La Sindicatura General de la Nación (Sigen), es el máximo organismo de control interno de la administración pública, y su nueva modalidad, da pavor, retiró de su sitio web todos sus informes de auditoría. Se busca proteger datos personales dijeron. Para obtener hoy una copia de los informes de la Sigen, que eran de libre disponibilidad desde hace por lo menos diez años, ahora hay que solicitarla formalmente por escrito, según los parámetros del decreto 1172/2003. La herramienta fue dictada por el gobierno de Néstor Kirchner para facilitar el acceso a datos del Estado, pero contiene excepciones en las que suelen escudarse los funcionarios que no desean entregar datos. Hoy, por lo tanto la negativa del Gobierno a entregar información sobre el reparto de la publicidad oficial no es ya un suceso aislado, en los últimos meses, distintas dependencias estatales han restringido al máximo el acceso a datos fundamentales para el control de la gestión presidencial. La tendencia alcanzó al Ministerio de Economía, que dejó de publicar en Internet la actualización de la ejecución del gasto. Así ocurrió también con el reciente pedido de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Poder Ciudadano sobre la millonaria pauta oficial, que rechazó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, con el argumento de que se deben proteger los datos personales de los receptores de los avisos. Un caso que excede todos los límites es del Ministerio de Economía, que desde el 20 de diciembre pasado no actualiza en su sitio de Internet los datos de la ejecución del presupuesto nacional, información que hasta el año pasado solía renovarse casi en forma semanal. Eso permitía seguir de manera detallada la distribución de fondos por programas y entre las distintas provincias. Cuando ahora se ingresa en esa página, aparece la opción "consulta", que sólo permite enviar un e-mail a una casilla anónima.
Esa misma reticencia a informar se observa en otras áreas clave, como la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Los legisladores que integran la comisión bicameral a cargo de controlar el manejo de los fondos previsionales alertaron que la última información actualizada sobre las operaciones de la Anses data de diciembre del año pasado. Esa es la mayor caja del Estado nacional, sobre todo desde la nacionalización de los fondos previsionales, dispuesta a fines de 2008. Esos mismos dirigentes advierten que esta demora se observa en el detalle de la ejecución de las obras públicas. Por ejemplo, la última actualización del programa Fonavi (construcción de viviendas) data de septiembre del año pasado. Hay un claro retroceso en el acceso a la información pública en diferentes organismos, lo de la Sigen es gravísimo e inconcebible, ya que lo poco que se puede saber sobre auditorías de cuentas públicas está en los informes de la Sigen y la Auditoría General de la Nación (AGN). El retroceso que se observa evidencia dos cosas, que el compromiso del Gobierno con el tema no era genuino y que la falta de una ley de acceso a la información permite que los funcionarios deshagan el camino andado. Ha comenzado a enrarecerse el clima que rodea a las obligaciones del Gobierno de dar información, en agosto pasado, desde diputados se había pedido información detallada sobre el programa Fútbol para Todos, por medio del decreto 1172/2003, y al parecer sólo le habrían respondido a los diputados, en enero, con una copia del Boletín Oficial.
Los datos sobre el fútbol televisado por Canal 7 preocupan a los opositores, a raíz de la enorme cantidad de avisos de programas públicos que monopolizan la pauta publicitaria de esas transmisiones de alto rating. Como las respuestas de la Jefatura de Gabinete no son todo lo detallado que quisieran los legisladores de la oposición y como raramente se aprueban los pedidos de informes que elevan al Poder Ejecutivo, los legisladores de la oposición se ven obligados a acudir al mecanismo del decreto de acceso a la información, como cualquier ciudadano común. Pero, en muchos casos, ni siquiera este camino les garantizó éxito. Puede dar un buen testimonio de eso la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica), que debió presentar en la Justicia una acción de amparo para que se le suministrara la información que requería sobre regalías mineras.
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