EN LA MADRUGADA DE UN 10 DE OCTUBRE

La mayoría kirchnerista del Senado finalmente aprobó, a las 2.30 del 10 de octubre de 2009, el proyecto de ley de radiodifusión, gracias a una cómoda mayoría lograda con la adhesión de fuerzas políticas menores y el apoyo de legisladores oficialistas críticos y de opositores, a cambio de promesas de beneficios fiscales y financieros para sus provincias. Con 44 votos a favor, el oficialismo daba el primer paso hacia la sanción definitiva de la ley. La oposición reunió 24 votos, y al mismo tiempo unos 5000 manifestantes celebraban, aunque no sabían que, en la Plaza del Congreso con un festival de música organizado por el Gobierno, “pan y circo”. Una vez más la política compra de voluntades del Poder Ejecutivo demostró ayer toda su efectividad en el Senado, ya que los legisladores de Tierra del Fuego (ex ARI), José Martínez y María Rosa Díaz, y la radical correntina Dora Sánchez fueron fundamentales para que el kirchnerismo pudiera alcanzar el quórum que habilitó la discusión del proyecto de radiodifusión. El estigma de los votos comprados por la Casa Rosada atravesó durante todo el día el debate en la Cámara alta, tanto que varios de los senadores señalados aprovecharon largos minutos de sus exposiciones para justificar, ante el silencio sepulcral de sus colegas, lo injustificable. El peronista catamarqueño Ramón Saadi y del tucumano Carlos Zalazar (Fuerza Republicana), fueron los más destacados. Llamó la atención que ninguno de estos senadores se preocuparan por desmentir las versiones que los involucraron canjeando sus votos por ayuda financiera del gobierno nacional a sus provincias. Sin embargo, otros sí se molestaron en justificar sus posturas.

El oficialista jujeño Guillermo Jenefes, que habilitó con su firma en disidencia el dictamen que el kirchnerismo no podía alcanzar, sorprendió creo con la más ridícula de las exposiciones al afirmar que fueron los medios de comunicación quienes lo presionaron para cambiar su voto, y no la Casa Rosada. La presión la sufrí de los medios de prensa, dijo, que pretendieron que este senador de la Nación traicionara sus convicciones y su pertenencia política. El primer tema para pensar es cuánto nos hemos acostumbrado a vivir en medio de una ilegalidad creciente. El segundo, vinculado al anterior, tiene que ver con el perfil de funcionarios públicos que, en lugar de custodiar los intereses del pueblo que representan, se asemejan más a una banda de facinerosos. Para combatir ese mal, la única salida es que los jueces encargados de velar por la aplicación de la ley ejerzan de una vez con responsabilidad sus funciones, así tal vez la ciudadanía pueda recuperar la confianza de que vivimos en una sociedad decente, que funciona de acuerdo a las reglas del Estado de Derecho. La escandalosa corrupción existente en el gobierno nacional nos asemeja a modelos latinoamericanos para temer, y esto lo vemos plasmado en los acontecimientos que se conocieron sobre Papel Prensa que ratifican una vez más la sospecha de lo que pretende el Gobierno es contar con medios de comunicación y de prensa adictos y complacientes, que silencien definitivamente sus reiterados abusos de poder. En la Argentina cada más los funcionarios gubernamentales utilizan salvajemente los fondos públicos y se enriquecen impúdicamente a la vista de todos en la más escandalosa impunidad.

La ley 22.285 fue promulgada por Jorge Rafael Videla el 15 de septiembre de 1980 para fijar "los objetivos, las políticas y las bases" que tenían que "observar los servicios de radiodifusión". En ese momento, también fue creado el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer). El 26 de abril de 1988, el entonces presidente Raúl Alfonsín envió al Congreso un proyecto que se apoyaba en un trabajo del Consejo de Consolidación de la Democracia. Un año después, envió otra iniciativa. Ninguna de las dos avanzó, luego recién llegado a la presidencia, Carlos Menem derogó el artículo 45, que negaba a las empresas periodísticas extender su actividad y así quedaba abierto el camino para la privatización de los canales 11 y 13. Canal 2 y Canal 9 ya habían regresado a manos privadas en 1983, poco antes del fin de la dictadura. En noviembre de 1996, el gobierno de Menem mandó al Senado otro proyecto para cambiar la ley de radiodifusión. Nunca avanzó. Durante agosto y septiembre de 1999, justo antes de las elecciones presidenciales, los dos principales candidatos, Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa, debatieron sobre la ley de radiodifusión y se declararon en favor de una rápida reforma, la cual tampoco se concreto. Ya en los años más recientes, Néstor Kirchner evitó promover cambios en la ley y su medida más fuerte respecto del sector fue el decreto de 2005 que extendió por 10 años las licencias de radiodifusión. Hoy finalmente Cristina Kirchner será la primera en algo, su rubrica quedara en la historia como la primera presidente mujer en retroceder 29 años para silenciar una vez más a la opinión publica, en la madrugada del 10 de octubre de 2009.