numerosos hechos violentos que incluyeron el bloqueo de las instalaciones en General Pacheco, la privación ilegítima de la libertad de numerosos empleados y una serie de agresiones y ataques al personal propio y de seguridad, decidió el despido con causa de las personas que fueron identificadas como protagonistas de los episodios, todo lo cual quedó refrendando en denuncias penales. No obstante ello, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dictó una conciliación obligatoria que fue violada por algunos manifestantes, que durante 20 días tomaron de forma violenta la planta industrial, paralizando la actividad y afectando a miles de puestos de trabajo, provocando además numerosos cortes en las vías de tránsito, tanto en la ruta Panamericana como en diversos calles de la Capital, afectando sensiblemente el desplazamiento de ciudadanos ajenos al problema. La ocupación ilegal de las instalaciones constituye un hecho grave. Pero más grave aún es la falta de indefensión de la empresa, sin poder ejercer libremente sus derechos dentro de su propio predio. Fue preciso que, a último momento, actuara la Justicia y, mediante una orden del juez de garantías de San Isidro, Ricardo Costa, se procediera al desalojo de la planta. En ausencia del Estado, se han violado los derechos constitucionales, se afectó la seguridad jurídica y el clima necesario para la inversión y creación de empleos formales, que son algunos de los pilares fundamentales para sostener una economía que está reclamando crecimiento y desarrollo, mientras los índices reales de desocupación y pobreza crecen de manera alarmante.

Esto comenzó cuando la presidenta de la Nación estaba realizando un viaje a los Estados Unidos, en el cual pretendía atraer inversores y potenciar la confianza en el país, y mientras el ministro de Economía, Amado Boudou, pretendía dar señales de racionalidad económica en el exterior. Es una muestra elocuente de un contrasentido que parece propio y natural en la gestión del gobierno kirchnerista. A quien sí escuchamos hablar de la grave situación planteada fue al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que en su discurso ante la Asamblea de la ONU, afirmó que si se lo autorizase, compraría esta empresa para dársela a los trabajadores. Parece quedar claro quienes financian estos movimientos que, con el pretexto de dudosos conflictos gremiales, buscarían apropiarse de fuentes de producción rentables. ¿Sería ésta la razón última de la prescindencia del gobierno argentino en el conflicto? Los gobernantes deben ejercer la autoridad que les confiere la Constitución Nacional y las leyes, en lugar de especular con vagos conceptos como "costos políticos" o "imagen pública". La inoperancia que han mostrado en casos como el de Kraft legitima las vías de hecho de personas que, con cualquier pretexto y con clara intencionalidad política, se sitúan más allá de las instituciones que nuestra legislación contempla para que los ciudadanos podamos superar nuestras diferencias. El Estado debe asegurar el pleno ejercicio del derecho constitucional a trabajar y a ejercer toda industria lícita, el derecho de propiedad y la libertad de tránsito de todos los ciudadanos. Claro, pero esa es solo mi opinión.