¿Valiente declaración de un arrepentido?

La causa se inició en 2008 impulsada por una denuncia de la denunciadora compulsiva, como la han tildado muchos integrantes del ejecutivo nacional; la diputada Elisa Carrió, quien incluyó entre los sospechosos a algunos de los políticos y empresarios con más poder en el país. Los acusó de manipular licitaciones y permitir que un selecto grupo de compañías hicieran fortunas con sobreprecios pagados por el Estado. Además de los Kirchner, Carrió acusó al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al secretario legal y técnico, Carlos Zannini. También al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y a Claudio Uberti, ex titular del Organo de Control de las Concesiones Viales (Occovi) y hombre clave para los negocios con el régimen de Hugo Chávez. En la lista de empresarios presuntamente beneficiados por el kirchnerismo Carrió incluyó a Cristóbal López (juego), Lázaro Báez (construcción) y Rudy Ulloa (medios). Hay que destacar también, la actitud del embajador Sadous, quien no dudó en declarar, sabiendo, probablemente, que sería desmentido no sólo por los funcionarios, sino por los empresarios que él mencionó como víctimas del esquema kirchnerista. El pago de coimas de alrededor del 15% a funcionarios por parte de empresarios dedicados a la venta de maquinaria agrícola para Venezuela no era desconocido, pero el testimonio brindado ante la Justicia por Eduardo Sadous, le ha dado una sólida base a la investigación a cargo del juez federal Julián Ercolini. La declaración judicial del ex embajador argentino en Venezuela no sólo ha confirmado lo que sería otro capítulo de la corrupción del kirchnerismo, en este caso, el de las coimas que se pagaban para hacer negocios con la Venezuela de Hugo Chávez, sino que también confirma las interminables denuncias de la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió. Y al mismo tiempo, pone de manifiesto el empleo de un modus operandi único del kirchnerismo en prácticamente todos los rubros, el del cohecho como única manera para seguir en el mercado.

El expediente podría convertirse en una megacausa que abarcaría distintos tipos de casos caracterizados por una pauta común y que se vio en detalle en el caso de las coimas y los sobreprecios en la ampliación de los gasoductos durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se trata del caso Skanska, que el juez federal Norberto Oyarbide mantiene paralizado pese a los numerosos indicios y pruebas documentales sobre la existencia de sobreprecios en las obras y el pago de coimas. Similar esquema es el que puede discernirse a partir de la información sobre la investigación de Ercolini, la obligatoriedad, para los empresarios, de pagar una comisión ilegal para poder exportar a un gobierno amigo del kirchnerismo. También se investiga el desvío de dinero de un fideicomiso de 90 millones de dólares para financiar ventas de productos argentinos a Venezuela. Por su parte el fiscal federal Gerardo Pollicita amplió la nómina de investigados y mencionó a 18 empresas que podrían haber sido parte de las supuestas maniobras. Entre ellas, las concesionarias Metrovías, Ferrovías y Trenes de Buenos Aires. Como puede advertirse, surge como figura central, pero no excluyente, el Ministerio de Planificación. Allí se desempeñaba Uberti, abrepuertas del comercio con Caracas y, no por casualidad, compañero de viaje del venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson en el avión privado que en 2007 llegó de Caracas con la famosa valija de los U$S800.000 secuestrados al venezolano y destinados a la campaña electoral de Cristina Kirchner. Del ministerio de De Vido dependía también el Enargas, protagonista del caso Skanska, y Ricardo Jaime, quien durante su paso como titular de la Secretaría de Transporte habría multiplicado su patrimonio y es ahora investigado en casi una veintena de expedientes. Se trata, en su mayoría, de funcionarios y ex funcionarios que, como De Vido, gozan de la máxima confianza de Néstor Kirchner y, también como De Vido, lo acompañaron en la gobernación de Santa Cruz. Fue en aquellos lejanos años aparentemente cuando se montó, a escala provincial, este sistema por el cual los empresarios que querían prosperar debían, previamente, contribuir al enriquecimiento de los funcionarios.