julio 12, 2010

Derechos Humanos

El galardón para el que se propone a la organización liderada por Estela de Carlotto, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ni más ni menos que el Premio Nobel de la Paz, motiva algo más que simples reflexiones sobre el apoyo explícito del Estado argentino y sus funcionarios a determinadas entidades que continúan manteniendo una visión sesgada respecto de la dolorosa década del 70. Buscar la identidad de los hijos de personas desaparecidas es indudablemente meritorio por su intención reparadora, por la sensibilidad del acto y, en definitiva, por el pleno ejercicio de justicia que ello lleva implícito. No obstante, algunas de las acciones que apuntan a aquel objetivo pueden chocar con libertades individuales de personas cuando las supuestas víctimas son adultas y no desean conocer su origen. Por eso es que este galardón debería ser otorgado a quien lograra cerrar con justicia, para todos los actores, las heridas del conflicto que desde hace décadas produce enfrentamientos, entre los argentinos. Existen dos casos que muestran a la perfección aquellas acciones que chocan con libertades individuales, y muestran el avasallamiento de los derechos humanos en nombre de los derechos humanos. Uno es el caso de Marcela y Felipe Noble, y otro caso controvertido, denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el de Roberto Julián Gutiérrez, un joven sindicado como nieto de Estela de Carlotto, que se enteró de que era adoptado cuando se tramitaba en un juzgado la obtención de su patrón genético; el joven sufrió un grave daño moral al enterarse de circunstancias personales que hubiera preferido conversar con sus padres y no precisamente con su falsa abuela. Si bien es verdad que para generar cambios es necesaria la voluntad política, también es cierto que si ésta se ejerce sin límites morales, como en los casos citados, todo se convierte en la expresión más cabal del autoritarismo. El defensor de los derechos humanos no puede obviar que su lucha es en favor de la libertad para todos y velar por el control de aquellos gobiernos que suelen avasallar los derechos individuales.

Así es como la lucha por los derechos humanos queda deslegitimada, cuando pasa a ser un instrumento funcional a intereses políticos, especialmente cuando se trata de gobiernos que no respetan los derechos de las víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos desde organizaciones terroristas y que bastardean la bandera de los derechos humanos para someter a quienes considera sus acérrimos enemigos. La funcionalidad esta herramienta para un gobierno que, como el argentino emplea casi permanentemente el pretexto de la defensa de los derechos humanos para intimidar, termina desacreditando a muchas organizaciones civiles que, en su momento, se habían hecho merecedoras de un bien ganado prestigio. Estela de Carlotto está metida en el mundo de la política y en él, reclamando protagonismo. La participación política debe ser bienvenida, en tanto los intereses partidarios nunca condicionen la independencia que debe mantener quien milita en una organización no gubernamental cuyo fin es el de controlar los actos y eventuales abusos de poder de las autoridades públicas. Sería positivo, para su organización y para la pacificación del país, que las integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo dejaran de querer imponer esta versión distorsionada de la verdad histórica, en la cual ha habido muchas víctimas inocentes del terrorismo de los años 70, como Rosita Caro, una niña de siete años muerta por el estallido de una bomba, por citar sólo un ejemplo. Si Estela de Carlotto aspira realmente a obtener el Premio Nobel de la Paz para su organización, debería emplear un discurso mucho más inclusivo, que comprenda una visión integral de nuestro pasado. Cualquier discurso que fomente la inequidad o la discriminación de personas que sufrieron directa o indirectamente las consecuencias de episodios aberrantes resulta calificable como impunidad por omisión. Por otra parte su simpatía hacia los gobiernos más totalitarios y antidemocráticos de nuestra región, como los de Cuba y Venezuela, sobre cuyos gravísimos y aberrantes crímenes contra opositores y disidentes nada dice, tampoco puede contribuir a crear una amplia corriente de apoyo nacional y mundial al otorgamiento del Nobel de la Paz. Todo aquel que aspire a un galardón tan trascendente debería al menos bregar por la reconciliación de sus compatriotas, algo que jamás se logra si se apoya un tratamiento desigual de la Justicia respecto de quienes estuvieron enfrentados en los años 70, y menos si se continúa permitiendo la manipulación de los derechos humanos en favor de intereses políticos.

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