Superpoderes

Todo comenzó algunos años atrás, utilizando en un principio esta herramienta como última opción en un contexto de país en el cual era necesario. Sin embargo, como muchas cosas en Argentina la utilización de los superpoderes terminó desvirtuándose y pasando de ser una herramienta de uso extraordinario, a una de uso cotidiano. Hoy el gobierno nacional hace abuso, y reparte a través de esta atribución del jefe de gabinete, discrecionalmente fondos para cualquier uso. Entonces la oposición en la Cámara de Diputados comenzó a procurar dar media sanción al proyecto de ley para impedir que el Gobierno continúe haciendo uso de los llamados "superpoderes presupuestarios", herramienta como decíamos que le permite reasignar partidas del presupuesto nacional a su discreción, sin control del Congreso. Como era de esperar el oficialismo inmediatamente anticipó que no daría quórum para discutir este tema, lo que significaba que toda la responsabilidad de la sesión, entonces, recaería sobre la oposición. Si los opositores reunían la mayoría para comenzar el debate, los diputados kirchneristas tendrían que bajar al recinto con su propio proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado, y en él proponían acotar las facultades de las que hoy goza el jefe de Gabinete al limitar la reasignación de partidas al 5 por ciento del total de los recursos presupuestarios. La oposición como corresponde lo rechazó de plano y en su proyecto propuso la eliminación lisa y llana de los superpoderes. Ahora bien, difícilmente el proyecto del oficialismo podía tener éxito, por cuanto es minoría en el recinto.

Sin embargo, el mismo había reunido más firmas en la Comisión de Presupuesto porque la oposición se dividió en dos dictámenes, el que suscribieron la UCR, el PJ Federal, la Coalición Cívica, Pro, el bloque Peronista, por un lado, y la centroizquierda, liderada por Proyecto Sur, por el otro. El primero de los dictámenes de la oposición tiene tres puntos clave; uno, revocar los superpoderes y volver al artículo 37 de la ley de administración financiera. De esta manera, cualquier reasignación presupuestaria, para ser efectiva, debe ser aprobada antes por una ley del Congreso. Esta limitación también abarca los recursos excedentes de la recaudación tributaria, es decir, los fondos que el Gobierno deliberadamente subestimó y no incluyó en los sucesivos presupuestos. Constituyen el grueso de la caja kirchnerista, de 2003 a 2009, los fondos extrapresupuestarios que alcanzaron los 103.362 millones de pesos, y que el Gobierno distribuyó a su arbitrio por medio de decretos de necesidad y urgencia. Como tercer punto, el dictamen restablece el artículo 15 de la ley de responsabilidad fiscal, que fija que el Poder Ejecutivo y los gobiernos provinciales sólo podrán aprobar mayores gastos siempre que estuviera asegurado un financiamiento destinado a su atención. Además, prohíbe incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras. El dictamen de Proyecto Sur, elaborado por el diputado Claudio Lozano, acota también el uso de los superpoderes, pero con una mayor flexibilidad que el proyecto opositor. Y prohíbe, de manera taxativa, el uso de DNU para reasignar fondos extrapresupuestarios, sean estos recursos tributarios, reservas del Banco Central o créditos. Al principio, referentes de ambos sectores de la oposición no descartaban acordar un dictamen único, y coincidían en que ya existía buena predisposición. Así comenzó todo.