El gobierno de Cristina Kirchner, decíamos en el artículo anterior, se aseguró la prórroga hasta 2011 de la ley de emergencia económica, una herramienta que le otorga amplias facultades para gobernar sin control parlamentario. La extensión de la vigencia de la ley que sancionó el Senado será por los próximos dos años, lo cual le permitirá a Cristina Kirchner retener y ejercer esas facultades hasta el final de su mandato, y le ahorrará discutir, el año próximo, la continuidad de ese estado de excepción con un Congreso con mayoría opositora, como ocurrirá en los próximos dos años a partir del 10 de diciembre. El resultado de la votación (38 votos a favor y 23 en contra) dejó en claro el rechazo de todo el sector opositor a la extensión de la vigencia de la norma. De hecho, sólo sumaron sus votos al kirchnerismo los aliados de siempre, los senadores de Tierra del Fuego José Martínez y María Rosa Díaz (ex ARI) y Horacio Lores (Movimiento Popular Neuquino).
La emergencia económica fue sancionada en 2001 y ésta es la quinta prórroga que se vota en siete años de vigencia. Producto de aquella época de crisis, la norma delega amplias facultades en el Poder Ejecutivo que van desde la declaración de la emergencia en materias sanitaria y laboral hasta la posibilidad de realizar reformas al sistema financiero y cambiario sin necesidad de contar con la aprobación del Congreso. Otro de los aspectos centrales de la ley es la facultad que le otorga al Poder Ejecutivo para renegociar los contratos y las tarifas de los servicios públicos privatizados en la década del 90. Sin embargo, el Gobierno ha usado estas facultades para avanzar sobre las empresas públicas, y como ejemplo, existen el caso de Aguas Argentinas, estatizada con el nombre de Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa) en el gobierno de Néstor Kirchner.
Las crisis generadas por los supuestos brotes de gripe A y de dengue, que el ejecutivo debía combatir le dieron el motivo perfecto para justificar la extensión de la emergencia económica, al recordar que en virtud de esta norma el Poder Ejecutivo pudo destinar partidas por $100 millones para combatir ambas epidemias, dinero que jamás se acredito en la cuenta del ministerio de salud. En tanto, esta claro que la Constitución prohíbe la delegación sin bases establecidas por el Congreso, pero aun así las facultades comprendidas en el proyecto son tan amplias que son imposibles de controlar. Vivir en emergencia habilita la discrecionalidad, igual que habilita el uso abusivo de los decretos de necesidad y urgencia que practica el Gobierno y esto lleva a una concentración absoluta del poder.
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