septiembre 15, 2010

El caso Echegaray

Ricardo Echegaray presidió la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), entre abril y diciembre de 2008 y después se hizo cargo de la AFIP, desde ese mes hasta octubre de 2009, la Oncca estuvo dirigida por un hombre de máxima confianza de Echegaray, Emilio Eyras, que renunció cuando estalló el caso de las compensaciones irregulares. Hoy jaqueado tanto por la oposición como por la justicia, involucrado en una causa más, en su contra el titular de la administración federal de ingresos públicos debería ser la próxima cabeza que ruede, así como lo han hecho la de la ex ministra economía, la ex ministra de salud, el ex secretario de transporte, el ex Presidente del banco central, y tantos otros funcionarios corruptos de la administración Kirchner. La investigación judicial y parlamentaria involucra al propio Echegaray, a través de la empresa Hacienda Argentina, que habría cobrado $1.200.000 en compensaciones. Recientemente, la Oficina Anticorrupción confirmó en un informe la relación existente entre esta empresa y la esposa de Echegaray, Silvina Oviedo. Diputados entonces de los cinco principales bloques opositores del Congreso le enviaron una carta documento a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que eche de una vez por todas al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, imputado por serias irregularidades en el otorgamiento de subsidios a feed lots durante su paso por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).

En la misiva que lleva la firma de Juan Carlos Morán (Coalición Cívica), Christian Gibaudo (PRO), Enrique Thomas (peronismo federal), Virginia Linares (GEN) y Carlos Ulrich (UCR), los legisladores, en representación de sus bloques, instan a que la Presidenta le pida la renuncia a Echagaray y en caso de que éste se niegue a hacerlo, ponga en funcionamiento el mecanismo establecido en el Decreto y requiera de inmediato la remoción del imputado, conforme lo establece el artículo 7 del decreto 1399/01, que crea una comisión a tales fines. Constituirá justa causa de remoción el mal desempeño en el cargo, que deberá ser resuelta previo dictámen de una comisión integrada por el Procurador del Tesoro de la Nación, que la presidirá, el Secretario Legal y Técnico de la PRESIDENCIA DE LA NACION y el Síndico General de la Nación, reza el artículo. Es decir, hoy el futuro y la suerte de Echegaray, en ese sentido, quedaría librado al análisis que hagan el procurador Joaquín Da Rocha, el secretario Carlos Zannini y el síndico Daniel Reposo. Lo más probable, será que considerando quienes deben integrar la comisión para remover al funcionario nada suceda. De todos modos la última palabra la tendrá sin duda, la justicia.

Existe una preocupación al respecto, y por consiguiente un reclamo de los legisladores. Este tiene que ver con el hecho de que la causa judicial, que se lleva adelante en el Juzgado Federal N° 2, requiere para avanzar de la colaboración de la AFIP. Se han pedido informes a la AFIP sobre la situación patrimonial de Ricardo Echegaray y otros ex funcionarios estrechamente vinculados con él, por lo que se genera una incompatibilidad manifiesta, ya que estando Echegaray a cargo la información jamás llegara a manos del juez. Otra razón para pedir la salida de Echegaray es que se recibieron denuncias desde dentro de la ONCCA, respecto de la desaparición de pruebas relacionadas con la investigación de las oficinas del organismo. El expediente original del feedlot Hacienda Argentina habría desaparecido, y se teme que sigan perdiéndose pruebas. Por otra parte, los diputados ampliaron la denuncia judicial que investiga al organismo. En este marco, los querellantes pidieron que se indague la posible participación de Fernando Villaverde, Oscar Piovanni, Bernardo Calcagno y Marcelo Utge (funcionarios de la Oncca), de Delfina Muñoz (madre de Piovanni), el abogado Héctor Calabrese y el contador Claudio Tayar en la creación de sociedades fantasma para cobrar subsidios de la Oncca. Casualmente también, Emilio Eyras ex titular de la Oncca está imputado en la causa judicial.

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