Un Gobierno muy necesitado

El lanzamiento del aparentemente exitoso canje de deuda con los denominados holdouts por más de $20.000 millones no modificó de ninguna manera los hábitos de financiamiento del Gobierno, y más considerando el déficit con el que cerró el mes de marzo. Surgido de dos normas conjuntas, la 25 y 11, y la 30 y 12 firmadas por el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa y el de Finanzas, Hernán Lorenzino que disponen de una operación de financiamiento en el marco del artículo 74 de la ley 26.422 a favor del Tesoro Nacional. A través entonces de estas dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Ejecutivo se ha hecho de más de $5600 millones para hacer frente a sus gastos, léase gasto publico. En total suma $ 5656,8 millones. La primera de las resoluciones, en su artículo primero, prevé un crédito de $900.000 millones del Banco Nación al Gobierno. La devolución será en 24 cuotas mensuales y el Ejecutivo comenzará a pagarlas en noviembre de este año. La tasa que deberá pagar el oficialismo es la Badlar, una tasa variable que promedia todos los depósitos de más de un millón de pesos en el sistema financiero.

Pero el segundo artículo otorga un préstamo al Gobierno de US$156 millones, más de $606,8 millones, que será a pagar en dos años pero a una tasa fija por un crédito en dólares de 2,75% anual. Los desembolsos llegan después de que el Gobierno lanzara los créditos hipotecarios, "Casa Propia" y en medio de una falta estructural de financiamiento para privados. En tanto, la segunda resolución publicada en el Boletín Oficial autoriza al Banco Nación a prestar al Gobierno $4150 millones en diez desembolsos a partir del pasado 8 de marzo el arribo del dinero a las arcas oficiales no queda del todo claro, ya que no estaba explicitado en la primera resolución. La devolución será también en dos años, a partir de noviembre, y con un interés variable fijado también por la tasa Badlar. No es la primera vez que el Gobierno se financia con fondos de dependencias públicas. Más bien lo viene haciendo a través de la colocación de bonos en diferentes organismos como Pami, Anses, Lotería Nacional y el Banco Nación. Incluso, ya tomó utilidades y US$1100 millones del Banco Central (BCRA) a partir del decreto que creó el Fondo de Desendeudamiento firmado por la Presidenta. La operación se conoció mientras el Gobierno encaraba el proceso de reestructuración de la deuda en default con los bonistas que no entraron al canje cerrado a fines de 2005 para lograr emitir deuda barata en el mercado voluntario. Además cuando ya no puede pedir más fondos a Hugo Chávez, su principal financista en el exterior, hoy en una situación económica más delicada.

Sin embargo existen otros dos motivos por los cuales ninguna de las dos resoluciones firmadas, deberían tener validez. El gobierno continúa tomando fondos y colocando letras de todo tipo, a cualquier tasa, y a cualquier plazo de organismos oficiales desfinanciándolos. El otro problema que surge de este tipo de operatoria, tiene estrecha relación con los fondos que utiliza del Banco Nación, estos fondos son aquellos que el estado recauda y que por supuesto no le son propios ya que son coparticipables. Y aun cuando todo parece indicar que son maniobras absolutamente claras entre el gobierno y el Banco Nación, obviamente la claridad de las mismas queda opacada precisamente porque no es dinero que el gobierno pueda utilizar a su gusto. El mismo pertenece sólo a las provincias.