VERDADES DEL DECRETO PRESIDENCIAL

El plan que anunció la Presidenta se transformara en una colosal operación de compra de votos y punterismo para llevar de nuevo a Néstor Kirchner al ejercicio formal de la primera magistratura. Sin un registro único y público de beneficiarios de planes sociales, cualquier plan social será vulnerable al clientelismo. No hay ningún esquema que permita controlar que no lo cobren quienes tienen otros beneficios nacionales, provinciales y/o municipales. Si se controla bien, servirá para menos de lo que se pregona, pues no alcanzará a quienes ya tienen alguna clase de cobertura. Y sin dudas el plan tiene muchos puntos oscuros: Es un impuestazo a los actuales jubilados. Las prestaciones se pagarán con los aportes jubilatorios, legalmente creados y destinados al pago de jubilaciones obtenidas por los aportantes y a las asignaciones familiares de parte de los trabajadores aportantes. De este modo, el superávit de la Anses, una vez más, se destinará a cualquier cosa menos a pagar a los actuales jubilados. El esquema podría ser atacado judicialmente, puesto que por decreto de necesidad y urgencia se cambian los destinos de los fondos de la ley jubilatoria. La opción redistributiva es clara, ahora serán los trabajadores, no los ricos, los encargados de asistir a los pobres y lo harán regalándoles los ahorros con los que deberían contar tras el retiro.

No impide el clientelismo, ya que corresponderá a una decisión discrecional decir quién tiene un hijo discapacitado o no, quién cumple el resto de los requisitos o no. Las bases de datos no serán públicas así no habrá manera de saber si quien figura como desocupado lo es o no y si no recibe varios planes sociales. Decir que quienes trabajan en negro no podrán cobrarlo si ganan más que el salario mínimo es tan ridículo que mueve a risa. ¿Se pedirá el recibo de sueldo a los trabajadores informales? Se reclama tanto papeleo que generara más corrupción, habrá que presentar el DNI de padres e hijos para que los desocupados puedan cobrar el beneficio es condenar a muchos a no tener nada, ya que renovar un DNI perdido o dañado toma más de un año. El vergonzoso sistema de identificación que tiene la Argentina, propio del siglo XIX garantiza inexistencia de controles, facilidad de falsificaciones y una gigantesca oportunidad para la corrupción, crea las condiciones perfectas para un mercado negro de certificados de escolaridad, vacunas y salud y DNI truchos. Los esquemas de asistencia generalizada a personas discapacitadas, como jubilaciones por invalidez o incapacidad o aumento de las asignaciones familiares generaron siempre "epidemias" estadísticas de discapacidades, que hicieron que la Argentina tenga, para el cobro de compensaciones, más inválidos que países que sufrieron guerras. Nada en el actual proyecto asegura que no volverá a ocurrir lo mismo.

Hasta el presente, los regímenes de pago directo de las asignaciones familiares generaron "empresas" de punteros que inscribían a las personas, les hacían el trámite, las llevaban a cobrar y les "cobraban" no menos de la mitad del beneficio por la gestión. En el anuncio no hay un solo atisbo de que se hará algo para impedir esto. Hay, en cambio, un reconocimiento de las vulnerabilidades, al poner un tope a la cantidad de hijos que pueden por familia recibir el beneficio. ¿Qué tan fácil es para los pobres conseguir los DNI, los certificados de escolaridad y de controles de salud? Existiendo punteros como los hay más que sencillo. El esquema aparte esconde una maniobra para bloquear reclamos de las provincias. Los estados del interior cedieron en 1992 parte de la recaudación de impuestos coparticipados para asistir a la entonces deficitaria Anses. Pero hoy la caja de las jubilaciones es superavitaria y algunas provincias, como Córdoba, reclaman el fin de esa cesión. Ahora los Kirchner podrían decirles que quieren sacarle el pan de la boca a los pobres. Pero, por ejemplo, Daniel Scioli podría tener que explicar a los docentes de su provincia que no les va a dar aumento de sueldos porque cede parte de la coparticipación para que los Kirchner gasten. El esquema, contra lo que su nombre indica, no es universal. El mismo régimen plantea todas las exclusiones que se enumeraron en el artículo. Mas corrupción solo que con el sello y la firma del Gobierno Nacional.