La oposición no se inmutó, sin perder tiempo, impuso su mayoría y aprobó el dictamen para normalizar el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con el propósito de poner fin a tres años de intervención del Gobierno. Más allá de la manipulación y el falseamiento de los instrumentos de medición oficial, enumerar con precisión cuántas víctimas dejó a su paso la intervención del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en el organismo se volvió una tarea sumamente confusa. Todos los números son turbios en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), entre desplazados, obligados a renunciar y despedidos directa o indirectamente hay más de 180 personas. El desmantelamiento fue tan violento como el rearmado de la estructura, y desde que comenzó la intervención, hace más de tres años, ingresaron en el Indec más de 600 personas, entre ellas quienes forman parte de la denominada "patota" de Moreno y, al menos, dos barrabravas del Club Nueva Chicago. El proyecto le podría infligir un duro golpe al Gobierno, ya que, de convertirse en ley, el Indec será un organismo autónomo e independiente del Poder Ejecutivo. La idea básicamente consiste en el cese automático de la intervención designar un director provisional por 90 días, y en reincorporar al personal despedido por la intervención siempre que fuere por causas sin justificación.
El proyecto, que tomó como base una iniciativa del ex diputado del PRO Luis Galvalisi, plantea que el nuevo organismo sea considerado una persona jurídica de derecho público independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera del Gobierno nacional. También establece que la administración y conducción del instituto quede a cargo de un directorio integrado por cinco miembros, los que permanecerán cinco años en sus funciones y podrán ser reelectos por un nuevo período, previo al concurso público. La elección de los directivos deberá contar con el aval del Congreso, donde además se creará una Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Sistema Estadístico Nacional, que estará integrada por cinco senadores y cinco diputados. El oficialismo no se quedará quieto y advirtió que impugnará el dictamen opositor. Por varias razones, primero, porque la oposición impuso el dictamen en la Comisión de Comercio antes de discutir la presidencia de este cuerpo, que había quedado vacante y le correspondía al kirchnerismo, y segundo, porque no se abrió el debate, ya que los opositores se presentaron en la comisión con su dictamen ya cerrado. El líder de la bancada de la UCR aludió a la posibilidad de que, si la Cámara de Diputados lo aprueba y se convierta en ley, el proyecto sea vetado por Cristina Kirchner. Luego de más de cuatro horas de debate lograron aprobar el proyecto de reforma con 39 votos positivos contra 26 negativos. Le dieron así media sanción a la iniciativa que busca normalizar y darle autonomía al organismo. El proyecto también establece un cronograma de 150 días para la "normalización" del instituto y convoca a los trabajadores que hayan sido desplazados de su cargo entre el 31 de diciembre de 2006 y la fecha de promulgación de la ley, a fin de considerar su reincorporación.
Luego aparecieron grietas en el oficialismo, ya que se sumó a la oposición el voto del misionero Luis Viana y la única abstención fue del chubutense Marcelo Guinle, enfrentado en su provincia al gobernador Mario Das Neves. Así se concretó la mayor derrota kirchnerista en un debate del Senado. Tampoco estuvieron en el recinto Carlos Menem, el presidente provisional José Pampuro y el chaqueño Favio Biancalari. Es un proyecto responsable que repone calidad institucional, que le devuelve al país el índice de costo de vida, entre otros, como parámetro para las discusiones salariales. Sería importante que el Gobierno reflexione sobre este tema para poder recuperar confianza hacia adentro y hacia fuera. Por otra parte estos datos toman otro color si se encuadran en el Censo de Población 2010 que se realizará a fines de octubre de este año. Esa información, que costará más de $300 millones y moverá a 600.000 encuestadores por todo el país, servirá para armar la radiografía de la Argentina de los próximos diez años.
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