DE ESO NO SE HABLA

Se los acusa por enésima vez, en esta oportunidad de una presunta licitación irregular destinada a la compra de 800.000 litros de gasoil. En la causa comparten los cargos como no podía ser de otro modo con el ministro de Planificación, Julio De Vido, responsable del área que ejecutó la operación. En una nueva investigación abierta ante en la Justicia, el matrimonio presidencial deberá responder por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y lavado de dinero. El expediente ha despertado preocupación entre altos funcionarios del Gobierno, que siguen de cerca sus avances. El fiscal federal Guillermo Marijuán presentó un requerimiento de instrucción en el que individualizó a los tres como imputados de esos supuestos delitos y le pidió al juez federal Claudio Bonadío, a cargo de la causa, que tomara medidas para investigar. Las primeras ya están en marcha. Los primeros documentos solicitados por Bonadío fueron incorporados al expediente durante las últimas semanas. Según surge de esos papeles el gasoil lo adquirió la Administración General de Puertos para el dragado de la Hidrovía, que por las características de la compra no se realizó una licitación, sino un concurso de precios, que de esa pugna no participaron las grandes petroleras y que ganó, entre sólo cuatro oferentes, una empresa llamada Sualier S.A. Con esta información en su poder, el juez busca averiguar si era cierto que, tal como sostuvo la denuncia, el precio que pagó el Estado por los 800.000 litros de gasoil es muy superior al de mercado. Para eso, pidió a un grupo de compañías que comercializan hidrocarburos que lo informaran de cuáles son sus tarifas.

En estos momentos espera esa respuesta. Sualier S.A. es una empresa con sede en la ciudad de Buenos Aires, que tiene personería jurídica desde noviembre de 2004 y cuya actividad principal es la fabricación de productos de la refinación del petróleo. De acuerdo con lo publicado por el Boletín Oficial en julio de 2009, su titular es Enrique Hugo del Valle. El expediente fue iniciado por un particular, en diciembre, sobre la base de esa denuncia, Marijuán pidió que se abriera la investigación contra De Vido y los Kirchner. En su requerimiento de instrucción, detalló cuáles son las presuntas irregularidades que el denunciante imputa a los acusados. El llamado a licitación cuestionado es el 13-2009 expediente Agpse Nº 4156-2009 a través del cual se solicita la compra de 800.000 litros de gasoil, al cual se le daría un uso de calidad primaria y que para ello, se contaba con un presupuesto de 2.932.464 pesos, equivalente a 3,66 pesos el precio por litro. Pero es de señalar que en cualquier estación de servicio el valor del combustible aludido no superaría los 2,50 pesos por litro, y en un caso como el denunciado se podría obtener el gasoil a 2,28 pesos por litro, razón por la cual, si se necesitan 800.000 litros, ello demandaría sólo la suma de 1.824.000 pesos. En principio entonces, y teniendo en cuenta las constancias que se desprenden del escrito promotor, resultarían imputados Néstor Carlos Kirchner, ex presidente de la República Argentina; Cristina Fernández de Kirchner, actual presidenta de la Nación, y el ingeniero Julio De Vido, ministro de Planificación Federal.

Ello, sin perjuicio de que el avance de la investigación permita vincular el proceso a otros sujetos que hubieren intervenido en los hechos denunciados. Ya en diciembre personas vinculadas al Ministerio de Planificación se habían presentado en los tribunales, interesadas por conocer los detalles de la causa. Desde el juzgado se comunicaron con la cartera a cargo de De Vido para consultar sobre el tema, pero no obtuvo respuesta. Esta no es la única causa abierta contra De Vido en los tribunales. También lo investigan por un pago de sobreprecios en la compra de locomotoras usadas a una empresa japonesa. Antes de renunciar, el ex juez Jorge Urso lo había sobreseído, pero en 2007 la Cámara Federal consideró que esa decisión había sido prematura y reabrió el caso. Entonces, le ordenó al nuevo juez de la causa, el subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, que cumpliera con una larga lista de medidas de prueba. De Vido fue acusado, además, de enriquecimiento ilícito, pero el caso lo cerró el entonces juez Octavio Aráoz de Lamadrid, en febrero del año pasado, en un fallo que fue confirmado por la Cámara. Hasta el momento, y aquí el hecho mas sorprendente, De Vido jamás fue indagado ni procesado, en ninguna de estas causas.