Abuso sin límites

La primera fue una denuncia por la contratación irregular en la compra de resmas de papel y artefactos de iluminación por unos $2.500.500. No contento con la denuncia mencionada, por cierto bastante poco posible de explicar, el ministro de Economía, Amado Boudou, ha sumado una nueva causa judicial en su contra junto el actual gerente general del Banco Central, Benigno Vélez, y otros funcionarios, que fueron denunciados penalmente por la compra de automóviles en forma directa, esto es, sin llamar a una licitación pública, como debe hacerse en cualquiera de los dos casos. No se trata de comprar, un vehículo para uso personal o en el primer caso comprar artefactos de iluminación y papel para la impresora de su casa, y menos considerando semejante cifra. El juez federal Sergio Torres libró tres órdenes de allanamientos para el Ministerio de Economía, la concesionaria Guido Guidi y la automotriz Ford, en el marco de la causa donde se investigan las irregularidades en la compra de 19 coches de alta gama, en diciembre de 2009. En la denuncia se deja constancia de la compra a través de de la resolución 347 firmada por el entonces secretario Legal y Técnico de la cartera de Hacienda, Benigno Vélez, por $2.301.227 millones, operación que se cerró en $2.131.400 para satisfacer necesidades operativas.

Los autos adquiridos fueron tres Volkswagen Passat, tres Vento y 13 Bora, de las líneas Trendline, Advance y Exclusive. Para cualquier tipo de adquisiciones por montos superiores a los $300.000 se debe llamar a licitación pública que, en estas ocasiónes, fueron evitadas. Boudou decidió saltear esa regla para los autos y llevó adelante la compra luego de que la concesionaria Guido Guidi hiciera una subasta privada de los autos buscados. El fiscal que intervino en la causa, Federico Delgado, cuando impulsó la investigación e imputó al ministro y a Vélez, pidió que funcionarios de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) establezcan si se justificaban las razones de urgencia por las que no se efectuó una licitación pública y, además, si el valor de los autos se ajustaba al precio de mercado. En principio, los autos iban a ser para los ministerios de Economía, Planificación, Industria y Agricultura. La SIGEN no estaba contemplada entre los que iban a recibir los autos. Pero días después de haber intervenido por orden de la fiscalía, y a pedido del Ministerio de Economía en el trámite de la compra, uno de esos autos fue a parar a manos de quien encabeza la SIGEN, Daniel Reposo, en una maniobra más que clara.

Esto es, una vez que la SIGEN brindó los precios testigo para que se hiciera la compra, uno de los flamantes y lujosos autos pasó a formar parte de uno de los organismos que debe controlar la transparencia del Ejecutivo. Reposo pidió a Economía un auto en comodato. La Sindicatura había pedido el auto debido a la imposibilidad de cubrir con el único automóvil utilitario de propiedad de la SIGEN la totalidad de las necesidades que actualmente demanda el desempeño de funciones de este organismo. El ministro de economía le dio entonces en comodato a la SIGEN un auto de lujo, un VW Passat 2.0 FSI Exclusive Tiptronic. Por supuesto desde el ministerio debieron aclarar, que ese auto ya había sido devuelto por la SIGEN. El juez señaló la incoherencia de que el Ministerio de Economía haya alegado motivos de urgencia para la compra directa de los vehículos, doce de los cuales se entregaron al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a cargo de Julián Domínguez para ser usados por funcionarios de dicho Ministerio. Mientras jubilados, docentes y trabajadores en general sufren cotidianas carencias, el despilfarro de dinero del patrimonio nacional parece no tener límites, y el juez señalo que de corroborarse la evidencia presentada en las dos causas, estamos frente a la figura penal de asociación ilícita, y malversación de fondos públicos, en la cartera de Hacienda.