Lo que viene

La oposición se propone en el congreso, recuperar una atribución perdida. A partir del 24 del mes próximo, día en el que caducarán todas las facultades que el mismo congreso delegó en el Poder Ejecutivo antes de 1994, entre ellas, la de fijar derechos de importación y exportación al agro contenidos en la ley de Código Aduanero. Al vencer esas facultades, éstas retornan automáticamente al congreso. Los jefes de los principales bloques opositores de la Cámara de Diputados decidieron que le arrancarán al Poder Ejecutivo la facultad para fijar estos derechos para que recaigan nuevamente en el Parlamento. Así es como las retenciones agropecuarias amenazan con desatar otra feroz batalla entre el oficialismo y la oposición en el Congreso. Lo que la oposición decidió es no prorrogárselas al Poder Ejecutivo como se vino haciendo desde hace una década y retener para los legisladores la atribución de fijar los aranceles agropecuarios. El resto de la legislación delegada tampoco será prorrogada de manera automática, algo que avivara aún más el enfrentamiento con el oficialismo. Sucede que, dentro de ese paquete, hay leyes que contienen delegaciones cruciales para garantizar el funcionamiento de la administración pública. Se analizaran una por una cada delegación legislativa, para fijarle bases y plazos, tal como indica el artículo 76 de la Constitución. Esto significa que la gestión del Gobierno quedará atada a lo que decida el Congreso. La ofensiva opositora se selló, durante una comida que compartieron los jefes de bloque Oscar Aguad (UCR), Felipe Solá (PJ Federal), Elisa Carrió (Coalición Cívica), Federico Pinedo (Pro), Mónica Fein (Partido Socialista), junto a la diputada Virginia Linares (GEN) y los miembros de la Comisión de Agricultura.

Allí también se convino avanzar en un nuevo esquema de aranceles agropecuarios. Se Impulsara un proyecto para el sector productivo, que permita no desfinanciar al Estado. Sin embargo, es casi imposible que se puedan fijar todas las alícuotas ya que hay un conjunto de cuestiones que hacen a variables de corto plazo, que se modifican permanentemente y por otra parte son miles los productos que hay que considerar. Los derechos de importación y exportación constituyen una herramienta de política fiscal y económica, por lo tanto resultaría serio que esa facultad la asumiera el Congreso. El oficialismo acusa a la oposición de irresponsable, porque el Congreso no tiene según su modo de ver las cosas la aptitud técnica para asumir esta cantidad de delegaciones. Su opinión es que esta ofensiva será más negativa que positiva el sentido común indica que la gestión requiere un uso dinámico de la legislación para funcionar, y los tiempos del Congreso son muy distintos. Y desde la oposición entienden que la idea no es asumir todas las delegaciones legislativas, pero sí sentarse a trabajar con el oficialismo para definir cuál debe ser prorrogada y cuál no para actuar conforme a la Constitución. El paquete de normas incluye leyes de enorme importancia para la gestión de hecho, allí constan delegaciones en materia de administración pública, moneda nacional, deuda, organismos y acuerdos internacionales, promoción industrial, política económica, minería, obras y servicios públicos, como también leyes de materia tributaria y contributiva. En el dictamen opositor se dispone que esas leyes no se prorrogarán automáticamente, le propone al Gobierno que defina cuáles cree "imprescindibles" para su gestión. El oficialismo aún no envió al Parlamento un proyecto de ley para pedir una prórroga. Por un lado, habrá que ver si lo hace, y luego, si lo hace, ver como se plantea esta nueva batalla que se viene.