agosto 25, 2010

La clase dirigente Argentina

Cristina Kirchner se disponía a realizar una serie de anuncios, entre los que se encontraba una rebaja y eliminación de retenciones a las exportaciones de algunos productos agropecuarios, y lo haría mediante el instrumento de las compensaciones, resistido por casi todo el sector rural incluidos los productores pequeños y medianos a los que se destinarían las compensaciones, pero ni ellos ya se dejan seducir por este sistema de compensaciones que nunca se pagaron, como aquellas que se anunciaron para el trigo, entre otras, el año pasado. La otra parte del plan consistía en el anuncio de un aumento de todas las jubilaciones del 16,9%. Con estos anuncios, la Presidenta procuraba terminar el reclamo del campo, y restarle fuerza al reclamo de los jubilados, y también quitarle racionalidad a la ofensiva opositora. Todo estaba dirigido a anticiparse a la oposición y a desactivar su proyecto de ley que fijaría el 82% móvil para las jubilaciones mínimas y actualizaría todas las escalas jubilatorias. Hoy, si definitivamente se convirtiera en ley, en Senadores, la Anses debería elevar el gasto previsional en $30.000 millones de anuales. El objetivo de la Casa Rosada es debilitar la embestida de la oposición respecto de la disminución en las retenciones, ya que esto significaría una caída de ingresos fiscales, actualmente el Gobierno recauda por retenciones $33.000 millones promedio, por año. El análisis de esas medidas sólo fue en parte una estrategia oficial para frenar a la oposición y mantener el manejo de la caja del Tesoro Nacional. Desde la óptica del Gobierno, todo se trata de una batalla por los ingresos y los egresos, mediante la que se busca desfinanciar al Estado. La estrategia oficial era originalmente la de ganar tiempo usando todas su capacidad en el Senado para bloquear o dilatar leyes y que la oposición denuncie coimas y debata la estructura de ingresos y gastos en el presupuesto. Si esto fracasaba, el último recurso, será el veto de la Presidenta a la suba de jubilaciones y a la baja de retenciones.

El control de caja será clave para Kirchner hasta las elecciones presidenciales de 2011, en las que pretende regresar al poder, planea acelerar un plan de obras públicas; aumentar aún más las jubilaciones, los salarios y los planes sociales. Pero más cerca de las elecciones. El gobierno de Cristina Kirchner se preocupaba por el avance de la oposición en la sanción de proyectos de ley como el aumento de las jubilaciones y la reducción de retenciones. La Presidenta había señalado que le causaba fastidio que quienes provocaron una de las crisis más formidables del país se nieguen a instrumentar las medidas para solucionar los problemas que ellos provocaron, inclusive dijo que nunca, ni siquiera durante el gobierno de Néstor Kirchner, había visto una oposición tan virulenta, que quisiera dejar sin recursos al Estado. Pero el temor a que logren "desfinanciar" al Estado, como denunció la Casa Rosada, se disipó. Operadores del oficialismo aseguran que en el Senado "morirán todos esos proyectos" ¿Por qué?, porque parece que ahora la Casa Rosada considera que, según cada proyecto, podría operar sobre una decena de senadores ajenos, y dicen haber recibido señales de que ciertos sectores de la UCR y del peronismo disidente amagan con avanzar en esos proyectos en su discurso público, pero que no irán a fondo porque en 2011 podrían acceder al poder y creen que entonces se encontrarían con problemas de caja. Sin ir más lejos, en el conteo para diversas iniciativas, el Gobierno negoció y negociará votos, abstenciones o ausentismos con una gama de senadores peronistas no kirchneristas, Carlos Menem (La Rioja), Roxana Latorre (Santa Fe), Luis Viana (Misiones), Graciela Di Perna (Chubut), y Carlos Verna y María Igonet (La Pampa). Otros opositores, más o menos confiables para el Gobierno, son Samuel Cabanchik (Capital, ex Coalición Cívica), Josefina Meabe (Corrientes), María Rosa Díaz y José Carlos Martínez (ARI-Tierra del Fuego), y Horacio Lores (MPN- Neuquén). El Gobierno se entusiasma, además, para ciertas leyes con la colaboración voluntaria o no del jefe del bloque de la UCR, Gerardo Morales, y del presidente del radicalismo, Ernesto Sanz, como ocurrió en la aprobación del casamiento gay.

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