El juez federal

Tal y como reza el dicho del saber popular, “El que mucho abarca, poco aprieta”, y esto es en parte lo que sucede con el juez federal Norberto Oyarbide. Nótese que digo: “en parte” ya que este particular personaje de la justicia Argentina tiene su cargo varias causas de singular relevancia y muchas de las cuales se encuentran relacionadas directamente con la vida política nacional. El magistrado quien con excusas ridículas, e inadmisibles trata de evadir y esconder no sólo su ineptitud sino que también, una realidad aun más complicada; su subordinación al poder político. Sus reclamos o excusas son de hace meses atrás, es decir las demoras que vienen dándose en todas las causas que tiene a su cargo, no son producto de lo expuesto anteriormente sino que, todo tiene que ver según parece, con los problemas sin solución que sufre el juzgado a su cargo. Por ejemplo, ha pedido que le den más espacio, pero no se lo dieron, y sus empleados no tienen dónde apoyar los expedientes. Aparentemente también de vez en cuando tiene que convocar a un médico para atenderlos por el polvo y las alergias que provoca tanta acumulación de cajas y documentos. Sin duda entonces, el magistrado no es culpable y menos merecedor de sanción alguna, es decir si consideramos los reclamos realizados y olvidamos la realidad que implica estar subordinado al poder del matrimonio presidencial.

Entre otras, el juez federal Norberto Oyarbide, está a cargo de la causa por la mafia de los medicamentos, y acaba de conseguir un nuevo llamado de atención de parte de la Cámara Federal que le reclamó avanzar en indagatorias a funcionarios públicos para determinar, también, las responsabilidades que le caben en esta investigación. Al excarcelar a Gabriel Brito, un empresario vinculado a las droguerías que aportó 310.000 pesos a la campaña electoral de Cristina Kirchner en 2007, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah le recordaron a Oyarbide, con énfasis, que ya el 14 de abril último le habían advertido que investigara al ex superintendente de Salud Héctor Capacciolli, recaudador de esa campaña, junto con Sebastián Gramajo y Hernán Diez, recolectores de fondos y funcionarios; el primero en la Anses y el segundo como director de la Lotería Nacional. En su escrito, los camaristas son lapidarios, sostienen que es poco es lo que se ha avanzado en la causa y buscan imprimir a la investigación un impulso compatible con su finalidad. En este marco, instan al magistrado a profundizar los vínculos entre Capacciolli y Lorenzo pero también de Diez y Enrique Dratman, esposo de la diputada Diana Conti y hombre vinculado al negocio de la salud. De modo que para ellos es imperioso escuchar a los responsables de las áreas públicas encargadas de la adquisición de los productos y la obtención de elementos que permitan analizar la forma en que se ejecutó el presupuesto destinado a los reintegros en el Ministerio de Salud, apuntan los jueces.

Sus jefes ya habían señalado al magistrado que profundizara el aspecto financiero de esta causa, que en la convicción de los camaristas se trata de un caso de fraude económico, donde colateralmente se puso en juego la salud pública. Por eso le mandaron a Oyarbide investigar a las cooperativas de crédito donde se cambiaban cheques, supuestamente producto de los manejos ilícitos. Particularmente los manejos financieros del empresario detenido Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier. En especial, señalaron los jueces, la necesidad de hacer un estudio para determinar el volumen diario de operaciones de la Cooperativa Vernet, el listado de las operaciones de crédito de San Javier y el destino de los fondos. Los camaristas saben que el caso es complicado y voluminoso, pero le dijeron al juez que esto no puede convertirse en un salvoconducto automático para evitar que avance. Oyarbide sabe que está en la mira de sus superiores. Además, la otra sala de la Cámara Federal, integrada por Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, también lo había apurado para que avanzara con el caso Skanska (referido a las coimas en el Senado), y hace unos meses recibió otra advertencia de la Cámara Federal por sus inadecuadas declaraciones públicas. Es importante finalmente entender que no importa cuánto quieran apurar al juez Oyarbide, nadie logrará que las causas a su cargo avancen más allá de lo que sus verdaderos jefes, Néstor y Cristina le ordenen.