Una sola palabra, indignante

Punta Delgado, Río Negro, allí se encuentra emplazada Alcalis, la misma se presenta como la única planta productora de carbonato de sodio de América del Sur. Comenzó a producir en 2005, sumida en deudas y un año después, ingresó al universo de empresas del grupo Indalo. El frío no sólo ha provocado cortes de gas, ahora también genera demandas multimillonarias contra el Estado por las pérdidas causadas. Y lo curioso de esta historia es que la primera no la presentó una liga de consumidores o un empresario crítico del Gobierno, no, la radicó nada más y nada menos que el magnate patagónico del juego y del petróleo Cristóbal López. Es decir, a las ventajas empresarias que tiene por su llegada directa a la Casa Rosada, el zar del juego y nuevo operador fuerte del negocio petrolero Cristóbal López ha sumado otro raro beneficio otorgado por la Justicia. Cristóbal López se convirtió en el primer gran empresario que demanda al Gobierno nacional por la crisis energética y por otra parte lo demandara en relación con el incidente de la turbina, que provocó que se rompieran todos los sistemas del control de la planta, por ello planean otra demanda más grande que llegaría a los $100 millones. Alcalis de la Patagonia, la principal productora de carbonato de sodio de América del Sur, que forma parte de su holding empresario, está transitoriamente exenta de pagar los dos últimos aumentos tarifarios de gas que dispuso el Gobierno para el repago de obras y la importación de combustible.

Alcalis de la Patagonia SAIC c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios por corte de suministro de gas. Año 2007, es el resumen de su ofensiva, según consta en el balance contable 2009 de la compañía. El monto reclamado, $43,5 millones, una suma que podría crecer de manera exponencial en cuestión de meses. Por una medida cautelar, la compañía que controla López dejó de pagar el cargo tarifario correspondiente al Fideicomiso II que el ministro de Planificación, Julio De Vido impuso a todas las industrias para la ampliar los gasoductos. En tanto, otro amparo le permite no abonar el cargo adicional que creó el Gobierno para cubrir las importaciones de gas natural de Bolivia y de GNL por barco. El balance detalla que el empresario inició su reclamo en 2008, con el expediente administrativo 326499/2008. Solicitó una indemnización por daños y perjuicios provocados en la maquinaria y lucro cesante. Pero no le fue bien. No nos dieron ni bola, resumió uno de sus colaboradores. Quizá porque para el gobierno de Cristina Kirchner no hay una "crisis energética", algo que desmiente de manera tajante. La falta de respuesta oficial entonces, llevó a López y sus colaboradores a abrir varias sendas. Por un lado, mantienen el reclamo administrativo. Pero también acudieron a la Justicia con al menos tres amparos, contra el Estado y la distribuidora Camuzzi.

En su primer amparo ante la jueza federal de Viedma, Mirta Filipuzzi, López pidió una medida cautelar para impedir que Camuzzi redujera el suministro por debajo de los 220.000 metros cúbicos diarios a la planta, a lo cual hizo lugar el juez con una medida cautelar. Para eso, se apoyó en un peritaje que fijó en esa cifra el volumen mínimo técnico para mantener operativa la maquinaria. En su segundo amparo, Alcalis reclamó por $850.000 mensuales, desde enero de 2007 a la fecha. La Justicia también le otorgó una medida cautelar. Esta vez, les ordenó a Camuzzi, al Ministerio de Planificación Federal, que dirige Julio De Vido, y al Fideicomiso II que se abstuvieran de perseguir el cobro del cargo adicional que se impone a todas las industrias para las obras de ampliación de Transporte Gas del Sur, por confiscatorio. En su tercer amparo, López fue más lejos. Pidió que Alcalis quedara exenta del cargo autorizado por De Vido mediante otro fondo fiduciario para cubrir las importaciones de gas natural. Esta vez, estimó el monto en $600.000 más IVA por mes. Y así llegó a su tercera medida cautelar. Mientras siguen de cerca el avance de las causas iniciadas contra el Estado, los ejecutivos de Cristóbal López no descartan la presentación de nuevas demandas por las restricciones de gas que afrontaron en 2009 y en lo que va de este año.