Héctor Capaccioli, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSS) y recaudador de la campaña presidencial de Cristina Fernández, ha declarado como imputado en la causa por la ya famosa "mafia de los medicamentos", donde rechazó los cargos que se le imputan y aseguró ante la Justicia que en 2007 el Frente para la Victoria recibió todos los aportes conforme a la ley. El ex recaudador Kirchnerista admitió en su declaración haber integrado la junta promotora del Frente para la Victoria junto con otras siete personas, y que la junta depósito los fondos recaudados en la cuenta abierta a tal efecto, así como emitió las órdenes de pago correspondientes. Según su declaración hubieron muchos aportantes que querían participar colaborando pero siempre conforme a la ley electoral, así como también explico que ningún aporte de los que él recibió y luego derivo a los responsables político y económico del Frente se había efectuado sin cumplir los requisitos de la ley. Esto quiere decir entonces, según Capaccioli, que todos los depósitos que han pasado por su persona fueron bancarizados. Capaccioli, de 52 años, dijo que su ocupación es la de "operador de radio", actividad a partir de la cual se convirtió en dirigente sindical del gremio de ese rubro.
El ex funcionario se encuentra imputado por fraude al Estado en el pago a obras sociales de tratamientos médicos complejos que no se realizaban, a través de la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud, en la época en que él dirigía la SSS entre enero de 2006 y noviembre de 2008. Respecto de estos cargos intentó tomar distancia y aseguro que no tuvo injerencia directa ni indirecta sobre los subsidios y reintegros otorgados por la APE a los agentes de seguros de salud, y alego en su favor que en las auditorías realizadas sobre los ejercicios 2006y 2007 había convocado a audiencia pública, pero respecto del ejercicio 2008 no pudo realizar la audiencia pública por haber renunciado antes de finalizar dicho periodo. También se defendió manifestando que él no aprobó el fideicomiso mencionado en la imputación, y que mucho menos pude haberlo controlado ya que al momento de haberse aceptado su renuncia el plan de crisis elaborado por la obra social bancaria, estaba a consideración del Ministerio de Salud. El ex secretario negó también haber formado parte de ninguna asociación ilícita con el propósito de defraudar a la obra social bancaria. Pero para refrescar su mala memoria, el juez Oyarbide citó a declaración a los también ex recaudadores de campaña Hernán Diez (director de Lotería Nacional) y Sebastián Gramajo (ex legislador), para el 19 y 21 de octubre respectivamente, y al ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Claudio Zin, para el 26 de octubre.
Y a todo esto se sumaron aquellos que ya declararon como acusados, es decir, la jefa administrativa del Policlínico Bancario (POBA), Ana Kapfer; el encargado de la entrega y recepción de medicamentos, Carlos Bonano, y el titular de la farmacia del POBA, Sabrina Alegrito. En la causa ya se estableció que droguerías y empresas farmacéuticas fueron aportantes a la campaña presidencial de 2007 de Cristina Kirchner, entre ellas la droguería San Javier, del detenido Néstor Lorenzo, y la que pertenecía a Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez. Por la llamada "mafia de los medicamentos" ya están presos y procesados el ex líder del gremio bancario, y ex dueño literalmente durante algo más de tres décadas de obra social bancaria, Juan José Zanola, su mujer y ex secretaria administrativa del POBA, Paula Aballay, la ex subdirectora de esa entidad, Susana Fiona, y Néstor Lorenzo. Todos están procesados como integrantes de una asociación dedicada a la comercialización de remedios oncológicos y para el HIV apócrifos o adulterados que se les suministraban a los pacientes de bancarios, varios de los cuales han fallecido. Por otra parte, algunas de las declaraciones de los ya detenidos, echan por tierra los dichos del ex funcionario Kirchnerista.
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