Facultades delegadas

No iba a ser un día más para el Congreso el 24 de agosto pasado, para muchos legisladores a partir de este vencimiento se abriría un vacío legal sobre la validez de las normas tomadas por el Ejecutivo con el uso de dichas facultades. Pero para muchos otros, en cambio, sería un día más, en el que nada cambiaría, y hasta ahora no se han equivocado. Vencieron finalmente las famosas facultades delegadas, y tal como su nombre lo indica, son leyes, más de mil que delegan potestades al Poder Ejecutivo. A partir de ahora el Poder Ejecutivo, cuando puede erigirse en legislador sin serlo, deberá ir al Parlamento. Por más que el Gobierno, o cualquier analista se dedique a decir lo que piensa, la realidad es que la Constitución de 1994 estableció restricciones en torno a la delegación de facultades y a las potestades legislativas del Ejecutivo. Desde 1999, se fueron prorrogando en bloque todas las leyes que tenían facultades delegadas en el Ejecutivo. Ahora, aquellas leyes que delegaban en el Poder Ejecutivo actividades que le son propias al Poder Legislativo ya no tienen más delegación. La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Graciela Camaño, fue la encargada de confirmar la caducidad de las Facultades y anunció que, ahora, el Gobierno deberá acudir al Parlamento para avanzar en materia legislativa. Aún es incierto el accionar del Congreso, los referentes de los bloques opositores en la materia se han reunido para analizar las alternativas. Si bien sin prórroga las facultades vuelven automáticamente al Poder Legislativo, algunos sectores de la oposición están pensando en impulsar un proyecto de ley que ratifique expresamente la caducidad de las leyes delegantes.

Además una parte del grupo de asesores de los diputados opositores comenzó a estudiar 434 leyes. De todas ellas, seleccionaron 34 que resaltaron como relevantes.
Aún no se logró consenso en el Congreso. Graciela Camaño, plantea que debe estudiarse cada ley en particular, para ver cómo actualizarlas. Otros, como el GEN, consideran que hay algunas que deben ser prorrogadas por ser cruciales para la gestión, mientras el Congreso se toma un año para analizarlas. Entre los juristas aún no hay un criterio único en torno a lo que podría suceder. Por ejemplo, en relación a las retenciones, para los abogados constitucionalistas, caduca la delegación, pero no las decisiones tomadas con las facultades, porque son derechos adquiridos. Y si la oposición quiere modificar algo tiene que hacer una ley nueva. En cambio, para algunos otros juristas, junto a las facultades delegadas van a caer las decisiones tomadas por el Gobierno. Es decir, que sin nuevas leyes podrían desmoronarse, por ejemplo, las retenciones. El jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi explico que el Gobierno mandará un proyecto de ley cada vez que sea necesario. En caso de que la oposición no quiera otorgarle ciertas facultades, tendrá que ser el Parlamento el que se reúna rápidamente para resolver la cuestión sensible. Las lentitudes, lo engorroso del trámite administrativo, los perjuicios que pudieran existir serán responsabilidad del Congreso. Además, reconoció que esperarán a ver posibles soluciones por parte de los partidos opositores.