octubre 29, 2009

EL FUTURO INCIERTO DE LA LEY DE MEDIOS

Un fallo que la Corte Suprema dictó en 2007, solo dos años atrás, con la firma de cuatro de sus actuales ministros Ricardo Lorenzetti, Raúl Zaffaroni, Carlos Fayt y Enrique Petracchi, resolvió que la Corte puede revisar el trámite legislativo. El fallo es poco conocido, pero es muy importante. Si los medios de comunicación perjudicados por la ley impugnasen no sólo las normas anticonstitucionales que contiene, sino también el trámite irregular que le imprimió el Congreso nacional, podrían encontrar un inesperado respaldo. Por cierto, el embate más fuerte de las empresas periodísticas girará alrededor de una veintena de artículos que contienen abusivas violaciones del derecho de propiedad y de la libertad de expresión. Hasta hace dos años, había pocas chances de impugnar estas trampas. En efecto, en la reforma constitucional de 1957, la Convención Reformadora introdujo el artículo 14 bis, relativo a los derechos sociales. Lo hizo sin haber respetado el reglamento que la propia convención había dictado. La Corte, cuando resolvió ese planteo, en 1963, fijó un criterio que reiteró a lo largo de los años: la Justicia no tiene competencia para revisar el trámite de sanción de una ley, salvo que el Congreso viole los pasos "mínimos e indispensables" que establece la Constitución para la sanción de las leyes.

Pero en 2007, la Corte dio un giro. En 2002, el presidente Eduardo Duhalde había propuesto el ascenso de un militar, Julio César Binotti, pero el Senado rechazó el pliego. Entonces el oficial presentó una acción de amparo, la Corte interpretó que el Senado, a la hora de computar la mayoría absoluta, no había respetado el criterio establecido por su propio reglamento interno. En el caso Binotti, la Corte resolvió que el trámite de sanción de las leyes un acto político por excelencia es revisable por la Justicia, pues los jueces pueden controlar si los otros poderes, al ejercer sus atribuciones propias, se extralimitaron. Como nunca antes una Labor Parlamentaria habrá tenido tanta trascendencia. La razón es que podría resolverse la nulidad del documento, que sirvió de base a la Casa Rosada para dictar el decreto de promulgación de la ley. El problema para el oficialismo es que si el documento llegara a ser declarado nulo, podría quedar bajo sospecha la validez misma de la ley, sancionada por el Senado el pasado 10 del corriente, lo que abriría un capítulo más en la lucha legal que, según se anticipa, rodeará la aplicación de la norma. Ese texto fue aprobado con severos errores en la remisión que en dos artículos (95 y 124) se hace a otras tantas cláusulas de la ley. La fe de erratas de la Cámara baja intento subsanar esa incongruencia. Sin embargo, ese documento excede las facultades que la Cámara baja le concedió a su presidente Eduardo Fellner, al permitirle renumerar los artículos y corregir errores ortográficos.

Pero eso no es todo. La oposición también ha cuestionado el trámite legislativo seguido por la fe de erratas. Es que el documento llegó al Senado 22 días después de que el proyecto fuera aprobado por la Cámara de Diputados y de que la Secretaría Parlamentaria se hubiera tomado cinco días para pasarlo en limpio. Además, cuando la fe de erratas ingresó en el Senado, el 9 de octubre, en pleno debate de la iniciativa, el secretario parlamentario, Juan Estrada, no se lo comunicó al cuerpo, como correspondía. Este debate, como telón de fondo, tiene, además, el apuro del Poder Ejecutivo por poner en marcha los mecanismos previstos en la norma. En virtud de esa directiva, el bloque kirchnerista del Senado designó ya a sus representantes en la comisión bicameral creada por la ley. Lo mismo había hecho la bancada oficialista de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la oposición se niega a aceptar los tiempos kirchneristas, y por ello el jefe del bloque de diputados macristas, Federico Pinedo (Pro-Capital), elevó una nota al presidente de la Cámara baja, el kirchnerista Eduardo Fellner (Jujuy), en la que le plantea que la comisión debería integrarse con la nueva conformación del Parlamento, es decir, a partir del 10 de diciembre próximo. El tema ahora esta supeditado a la resolución del affaire de la fe de erratas.

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